Defiende a contratistas de Bolívar y bloquea a los de San Andrés.
En el año 2017 el veedor Arnulfo Molina Polo, quien se identifica como coordinador de la Veeduría Nacional No a la Corrupción fue capturado e imputado por un sonado caso de corrupción que involucraba a la desaparecida Corporación Eléctrica de la Costa Atlantica, Corelca, donde estuvieron involucrados jueces, notarios, contratistas y funcionarios de la extinta energética.
Pero el hecho que en la mitad estuviera un veedor, el cual ahora aparece en San Andrés haciendo veeduría a la contratación del Departamento, pero para favorecer a contratistas foráneos, justamente provenientes de Cartagena, si que causa suspicacias, y en su momento causó el asombro de los medios de prensa y analistas de la ciudad heroica.
Al respecto reveló el portal «Hoy se habla de» sobre uno de los procesos contractuales ya adjudicado: Como en todo proceso hubo controversia por observaciones que realizó de uno de los oferentes porque existen eventos colusorios en estos procesos y fue defendida por la veeduría Ciudadana Nacional No a la Corrupción y la Veeduría Colombia Transparente, que participaron en la audiencia.
Es así como, en la edición digital del 30 de enero de 2017, la revista Metro de Cartagena advirtió que la «Imputación de cargos a ‘veedor’ abre debate sobre correcto ejercicio del control social»; titular que estuvo acompañado de la siguiente nota que analizaba esa circunstancia de tiempo, modo y lugar:
Para hoy lunes (30 de enero), a partir de las 9 de la mañana, en el Centro de Servicios Judiciales de Cartagena, se tienen previstas las audiencias de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento a las 11 personas capturadas la semana pasada por el Cuerpo Técnico de Investigaciones -CTI – de la Fiscalía, en una labor conjunta con la Policía Nacional, por la supuesta defraudación de un predio en el sector Conspique de Mamonal, en Cartagena.
De acuerdo con fuentes del Complejo Judicial, aunque los delitos que la Fiscalía imputará a cada uno de los 11 detenidos son distintos, las audiencias se realizarán de manera conjunta.
La captura de los implicados fue legalizada debidamente por un juez de control de garantías, que decidió -en principio – que permanecieran en la Estación de Policía de Los Caracoles hasta cuando se realizaran las correspondientes audiencias. Una vez escuchados los argumentos de la Fiscalía para haber ordenado sus capturas, el juez decidirá si les impone o no medida de aseguramiento, en cada caso; y si lo hace, si es o no con detención preventiva.
Como se ha divulgado ampliamente, los hechos (que involucran a una notaria, una registradora de instrumentos públicos, varios abogados, empleados judiciales, un ‘veedor ciudadano’, un exalcalde y funcionarios de Fiduprevisora) se remontan al año 1998, cuando la estatal Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica S.A. ESP – Corelca – amplió sus redes eléctricas en zona rural de Bolívar, en predios que, según habría de determinarse posteriormente, eran de 13 particulares, los cuales demandaron al Estado y lograron una indemnización de $14 mil millones. Ante la condena, Corelca ofreció pagar con un terreno que para la época tenía un valor catastral de $18 mil millones, que fue comprado por la firma Conequipos Ltda., supuestamente para facilitar el pago, por apenas $7 mil millones. Según la Fiscalía, lo que en la práctica hubo fue un engaño masivo a los campesinos beneficiarios de la condena a Corelca, en cuyo marco hubo -al parecer – falsedades, fraudes, cohecho por dar u ofrecer y varios tipos de prevaricatos.
Como lo recordó el director de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, general Jorge Enrique Rodríguez, al dar su parte sobre las detenciones realizadas, se trata de un proceso que ha sido largo y complejo adelantado por el grupo de fiscales anticorrupción de la Dirección de Delitos contra la Función Pública, que ha ido produciendo resultados en diversas etapas.
Según el oficial, la primera etapa se desarrolló en el 2012, cuando se capturaron ocho personas, entre ellas la registradora de Instrumentos Públicos de Cartagena, el juez Promiscuo de Mompox, cinco abogados y el gerente de Corelca.
La segunda fue en el año 2013, cuando se capturaron otras ocho personas, entre ellos dos notarios de Barranquilla, dos abogados, el secretario de un juzgado, el gerente de Conequipos, un funcionario de la Fiscalía y un supuesto veedor (leer ‘Capturan a veedor, a exnotario y fiscal por caso de robo de tierras’).
La tercera fue en el 2014, cuando se logró la captura de otros seis investigados, entre ellos dos jueces de Bogotá y otros dos funcionarios de Conequipos.
Y la cuarta fase, la más reciente, cuando se produjeron otras 11 retenciones, llegándose a un total -hasta el momento – de 33 capturas.
