El organismo de control presentó varias acciones ante la justicia para garantizar el medio ambiente, el agua potable, al trabajo y a la construcción de redes de alcantarillado en áreas protegidas para poder realizar edificaciones.
El Ministerio Público solicitó el cierre temporal o definitivo del Parque Nacional Regional Johnny Cay.
La Procuraduría General de la Nación presentó cuatro intervenciones judiciales ante los tribunales superiores de San Andrés y Cartagena con el objetivo de proteger los derechos de sus habitantes.
La delegada para Asuntos Ambientales, presentó una acción popular en la que pidió medidas para garantizar la seguridad, salubridad y medio ambiente sano y la reevaluación del régimen de ingreso de turistas y de las actividades comerciales realizadas dentro del parque. En ese sentido el Ministerio Público solicitó el cierre temporal o definitivo del Parque Nacional Regional Johnny Cay.
Además el organismo de control emitió una solicitud de desacato respecto a la sentencia del 17 de febrero de 2014 que amparó los derechos e intereses colectivos y al goce de un ambiente sano, conminando al municipio de Providencia y Santa Catalina para obtener la potabilización del agua del municipio.
En tercer lugar, la Procuraduría instauró un incidente de desacato en contra de la gobernación de San Andrés, Providencia y Santa Catalina “porque no ha realizado el debido seguimiento sobre la Oficina de Control, Circulación y Residencia (OCCRE) frente al control poblacional en la isla, en cumplimiento con la orden que dispuso, entre otras actividades, ejecutar un contrato de consultoría para la elaboración de un proyecto que contenga un modelo de restructuración que modifique la estructura administrativa, definir la ampliación de la planta de personal; y que el organismo pudiera trabajar en condiciones de seguridad, salud y con espacios para garantizar la atención al público”.
De la misma forma, el Ministerio Público, ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena solicitó el desacato de la sentencia T-284 de 1995, emitida por la Corte Constitucional en la cual se disponía, entre otras, la prohibición de otorgar licencias de construcción en áreas protegidas dentro de la isla, hasta tanto no se cuente con redes de alcantarillado adecuadas.
Por 