La Corte Internacional de Justicia invitó a Colombia a respetar el fallo original de 2012, que, de acuerdo con Managua, no se estaba cumpliendo. ¿Es un triunfo para Daniel Ortega y una derrota para Bogotá?
Una disputa que estuvo más de 20 años en la Corte Internacional de Justicia de La Haya llegó, al menos en teoría, a su fin este jueves 21 de abril, cuando los jueces del tribunal con asiento en Países Bajos entregaron su fallo respecto a una causa abierta contra Colombia en diciembre de 2001. Ese año, Nicaragua presentó un reclamo por más de 50.000 kilómetros cuadrados de mar, cuyo veredicto fue conocido en 2012. En él, los jueces reconocían la soberanía colombiana del archipiélago de San Andrés, pero otorgaban casi 75.000 kilómetros cuadrados de mar al país centroamericano.
La historia pudo terminar ahí, pero no. Para evitar futuras demandas de otros países, Colombia renunció al Pacto de Bogotá, cuyos firmantes reconocen la jurisdicción de La Haya, y sus patrullas siguieron navegando por las aguas cedidas a Nicaragua, lo que Managua denunció ante la Corte Internacional en 2013. El fallo del jueves, que se refiere a esa denuncia de hace casi nueve años, básicamente pide a Colombia cesar de forma inmediata con su interferencia en la zona, que habría hostigado a pesqueros y barcos de investigación nicaragüenses. Fue un fallo de nueve votos contra seis.
¿Cambia algo respecto al fallo de 2012? En términos territoriales no, pero en términos prácticos puede que sí. «No tiene grandes repercusiones, pues reafirma el fallo de 2012 que Colombia optó por no acatar, más por razones internas, a sabiendas de su validez legal”, explica a DW el nicaragüense Manuel Orozco, analista, politólogo y director de Diálogo Interamericano. El nuevo fallo, además, «determina que en el tema de la zona económica exclusiva lo mejor es resolver bilateralmente mediante negociaciones”, agrega el experto.
El territorio en cuestión, el archipiélago conformado por las islas San Andrés, Providencia y Santa Catalina, está a 110 kilómetros de la costa de Nicaragua, y a 720 de Colombia. Se trata, para el país sudamericano, de una avanzada muy relevante, pues marca presencia en el mar Caribe y permite a las autoridades colombianas cierto control sobre el tráfico de estupefacientes por la región.
Además, tiene enorme importancia ecológica, por su biodiversidad, y cultural, por la presencia de los raizales, un pueblo afrocaribeño.
La disputa tiene su historia. Ya en 1980, el presidente nicaragüense Daniel Ortega rechazó la soberanía colombiana sobre el archipiélago y dijo que lo llevaría ante la Corte de La Haya, lo que finalmente concretó en 2001. Uno de los aspectos que zanjó la corte en 2012 fue precisamente la soberanía del territorio, que quedó en manos colombianas. El cambio, para efecto del diseño de los mapas, vino respecto a las aguas que rodean al archipiélago.
El expresidente de Colombia, Ernesto Samper, explica a DW que las islas «son fundamentalmente el espacio de avanzada de Colombia sobre el mar Caribe, y su territorio más próximo a Centroamérica. Es un punto estratégico de relacionamiento de Colombia, no solo con Nicaragua, sino también con Panamá, Costa Rica, Honduras y Jamaica. De hecho, parte de la defensa consistió en hacer tratados de límites con esos países, excepto con Nicaragua. Sin embargo, la Corte consdieró que eso no podía usarse como argumento para invocar un derecho contra Nicaragua”.
Entre estados, no entre gobiernos
Uno de los puntos establecidos por La Haya es que los temas de soberanía pendientes deben ser negociados de forma bilateral. «El fallo es un triunfo para la nación nicaragüense, toda vez que la incursión colombiana se dio en los límites fijados por la Corte en 2012, por ello señaló el cese de esas incursiones marítimas”, dice Orozco, que explica que los abogados que han trabajado defendiendo la posición de Nicaragua lo han hecho «en defensa del interés nacional de este país y no de un gobierno”. Por ello, el resultado «valida la soberanía de Nicaragua sobre los límites fijados en 2012, y la victoria consiste en reafirmar ese fallo y declarar que Colombia debe dejar de actuar en dirección contraria”.
El analista nicaragüense Enrique Sáenz siguió la misma línea por medio de un texto en Twitter, donde dijo que era importante dejar muy claro que «la sentencia de la Corte Internacional de Justicia es en favor de la soberanía territorial de Nicaragua como país y no en favor de la dictadura”, en referencia al régimen de Ortega. «Beneficia a todos los nicaragüenses, principalmente cuando tengamos democracia. Respaldar la sentencia en ningún modo significa avalar o respaldar al régimen ilegítimo”, añadió.
Sobre este tema, Samper recuerda que «las relaciones internacionales no se dan entre gobiernos, sino entre Estados, y si la circunstancia de tener diferente origen ideológico, o diferente religión o etnia, fuera relevante a la hora de celebrar tratados internacionales, no existiría la normatividad internacional”. Por ello, estima el exmandatario colombiano -que gobernó entre 1994 y 1998- es un error ideologizar las relaciones internacionales. Ello conduciría a la reducción de las relaciones «al paso efímero de los gobiernos, y eso es lo que hay que evitar”.
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