En criterio del internacionalista Carlos Salgar, profesor de la Facultad de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado “a la luz del derecho internacional, un decreto interno no tiene validez. Esa norma no se puede oponer a la sentencia de la CIJ”.
Con esa intención, opinó García, el presidente busca reivindicar por la vía política la posibilidad de que se renegocie la propiedad de Colombia sobre el conjunto de islas, la cual se contempla en la “vieja jurisprudencia” que no reconoció la CIJ. “Al no reconocer el enclavamiento de los islotes, Colombia desconoce el fallo sin decir que lo desconoce”, señaló.
Por su lado, Bernardo Vela, profesor de la Facultad de Relaciones Internacional de la Universidad Externado aseguró que el decreto que menciona el mandatario “es unilateral, y por esa razón, es un asunto complicado”.
Los alcances de la anunciada “carta de protesta”
“Junto con otros países vecinos de Nicaragua, que también están siendo afectados por sus ambiciones expansionistas, como son Panamá, Costa Rica y Jamaica, suscribiremos una carta de protesta que entregaré este mismo mes, personalmente, al secretario general de Naciones Unidas (ONU) en Nueva York”, anunció el presidente Santos.
Al respecto, el politólogo Ricardo García advirtió que una de las debilidades de la sentencia de la CIJ es que “la resolución del ligitio entre Colombia y Nicaragua terminó por afectar indirectamente a Honduras, Costa Rica y Jamaica”. En ese sentido, aclaró que Santos “aprovechó la falla del fallo para presionar una nueva situación con Nicaragua (…) Está bien pensada esa estrategia. Esos países quedaron inmersos en la incertidumbre”.
Por su parte, Carlos Arévalo, el presidente de la Academia Colombiana de Derecho Internacional, insistió en que el anuncio del mandatario en el que dice que se quejará ante el secretario de la ONU “busca generar un impacto en la opinión pública”. A su vez, explicó que aunque está bien buscar la “unión entre los países del Caribe”, no se vería con buenos ojos la creación de un “bloque común para quejarse de Nicaragua, eso no genera consecuencias jurídicas. Una negociación sí puede tener efectos jurídicos”.
La ficha de la conciliación
En opinión del internacionalista García, la propuesta del presidente Santos sobre la Reserva Seaflower “podría encontrar eco en el gobierno nicaragüense debido a que tiene que ver con la conservación positiva del medio ambiente en una zona expuesta a explotaciones económicas como la perforación de petróleo”. No obstante, aclaró que Nicaragua exigirá que se respete el fallo para conciliar sobre esta zona.
Este punto, en criterio de Arévalo, profesor de derecho internacional de la Universidad de La Sabana, también sería bien visto por la comunidad internacional. Por su lado, el catedrático Salgar destacó que esta área ya cuenta con la protección de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). “Nicaragua está de acuerdo en que hay que proteger esa reserva”, apuntó. Análisis de El Tiempo
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