La senadora considera que el documento viola la Constitución, desconoce la competencia del Congreso y debilita el principio del juez natural. Asegura que se trata de un “golpe silencioso a la justicia” que busca quitarle al Consejo de Estado el control.
La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, anunció que interpondrá una demanda contra el Decreto 0799 del 9 de julio de 2025, expedido por el Gobierno nacional, al considerar que viola la Constitución, debilita el Estado de Derecho y representa un riesgo institucional.
A través de su cuenta en X, la congresista aseguró que el decreto, firmado por el presidente Gustavo Petro y el ministro de Justicia, Luis Eduardo Montealegre, constituye un “golpe silencioso a la justicia” al retirar la competencia exclusiva del Consejo de Estado para conocer en primera instancia las tutelas contra el jefe de Estado.
Demandaré en las próximas horas el decreto 0799 (…) con el que Petro y su Ministro de Justicia violan la Constitución y la Ley. Esto que pretenden es una amenaza directa al Estado de Derecho”, expresó la senadora.
¿Qué establece el Decreto 0799?
La norma modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015 y deroga el numeral 12, que asignaba exclusivamente al Consejo de Estado el conocimiento inicial de las acciones de tutela contra el presidente. A partir de ahora, esas tutelas serán repartidas a jueces del circuito o de igual categoría, como ocurre con otros funcionarios públicos nacionales.
El artículo 1 del decreto señala: “Las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad pública del orden nacional, así como las actuaciones del presidente de la República (…) serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces del Circuito o con igual categoría”.
Según el Gobierno, la decisión busca reforzar la imparcialidad estructural del sistema judicial, evitar conflictos de interés y garantizar el principio de desconcentración funcional. Además, argumenta que se trata de una simple regla de reparto y no una alteración a las competencias funcionales.
Las críticas de Cabal
La senadora sostiene que la modificación rompe con la arquitectura institucional, evade al Congreso y es contraria al artículo 152 de la Constitución, que exige que toda norma que afecte la administración de justicia sea tramitada como ley estatutaria y revisada por la Corte Constitucional.
“Petro evade el Congreso y rompe la arquitectura institucional con una firma (…) Las tutelas contra el Presidente exigen el mayor rigor técnico y neutralidad, que solo puede ofrecer un tribunal como el Consejo de Estado”, advirtió Cabal.
Asimismo, acusó al Gobierno de querer desmantelar los contrapesos institucionales y consolidar un modelo de poder sin controles:
“Petro busca controlar todos los frentes: la Corte Constitucional cuestionada, la Fiscalía tomada, y ahora, el Consejo de Estado desplazado (…) Este decreto es incompatible con la Constitución y debe ser demandado como lo haré”.
Demandaré en las próximas horas el decreto 0799 de julio de 2025 con el que Petro y su Ministro de Justicia violan la Constitución y la Ley.
Contexto y reacciones
La expedición del decreto ocurre después de varias decisiones recientes del Consejo de Estado que afectaron a la administración Petro, como la suspensión del decreto de la consulta popular, la prohibición de transmitir consejos de ministros por canales privados y la orden de retractación por declaraciones contra la familia Vargas Lleras.
No obstante, también ha habido fallos favorables al mandatario, como el rechazo de tutelas sobre los buses diésel y el uso de símbolos del M-19.
Por su parte, el Gobierno ha enfatizado que la medida no afecta el acceso a la justicia ni limita la revisión de la Corte Constitucional, que mantiene su competencia para revisar fallos de tutela.
“La regla de reparto no excluye ni limita el control constitucional de la Corte Constitucional ni restringe el acceso a la justicia”, subraya el documento oficial.

















Por