Por Juan Esteban Correa Rodríguez, Periodista Unimedios
El mar de los 7 colores, un paraíso para cualquiera que lo visite, así es el Archipiélago en el imaginario de las personas; sin embargo, detrás de esta maravilla turística –incluso después de la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP en 2016– se están presentando más asesinatos, desapariciones y reclutamientos de jóvenes. Durante varios años la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) ha investigado el fenómeno, dialogando con todos los sectores de las islas para hacer recomendaciones que permitan construir políticas públicas que mitiguen esta problemática.
El Archipiélago tiene alrededor de 63.692 habitantes y está ubicado en el mar Caribe, con importantes fronteras marítimas con países de Centroamérica como Nicaragua, Costa Rica y Honduras, y comparte aguas con Estados Unidos y Europa. Por su parte, la isla de San Andrés es un importante punto turístico y cultural, el 47,6 % de su población se autorreconoce como raizal, grupo étnico afrocaribeño que comparte el criollo sanandresano, lengua que tiene como base el inglés.
Esta isla es quizá la que más evidencia la influencia del narcotráfico, ya que “es allí donde está el brazo económico más fuerte del turismo en la región, del que dependen todos los ingresos de ese sector, y en donde viven las familias más acomodadas y las elites del Archipiélago”, como expresa la politóloga Silvia Mantilla Valbuena, Ph. D. en Relaciones Internacionales, profesora de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), e investigadora desde hace varios años de esta problemática.
La experta asegura que “Providencia y Santa Catalina son islas más pequeñas, en las que el modelo turístico no es tan agresivo como en San Andrés, y en donde es más riesgoso para los actores armados posicionarse, dada su reducida extensión y control poblacional”.
Explica además que “la violencia y el narcotráfico empezaron en el Archipiélago en la década 1980, con el boom de la cocaína de grupos como el Cartel de Cali o el de Medellín, y aumentaron a principios de los 2000, con los acuerdos de desmovilización paramilitar, por lo cuales se forman nuevos grupos derivados como el Clan del Golfo, que se desplaza por el territorio llegando a las islas, que antes no presentaban índices de violencia tan altos”.
Añade que cada vez es más notoria la presencia del Cartel de Sinaloa en los puertos continentales en donde se exporta cocaína. Algunos miembros de esas organizaciones financian el tráfico para establecer contacto con los cabecillas colombianos del Clan del Golfo.
“En el periodo 2010-2017 se presentaron alrededor de 25 asesinatos por año por ajustes de cuentas relacionados con drogas y violencia criminal, cifra que hoy es de casi 67; además en los últimos 18 años han desaparecido cerca de 700 jóvenes, quienes se han convertido en el eslabón más débil de la cadena del narcotráfico”, afirma.
El profesor Raúl Román, de la UNAL Sede Caribe, indica que desde hace un tiempo importante se viene trabajando alrededor del tema del narcotráfico en las islas, investigaciones que dieron como fruto el libro Seguridad y narcotráfico en el Caribe: Hacia una política pública en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, del cual él, la profesora Mantilla y otros expertos son los autores.
La publicación recoge recomendaciones producto de arduas reflexiones en mesas de discusión que el Centro de Pensamiento del Caribe de la UNAL organizó por varios días para dialogar con distintos sectores de la población como la fuerza pública, la Oficina de Control, Circulación y Residencia (OCCRE), la sociedad civil, la comunidad raizal y los comerciantes, entre otros actores.
Este espacio contó además con expertos en el tema, como la doctora Tonney Gene Salazar, defensora regional del pueblo; la doctora María Matilde Rodríguez, directora de la influyente organización Mamaroja Company; el capitán de Fragata Julián Cuartas, del Comando Específico de San Andrés y Providencia (CESYP), y el mayor José Hernando Soler, comandante de la Estación de Policía del Departamento de Policía de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (Desap), entre otros.
Algunas de las recomendaciones fruto de las mesas realizadas en 2017 son:
1. Renovar la política de seguridad del departamento, revisando presupuestos de los instrumentos de control y haciendo seguimiento a temas como la criminalidad y la corrupción.
2. Actualizar la infraestructura tecnológica de seguridad para avanzar en reconocimiento facial y nuevas formas de identificación criminal, así como sistemas de vigilancia con drones.
4. Regular los flujos migratorios por parte de la OCCRE, controlando el número de personas que entran a la Isla, e indagando por qué y de dónde vienen.