Las personas recientemente capturadas son Saúl Mondol González, secretario de un Juzgado del Circuito, a quien se le imputará como coautor impropio los delitos de prevaricato por acción, falsedad ideológica en documento público y peculado por apropiación en favor de terceros; Elith Isabel Zúñiga Pérez, notaria Quinta de Cartagena, y Emerson Torres Bolaño, empleado de la misma Notaría, a quienes se les imputarán los delitos de falsedad ideológica en documento público, prevaricato por acción y cohecho propio; Carmen Violeta López Cárdenas, registradora de Instrumentos Públicos de San Andrés, a quien se le imputará el punible de prevaricato por acción y fraude a resolución judicial; Néstor Raúl Yepes, empleado de la oficina de reparto de los juzgados civiles, laborales y de familia de Bogotá, quien en dos oportunidades habría recibido dinero para alterar el proceso de reparto de una acción de tutela y direccionarlo a dos jueces específicos; Carlos Alberto Parra Satizábal, Gerardo Mauricio Cortés Pomar, Javier Alexander Colmenares Ardila, exempleados de la Fiduprevisora, encargados de la liquidación de Corelca, a quienes se les imputarán los delitos de fraude procesal, falsedad ideológica en documento público, fraude a resolución judicial y coautores impropios de prevaricato por acción; Rubén Darío Ceballos Mendoza, abogado litigante, a quien se le imputarán los delitos de peculado por apropiación y coautor impropio de falsedad material en documento público, en concurso homogéneo y sucesivo; Javier Eduardo Angulo Romero, a abogado y exalcalde del municipio del Guamo -Bolívar, a quien se le imputarán los delitos de cohecho por dar u ofrecer, y falsedad ideológica en documento público; y Arnulfo Molina Polo, quien se identifica como ‘veedor ciudadano’ y director de la veeduría ‘No a la Corrupción’, se le imputarán los delitos de concusión y coautoría del punible de prevaricato por acción y peculado por apropiación.
El caso del ‘veedor’
El caso de Arnulfo Molina Polo, a quien la Fiscalía acusa de haber contribuido en forma irregular al trámite de una acción de tutela y solicitar por ello una fuerte suma de dinero, aunque no ha sido muy citado en los medios locales y regionales de comunicación sí es objeto de análisis y reflexiones en escenarios políticos, académicos y gremiales, ya que el investigado es presentado como ‘veedor ciudadano’ y director de la Organización No Gubernamental -ONG: la ‘Veeduría Ciudadana No a la Corrupción’.
Molina Polo ya había sido detenido por el mismo caso en el 2013. En esa oportunidad, en diversos operativos, fueron capturados, además del ‘veedor’, un funcionario de la Fiscalía: Rolando Millán Eljach, el exnotario de Barranquilla Rubén Antonio Ariza, y el gerente de la firma Conequipos Luis Orlando Barragán, entre otros (leer ‘Capturan a seudo veedor y a un funcionario de la Fiscalía’).
En esa ocasión, luego de que la Fiscalía solicitara medida de aseguramiento contra los investigados, argumentando la gravedad de los delitos imputados y, en algunos casos, la responsabilidad que tenían con la sociedad, la juez 18 de garantías, por considerar que se podía optar por otras medidas para garantizar el proceso, decidió conceder la libertad a los imputados, con excepción del funcionario de la Fiscalía, quien a la sazón ocupaba el cargo de asistente de la Fiscalía 48 Seccional de Cartagena, quien fue enviado a la cárcel La Picota. Tras la decisión de la juez, la Fiscalía, la Procuraduría y los representantes de las víctimas presentaron el correspondiente recurso de apelación (leer ‘En libertad seis funcionarios investigados por desfalco a Corelca’).
Contra Arnulfo Molina cursa otra investigación por denuncia interpuesta por el excurador urbano Julio César Bustamante por el supuesto delito de extorsión.
El caso de Molina, contra quien se adelanta otra investigación penal por denuncia interpuesta en su contra por el excurador urbano Julio César Bustamante por el supuesto delito de intento de extorsión, revivió un debate que en diferentes círculos se ha adelantado por el rol de las Veedurías Ciudadanas en el ejercicio del control social, en estricto cumplimiento de la Ley 850 de 2003, ya que, para muchos, «llegó el momento de reconocer que esta norma está siendo utilizada por muchos avivatos para sacar provecho en su propio beneficio, en algunos casos hasta extorsionando a funcionarios y contratistas», como conceptuó el joven universitario Mario Salvador Andrade, director de la corporación ‘El Ojo que Grita’, quien recordó que dicha Ley «determina que los veedores deben ser elegidos y que las veedurías se conformen cumpliendo unos requisitos, pero hay gente que se presenta como si las Veedurías fueran eternas; la gente debería tener claro que estas deben durar un tiempo determinado, ya que son integradas para vigilar determinado proyecto, obra o programa» (leer ‘Las Veedurías en Cartagena, ¿realmente ciudadanas?’).
Recordando que, además de Molina, «otros seudoveedores son o han sido igualmente investigados por graves hechos», Andrade manifestó que «ya es hora ponerle tatequieto a esos individuos que se las pasan llamando a los programas radiales diciendo que tienen unas Veedurías eternas y para absolutamente todo, cuando, como ya se ha dicho, la Ley dice que los ciudadanos a los que afecte una obra, por ejemplo, pueden reunirse y constituir una Veeduría, pero esta no puede durar toda la vida, para que los supuestos veedores hagan lo que muchos vienen haciendo».
En varias oportunidades, el abogado Pablo Bustos Sánchez, director de la Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia, entidad que apoya y asesora a las veedurías del país que cumplan lo dispuesto por la Ley 850 de 2003, pidió ejercer control sobre los falsos veedores «para que respondan, primero ante la sociedad a la que se deben, y segundo ante la Justicia colombiana, a la que hay que exigir sanciones ejemplarizantes por este tipo de aberrantes hechos» (leer ‘Red-Ver pide que falsos veedores le respondan a la sociedad y a la Justicia’).
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