Cátedra magistral sobre prevención administrativa dictó en San Andrés Alejandro Ordóñez. Un sector de la ciudadanía que asistió a la actividad dirigida a funcionarios públicos que adelantó la Procuraduría en San Andrés, la semana pasada, se preguntó cuándo será que el ministerio público no solo viene a prevenir la corrupción administrativa sino a informar sobre el resultado de las investigaciones que hacen curso desde hace mucho tiempo y que involucran temas muy importantes como la actuación de los funcionarios que han tenido responsabilidad sobre las inversiones de la planta para el proceso de convertir basura en energía eléctrica y que después de años de espera aún no se ha puesto en funcionamiento, o en que parte coincide la investigación sobre el Plan San Andrés que hace el senador Fernando Araujo con lo que conoce la Procuraduría a sabiendas de que hubo una feria de inconsistencias, de falta de planeación y que nunca hubo supervisión y seguimiento a esos recursos.
En entrevista con El Extra el Procurador Alejandro Ordóñez aseguró que en lo correspondiente al Plan San Andrés la Procuraduría “ha estado muy activa y muy vigilante porque es su competencia, es su obligación como representante de la sociedad, con algunas limitaciones porque no puede administrar no coadministrar, pero precisamente la presencia del Procurador General en San Andrés es precisamente para evaluar que tanto se ha cumplido los compromisos que el gobierno adquirió a propósito de la decisión contra el Estado colombiano en La Haya”, dijo y agregó que “venimos a ver que tanto cumplimiento de esos compromisos del gobierno se ha dado”.
Actitud de candidato para dictar una cátedra sobre prevención
Ante el conocimiento que existe sobre una posible candidatura a la presidencia de la República del Procurador Ordóñez, para muchos su actitud fue de estar en campaña de una manera disimulada bajo una clase magistral en la no faltaron las anécdotas y los chascarrillos para adornar con excelente manejo del ‘aula de clase’ pero dejando una imagen definida en la memoria de quienes eventualmente deban definir en las urnas quien será el próximo inquilino de la Casa de Nariño.
En desarrollo de esa cátedra dictada en el Centro de Convenciones del Hotel El Isleño, Ordóñez dejó entrever que se producirán sanciones a quienes han cometido abusos contra los dineros del Estado en lo correspondiente al Plan San Andrés y para quienes “reciben mermelada porque les puede dar diabetes y la Procuraduría les tiene insulina disciplinaria”, dijo.
Habló del requerimiento al presidente
Sobre una carta que Ordóñez envió al presidente Santos, dijo que “expresa la preocupación que tiene la Procuraduría por las interrupciones en las vías públicas, la protesta es un derecho que se debe respetar, que se debe proteger, son garantías constitucionales, el pueblo colombiano puede protestar y cuando protesta la autoridad debe protegerlo, pero es indudable que esa protesta tiene límites que son del interés general, el bien común, los derechos de los otros ciudadanos y cuando la protesta se desborda, se interrumpen las vías de comunicación y se interrumpen los accesos a los lugares públicos pues la autoridad debe proceder para despejar las vías públicas, desde luego también con limitaciones teniendo en cuenta que se debe respetar los derechos de quienes están protestando sin afectar su integridad pero haciendo prevalecer el interés general.
Las personas que están protestando deben tener claro que no pueden afectar el interés general, no pueden afectar las vías de acceso, que los otros colombianos que son solidarios también tienen derechos y no se puede interferir el ejercicio legítimos de esos derechos.
El presidente debe garantizar los derechos de los ciudadanos para acceder a las vías públicas con tranquilidad y debe utilizar los instrumentos que la Constitución le ha conferido para garantizar esos derechos.
Desde luego que para eso está en Esmad, para que actúe, tiene límites, tiene controles, debe actuar prudentemente sin afectar los derechos de quienes protestan pero no se puede negociar la presencia del Esmad que debe estar presente, debe ser instrumento de la legalidad para garantizar los derechos de los ciudadanos”, indicó.