5. Fortalecer la agenda común sobre el tema del narcotráfico entre Colombia y los países centroamericanos, ya que el problema no es solo del Archipiélago, sino que se trata de redes que se expanden por todos los países del Caribe.
6. Revisar la visión militarista, punitiva y coercitiva que tienen los organismos de seguridad del Estado colombiano, ya que el aumento del pie de fuerza ha fracasado.
Un mar de dinero fácil
Según la Fundación Development & Progress, en 2016 el 80 % de los presos en San Andrés eran jóvenes entre 18 y 38 años.
Por la experiencia que tienen en las rutas marítimas, sus conocimientos en las embarcaciones y la oferta turística, sumado a las condiciones de pobreza en San Andrés y el acceso insuficiente a la educación, los jóvenes, que ven en el dinero fácil una salida para poder tener lujos, son utilizados por los grupos armados.
Por esta razón, la profesora Mantilla explica que una de las funciones y acciones más concretas que puede hacer la Universidad en esos territorios es ofrecer la posibilidad de que los jóvenes accedan a la educación superior y se alejen de esas redes de tráfico de drogas que terminan acabando con su vida y perjudicando a sus familias.
Otro actor importante que genera esta desigualdad es el turismo, que absorbe la economía en la isla de San Andrés, ostentando la mayor parte del agua del territorio para prestar sus servicios, lo que contrasta con el hecho de que, según el DANE, solo el 18,5 % de los hogares en la isla recibe agua diariamente.
Las encuestas realizadas por el profesor Román en San Andrés arrojan que de 560 personas, el 90 % manifestó que las instituciones no cumplen con su deber, haciendo que la Isla sea un lugar inseguro y que sea presa de los grupos interesados en el narcotráfico.
Esta idea está ligada a hechos de corrupción, como por ejemplo el del actual gobernador de la Isla, Everth Hawkins, quien está siendo investigado por irregularidades en 16 contratos de prestación de servicios, por valor de 240 millones de pesos colombianos, que beneficiarían a algunas personas que iban a apoyar la gestión de la Secretaría de Turismo de la Gobernación.
¿A mayor pie de fuerza menor seguridad?
Según datos de 2017 de la Policía Nacional, el pie de fuerza en San Andrés se ha incrementado, al pasar de 260 policías en 2004, a 597 en 2015.
Una situación que resulta paradójica es que San Andrés podría presentar una de las mayores presencias de fuerza pública en el país, como dice la profesora Mantilla, es prácticamente una base militar del Estado colombiano, que en los últimos 15 años ha venido adelantando un proceso de securitización con un importante número de policías, integrantes de la Armada, e incluso de la Fuerza Aérea.
Sin embargo ha resultado ineficaz, ya que, según datos de la Policía Nacional de Colombia, entre 2011 y 2020 se confiscaron 36.641 kg de cocaína y 10.398 kg de marihuana, y además este año la Policía incautó una tonelada y media de cocaína en una casa de San Andrés, que representaría una ganancia total de unos 21.000 millones de pesos colombianos.
El profesor Román indica que ha sido muy difícil llevar las recomendaciones a la práctica, ya que no ha habido voluntad política por parte de los últimos gobernadores, ni se le ha permitido a la UNAL formar parte del Comité de Construcción de la Política Pública de Seguridad en el Archipiélago, lo cual hace que la capacidad de la academia se limite y se quede en el papel.
Otro tema clave a tener en cuenta, y que ha tenido mucha repercusión, es el de la relación marítima del Archipiélago con Nicaragua, ya que está mucho más cerca de ese país centroamericano que de Colombia, en una relación de 110 km a 720 km respectivamente.
En abril de este año la Corte Internacional de Justicia (CIJ) falló a favor de Nicaragua sobre una supuesta violación de Colombia a la soberanía y jurisdicción de 75 km de aguas del Archipiélago que le pertenecen, planteando también que se ha interferido con actividades de pesca e investigación marítima de embarcaciones nicaragüenses.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, considera que es necesario buscar un diálogo con ese país para restituir los derechos de los pueblos raizales a transitar y comunicarse de manera libre entre islas, y sobre todo llevar a cabo la pesca artesanal con total normalidad.
Esto va ligado al problema ambiental que supone que la Reserva Seaflower esté en el medio de las aguas de los dos países, de la cual poco se habla y que alberga importantes especies marinas como arrecifes coralinos, praderas de pastos marinos y manglares, entre otros recursos, ya que Daniel Ortega, actual mandatario de Nicaragua, no tiene como una prioridad el medioambiente ni la protección de estos ecosistemas.
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