Fallo de la CIJ a favor de Nicaragua sería un escollo para que Colombia los recupere. Con la noticia del hallazgo del Galeón San José anunciada por el presidente Juan Manuel Santos Calderón el pasado sábado en Cartagena, empezó a aflorar la posibilidad de que otros tesoros náufragos que están hundidos en el mar Caribe cerca del archipiélago de San Andrés y Providencia puedan empezar a ser ubicados y recuperados por el Estado colombiano.
Y no sería la primera vez que se emprendería una misión de recuperar tales tesoros náufragos. En su época de alcalde de Providencia, el asesinado abogado Alexander Calixto Henry Livingston contrató la búsqueda de tesoros en las aguas de su jurisdicción, lo que le mereció un proceso en la Procuraduría para su destitución y otro en la Fiscalía por supuesta traición a la Patria.
No obstante, el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya podría ser un escollo para ello porque podrían haber quedado algunas de estas naves en aguas que ese alto tribunal le concedió a Nicaragua tras el dictamen anunciado el 19 de noviembre de 2012.
La suerte del San Roque también está hoy en juego. El año pasado, Burtt Webber, reconocido caza tesoros estadounidense, retomó conversaciones con el gobierno para su rescate, pues desde que Santos asumió por primera vez la presidencia, Webber cruzó cartas con él para realizar el hallazgo, pero nunca se cocinó un acuerdo. Tampoco se supo en qué quedaron las intenciones de Daniel de Narváez, un experto náutico colombiano, que también tenía deseos de rescatar esta nave valorada en cerca de tres mil millones de dólares.
El San Roque naufragó cerca de Serranilla, en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y se estima está sumergido junto con los otros buques: San Ambrosio, Santo Domingo y Nuestra Señora de Begoña. Sin embargo, a su alrededor hay otra leyenda que pone sobre la cuerda floja la potestad que podría tener Colombia sobre estos, y es la teoría de que es probable que el navío se encuentre hoy en mar nicaragüense.
La historia del San José
En el 2013, Juan Manuel Santos sancionó la Ley 1675 con el argumento de salvaguardar, recuperar y hacer visible el patrimonio cultural sumergido en Colombia, enfocado a que expertos rescatistas liciten para adquirir el permiso de exploración y rescate, y que lo que se extraiga del mar se divida a medias. En el 2014 pasado se aprobó el decreto reglamentario, y ahora los caza tesoros ofertan y están a la espera de que se les conceda su permiso de navegación. Desde entonces, hay una fiebre por encontrar estos naufragios. Las intenciones de los rescatistas están claras. El gobierno, por su parte, argumenta que es un despropósito dejar hundidos los barcos pues no permite un aprovechamiento cultural y un beneficio económico para la Nación.
La Autoridad Marítima Nacional (Dimar) dice tener la certeza de dónde están ubicados 283 navíos, y que la ubicación del San José se reduce a un espectro en donde se encuentran 15, aunque se puede decir que está localizado en una zona en donde hay 2 o 3 después de que se realicen las pruebas correspondientes. Este no es un tema del que al Estado le guste hablar. Mientras tantas cabezas se asoman para rescatar los galeones, la Dimar dice que se ha establecido una censura tácita por las pasiones que el tema genera.
Por ahora, lo que se sabe del San José es que se hundió en las islas del Rosario, a cerca de 300 metros de profundidad, y que fue blanco de una disputa legal entre la Nación y la Sea Search Armada (SSA), una empresa estadounidense rescatista de tesoros.
En 1983, en el gobierno del presidente Belisario Betancur, cuando no había un marco legal maduro al respecto, la SSA obtuvo el permiso para explorar la zona y entregó las supuestas coordenadas del galeón al Gobierno Nacional. Sin embargo, el Estado señaló, con base en una posterior rectificación realizada por Thomas Thompson, -un caza tesoros que hoy está preso por fraude- que en la zona denunciada no había nada. De cualquier manera, el país perdió una demanda con la compañía por la denuncia que esta hizo sobre la locación del galeón, y hoy el Estado debe pagarle hasta el 50 por ciento de lo que no sea considerado riqueza patrimonial, en caso de que se llegue a rescatar el San José y este se encuentre en las coordenadas denunciadas por la SSA.
En el 2002, 30 expertos en naufragios nacionales e internacionales, con el apoyo del Ministerio de Cultura y la Armada Nacional, rescataron 11 cañones de El Conquistador, barco de la flota naval de Blas de Lezo, teniente español que en el siglo XVIII perdió para siempre su nave en Cartagena. Luego de ser registrados y examinados, los artefactos fueron devueltos a su lugar de rescate para evitar su deterioro.
Carlos del Cairo, antropólogo cocreador de la Fundación Terra Firme, señala en la voz de otros cientos de proteccionistas que es un sacrilegio rescatar estas naves sin una razón de peso y cargarlas con un valor comercial. Mientras la ambición pirata prueba suerte en aguas llenas de riquezas patrimoniales, los proteccionistas cruzarán sus dedos esperando que quede algo más que historia.
Los galeones que quería rescatar el alcalde de Providencia
En 1994 cuando era alcalde de Providencia y Santa Catalina, Alexander Henry Livingston, fue suspendido del cargo por orden de la Fiscalía General de la Nación que le adelantaba una investigación en su contra por el delito de traición a la patria que posteriormente no prospero al no hallarse tal comportamiento punible. La historia comenzó cuando Henry Livingston, respaldado por el Concejo de Providencia y Santa Catalina, creó el CRIL, compañía que se encargaría de explorar y explotar las riquezas depositadas en siete galeones que naufragaron en las costas del archipiélago, según se cree a finales de 1600.
Para ello se asoció con unos exploradores estadounidenses a quienes les ofreció una tajada del botín que se pudiera recuperar. Las gestiones del alcalde de Providencia y Santa Catalina fueron conocidas por la Comisión de Antigüedades Náufragas, que presidía el secretario general de la Presidencia, Miguel Silva, quien denunció al funcionario ante la Procuraduría General de la Nación. Una de las razones para tomar esta decisión fue que la Ley prohíbe a los particulares explotar las especies náufragas puesto que son propiedad exclusiva de la nación, tal como lo establece la Ley 163 de 1959 y lo reitera la Ley 10 del 78.
Con la carta de la Presidencia en la mano, el procurador general Carlos Gustavo Arrieta (quien hoy defiende el mar territorial del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina frente a las nuevas demandas de Nicaragua ante la CIJ de La Haya) remitió la información a su delegado en San Andrés, Luis José Mojica Niño, quien inició entonces la investigación.
La indagación de Mojica terminó en una acusación contra Livingston ante la Fiscalía, bajo el cargo de traición a la patria. Livingston fue suspendido luego por el también fallecido gobernador Simón González Restrepo a solicitud de la Fiscalía, entidad que para ello no sólo consideró la denuncia de Mojica, sino otras dos medidas de aseguramiento que pesaban contra el alcalde de Providencia y Santa Catalina por otros procesos, y a quien no se le permitió continuar gobernando las islas que lo eligieron. Con información de las2orillas.com y Semana
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