Bogotá, 18 de febrero de 2019. La Procuraduría General de la Nación exhortó a los ministerios del Interior, Ambiente y Desarrollo Sostenible, Defensa Nacional, a la Dirección General Marítima (DIMAR), a la Gobernación de San Andres y a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (CORALINA), a tomar medidas inmediatas frente al manejo y destrucción de los vehículos, embarcaciones y maquinaria pesada abandonada en la isla.
En carta enviada a los ministros Nancy Patricia Gutiérrez (Mininterior), Ricargo Lozano Picón (Minambiente), Guillermo Botero Nieto (Mindefensa), a los directores de la Dimar, Mario Germán Rodríguez Viera, y de CORALINA, Durcey Stephens Lever, y al gobernador (e) del departamento, Juan Francisco Herrera Leal, el Ministerio Público advirtió que en un término de dos meses las autoridades deben realizar todas las gestiones para poner a disposición los medios de transporte marítimos necesarios para el retiro de la chatarra que viene contaminando los recursos naturales del archipiélago.
De acuerdo con el órgano de control es urgente que se fortalezcan los programas de manejo de la chatarra que se encuentra en la isla, así como de salida de estos elementos, siguiendo los protocolos para la recolección y transporte establecidos por la normatividad sanitaria y ambiental, a fin de mitigar los daños al ecosistema que están causando y evitar la propagación de plagas.
“La chatarra que no se está retirando oportunamente resulta en una afectación permanente y creciente de los recursos naturales, y de aquellos especialmente protegidos como los arrecifes de coral, pastos marinos, playas, bosques de manglar y de importantes recursos hidrobiológicos cuya afectación puede ser irreversible”.
La Procuraduría recordó que el Archipiélago de San Andres, Providencia y Santa Catalina fue designado por la UNESCO en el año 2000 como como Reserva de Biósfera Seaflower, debido a las características ambientales, sociales y culturales que reúne, y sostuvo que este reconocimiento conlleva a responsabilidades del Estado en relación con la conservación de los paisajes, los ecosistemas, las especies y la variación genética, así como en el fomento del desarrollo económico y humano sostenible y sustentable desde el punto de vista sociocultural y ecológico.
“Preocupa a la Procuraduría General de la Nación la inobservancia de los anteriores mandatos de la UNESCO en el manejo de la chatarra, la cual, expuesta al sol y la lluvia, contamina el suelo, las fuentes superficiales y subterráneas, los acuíferos y el paisaje del archipiélago, al tiempo que las embarcaciones siniestradas y abandonadas en el mar impactan negativamente el ambiente marino y representan un riesgo para las lanchas pesqueras y turísticas”, enfatizó el órgano de control.
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