Desde tiempo atrás, como colombiana y ahora Representante a la Cámara por el Partido Centro Democrático por el departamento de Antioquia, he seguido con mucha preocupación la situación por la que atraviesa nuestro departamento insular, San Andrés y Providencia, por la falta de interés del actual gobierno en su problemática, la endeble posición ante la aleve sentencia del Tribunal de la Haya, y la actual situación de indiferencia ante la grave situación de orden público que hemos conocido por los diferentes medios de comunicación.
Por ello mi inquietud por la situación de la Isla va mucho más allá de la indignación y el rechazo que he hecho público frente al inicuo fallo del Tribunal de La Haya.
Los brotes de inseguridad y de violencia que se han registrado en los últimos días en ese departamento han hecho que el país, nuevamente, vuelque su mirada sobre nuestra muchas veces olvidada isla.
Acciones violentas y episodios de inseguridad ponen en alto riesgo la economía de San Andrés que depende mayoritariamente del turismo. Hago un llamado para que el Gobierno, a través del Ministerio de Defensa, trace una estrategia de seguridad ciudadana que reestablezca el orden público.
Porque las dificultades que padece San Andrés son más graves, aún, que los preocupantes casos de violencia que este año han cobrado la vida de 11 personas, dos de los cuales tuvieron lugar la semana pasada.
Resulta incomprensible que la cobertura del acueducto de San Andrés no llegue ni al 20%, o que el gobierno haya tenido que establecer un insostenible subsidio a las tarifas de energía, puesto que la empresa que brinda ese servicio cobre unas tarifas prácticamente impagables.
En materia de salud, me angustia que en Providencia el servicio sea prácticamente inexistente y que en San Andrés este sea ineficiente.
Quiero insistir en mi preocupación sobre el abandono gubernamental de San Andrés. Problemas graves en materia de servicios públicos domiciliarios, la baja calidad en los estándares educativos, deficiencia en el sistema de salud, sumado a la falta de oportunidades laborales, obligan a que el gobierno, de una vez por todas, plantee con seriedad y compromiso una política integral para el rescate económico y social de San Andrés.
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