El tema está relacionado con la recuperación de playas para la que el gobierno nacional informó invertiría veinte mil millones de pesos. El texto de una proposición de la Asamblea Departamental citando a funcionarios del orden local y nacional sostiene que: -“Los raizales de Sound Bay no aceptan ni permitirán una reubicación de su población a pesar que habitan en zona de riesgo. No quieren encontrarse con la sorpresa de un día ver llegar maquinarias a trabajar sin previo aviso”, expresa en alguno de sus apartes el documento, mientras que la fecha de convocatoria está por definir.
Los funcionarios deberán responder al siguiente cuestionario:
- ¿Existen realmente los recursos para ambos proyectos, es decir: recuperación de playas y reubicación para los que decidan aceptarlo?
- En que condiciones se daría la reubicación, tanto demográfica como económicamente.
- Qué garantías brinda este gobierno para la subsistencia de los habitantes del sector durante el periodo de la recuperación y/o reubicación?
- Tienen visionados los terrenos en donde se daría la reubicación de las personas que accedieran’
- Será esta la panacea para el problema o deberán estudiarse otras opciones.
- Coralina que tiene adelantado técnica y científicamente sobre la solución de la recuperación de playas del sector, para darlo a conocer a la comunidad.
- Para Incoder e Instrumentos Públicos: tienen alguna base de datos sobre la legitimidad de propiedad de los terrenos de los habitantes del sector.
Los citados son los secretarios del Interior, Planeación, Infraestructura y Obras Públicas, quienes, además, deberán instruir sobre el tema de posible reubicación, tema que mantiene inquietos a los habitantes del sector de Sound Bay ubicado en San Luis. Se anticipó igualmente que de ser posible dicho debate se realizará en el lugar afectado.
En la proposición se cita a la comunidad de Sound Bay y San Luis, comunidad en general, Macario Powell con conocimientos sobre el tema de recuperación de playas, Ofelia Barker de la Comisión Consultiva, la Dirección Marítima y Portuaria ‘Dimar’, Coralina, Dirección de riesgos, Capitanía de puerto, Instituto Geográfico Agustín Codazzi, y Oficina de Instrumentos Públicos. La iniciativa es de autoría del diputado Steve Jessie Martínez.
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