Pescadores de ‘subsidios’
La Procuraduría investiga para establecer responsabilidad sobre el apoyo a la pesca artesanal, que fue un subsidio otorgado a pescadores artesanales que ejercieran su actividad antes de noviembre de 2012.
Según el Procurador delegado para asuntos territoriales, Carlos Augusto Meza Díaz, se efectuaron seis pagos mensuales de $1.800.000 a personas que sin cumplir los requisitos fueron postulados como ‘pescadores artesanales’. En total se entregaron más de $11.000 millones y según Meza Díaz, hay un posible detrimento en el patrimonio del Estado, que se encuentra en investigación porque es claro para el Ministerio Público que no hubo planeación ni supervisión.
Sobreexplotación del recurso hídrico
La Procuraduría interpreta que la situación de sobreexplotación del recurso hídrico de San Andrés ha venido aumentando descontroladamente por la población residente así como por los turistas que han venido ingresando a la isla ampliándose la brecha entre la cantidad del líquido disponible y el realmente necesario para abastecer al menos una hora diaria a toda la población de la isla.
La Procuraduría General de la Nación hizo un llamado urgente a efectuar un trabajo conjunto inmediato y coordinado entre las entidades del orden nacional como departamental en relación con la construcción de una adecuada estrategia, social, económica y ambiental que se vea reflejada en mejoras concretas del nivel de vida de los habitantes del archipiélago, en cambios de la forma de ocupación del suelo, pero sobre todo en la protección efectiva de los importantes ecosistemas de la zona de reserva de Biósfera Seaflower, entendiéndose esto último como un referente transversal a cualquier forma de acción. La Procuraduría encontró muy débil la acción de Coralina.
Plan San Andrés
De acuerdo con el Ministerio Público las inversiones inicialmente programadas para el Plan San Andrés fueron por $285.000 millones mientras que el reporte de inversiones al cierre de la vigencia 2014 $625.000 millones y reporte de inversiones al 2016 $639.922.822.355. Se incluyen como medidas resarcitorias por el fallo de La Haya las inversiones en el Hotel El Isleño y el Centro de Convenciones de San Andrés, pero pertenecen a ‘otra cuenta’ porque fueron proyectos entregados antes del fallo.
Carreteras circunvalares
Informe de avance es de 75 por ciento, en tanto la circunvalar de Providencia tiene un reporte de inversiones $22.280 millones y el informe de avance es del 92 por ciento.
La Procuraduría ha evidenciado que, si bien se están desarrollando las obras, el avance es inferior y no corresponde a lo reportado por el gobierno.
Conclusiones
Las medidas adoptadas por el gobierno nacional como consecuencia del fallo proferido por la Corte Internacional de Justicia de La Haya el 19 de noviembre de 201
2 tienen en común que se han realizado sin la planeación debida y sin el conocimiento de las particularidades locales.
Se han realizado sin consultar a la comunidad étnica raizal y en general sin consultar a la comunidad del archipiélago y no han sido objeto de un adecuado seguimiento o supervisión.
¿Por qué la función preventiva?
La Procuraduría prevé que esta función anticipa violación de derechos, mitiga el riesgo de error administrativo, restituye derechos y orienta recordando el deber.
La idea es prevenir antes que sancionar. “A pesar de la sanción a veces continúa atentándose contra la función pública y los derechos de ciudadanos. En ocasiones la sola sanción no basta para proteger el ordenamiento jurídico y los derechos de los ciudadanos”, dijo la Procuraduría.
Cien y más advertencias
La Procuraduría insistió en el respeto al debido proceso administrativo e hizo énfasis en que toda actuación administrativa está regulada y debe tener sus respectivos manuales y procedimientos.
Dentro de las cien advertencias se les destacó a los funcionarios que: “No ordene pagos sin las formalidades respectivas. No posesione sin requisitos y sin trámite presupuestal. No imponga multas o cobre impuestos sin seguir el manual respectivo”.
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