Por Juan Andrés Amado Serna*
Colombia debe mantener su tradición de respeto al Derecho Internacional y acatar un fallo donde no todo fue desfavorable. Hay que buscar acuerdos con Nicaragua que garanticen los derechos de los isleños y protejan la reserva de Seaflower.
Hace mucho tiempo no existía un tema de la agenda internacional que produjera tantos debates en Colombia como el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) sobre el litigio con Nicaragua. La decisión del alto tribunal despertó reacciones de todo tipo:
Hay quienes consideran que Colombia debe acatar el fallo y mantener su tradición de respeto a las decisiones de los tribunales internacionales. Otros han rechazado el fallo y –los más radicales- han pedido el retiro del Estado colombiano del Pacto de Bogotá para poder desconocer la competencia de la CIJ. También se ha advertido que el reconocimiento de la decisión crearía una presión para la independencia de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
Pocos temas son más álgidos para una nación que su soberanía nacional y su integridad territorial. Por eso mismo lo menos indicado es actuar de manera impulsiva pues se nubla la comprensión y se toman decisiones equivocadas.
Además de reconocer la decisión de la CIJ, Colombia debe negociar directamente con Nicaragua las condiciones del fallo que considera inaplicables.
De igual forma, debe procurar garantizar los derechos en la zona en disputa: buscar un acercamiento con Managua para un nuevo Tratado limítrofe que tome como bases el Tratado Bárcenas-Esguerra y la decisión de la CIJ, concentrar sus esfuerzos en la protección de los derechos de explotación marina y submarina de los pescadores de las islas subyacentes, garantizar la protección de la reserva de la biósfera conocida como Seaflower.
Una solución temporal podría encontrarse en el Tratado Sanín-Robertson de 1993 que determinó los límites entre Colombia y Jamaica, es especial la idea de un Área de Régimen Común. En el artículo tercero del Tratado se establece lo siguiente: “hasta tanto se determinen los límites jurisdiccionales, las partes acuerdan establecer una zona de administración conjunta, control, de exploración y de explotación de los recursos vivos y no vivos, en adelante llamada «Área de Régimen Común».
Si el Estado colombiano busca una coincidencia y armonía de intereses con Nicaragua frente a lo que cada país quiere en la zona, sería más factible lograr una decisión que deje satisfechas a las dos partes. El desafío es grande, si se tienen en cuenta las pretensiones nicaragüenses de explotar hidrocarburos en la zona, así como su proyecto de construcción de un nuevo canal interoceánico. Tomado de www.razonpublica.com
* Profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales, politólogo, máster en análisis de problemas políticos, económicos e internacionales contemporáneos, profesor en las universidades Externado de Colombia y Sergio Arboleda.
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