Los sociólogos de la Universidad Nacional Jaime Andrés Duarte Meléndez y Luisa Fernanda Ordoñez Jiménez le compartieron al periódico The Archipielago Press un completo análisis sobre los impactos de la Covid 19 en la isla de San Andrés, en un intento por visibilizar la situación de la isla desde Bogotá.
El juicioso análisis de los autores de este importante documento se apoyó en varias de las informaciones publicadas por este rotativo, según informó Luisa Ordóñez al remitir el importante documento: «además nos apoyamos bibliográficamente en sus noticias diarias, las cuales aparecen referenciadas en el artículo. Si pudieran leer y compartir el articulo en su muro seria de gran ayuda, Muchas gracias ?» expresó la profesional de sociología.
Este valioso documento del que The Archipiélago Press pública los apartes más importantes fue titulado «Entre la amnesia Departamental y la Pandemia: La isla de San Andrés y el mismo fue divulgado en principio en el website del Centro de Pensamiento de la Corporación para el Fortalecimiento Regional en Colombia, CFRC.
Los siguientes son los apartes del valioso documento que pública The Archipiélago Press:
Con solo 27km², San Andrés ha sido catalogado como uno de los departamentos más sobrepoblados de Colombia. Sus habitantes se enfrentan a diferentes problemáticas asociadas a la falta de cobertura en materia de servicios públicos como abastecimiento de agua, luz, red de alcantarillado y salud.
El censo poblacional para la isla en 2005 estimó una población de 77.084 habitantes, y en 2018 fijó la población en alrededor de 62.000 habitantes.
Las políticas andinizadas del Gobierno Nacional, junto con las limitaciones del Gobierno departamental, ponen en evidencia las dificultades en materia de salud y economía que tiene la Isla para afrontar la COVID-19.
El sistema de salud en San Andrés se ha caracterizado a través de los años por ser insuficiente y precario. Año tras año los trabajadores del hospital han denunciado las condiciones sanitarias deficientes, la falta de seguridad social y las horas extras por la falta de nómina en cuanto al personal médico. Esta pequeña isla sobrepoblada cuenta con un sólo hospital departamental y una clínica privada.
El hospital departamental cuenta con nueve camas para cuidados intensivos y nueve respiradores artificiales. La falta de camas en urgencias y equipos obsoletos dificulta su operación, además el hospital no tiene un sistema óptimo de aire acondicionado. A esto se le suma, la grave situación en materia de salud por la que atraviesa la isla vecina de Providencia con 5.000 habitantes, ya que su hospital sólo ofrece atención básica y no cuenta con servicio de urgencias. La situación es preocupante porque el colapso en el sistema de salud de la isla de San Andrés es inminente, como se puede evidenciar, mucho antes de la llegada de la COVID-19.
El primer contagiado en San Andrés se descubrió casi por accidente el 22 de marzo, y al día de hoy se siguen desconociendo las causas y las razones de su contagio. Este primer caso prendió las alarmas de auxilio entre la comunidad raizal y residentes tanto por las difíciles condiciones por las que atraviesa el hospital, como por el desabastecimiento de insumos hospitalarios. En definitiva, el peligro en San Andrés es doble, no sólo por el riesgo de ser contagiado, sino también porque no hay un sistema de salud que cuente con la cobertura para atender los casos críticos de contagio.
LA ECONOMÍA EN SAN ANDRÉS
La vocación económica de la isla de San Andrés está basada en el comercio y el turismo. Las medidas adoptadas para prevenir la propagación del virus tanto por el Gobierno Nacional como por el Gobierno departamental, se han materializado a través del cierre del aeropuerto internacional Gustavo Rojas Pinilla, lo cual repercute en el ingreso de turistas, restringiendo el comercio y las actividades derivadas, dejando a la isla y su población sin sus fuentes primarias de ingreso, lo que se traduce en un desplome económico en la isla de San Andrés.
Estas medidas adoptadas para contener la propagación de la COVID-19 han aumentado los costos de víveres que ingresan por el muelle a la isla, los cuales de por sí ya eran bastante altos debido a las tarifas arancelarias y logísticas del transporte.
La isla hoy está expuesta, no sólo al coronavirus, sino también al desplome económico a consecuencia de las medidas impuestas por el aislamiento nacional. Existe un temor generalizado entre comerciantes, inversionistas y hoteleros de la isla, quienes ven la posibilidad de reducir sus costos a través de despidos generalizados, lo que repercutirá de manera directa en el empleo formal, además existe gran cantidad de habitantes en la isla que dependen de actividades informales del sector turístico. Esto deja en evidencia, lo que ha sido reiterado por académicos en la isla, a saber, la falta de un proyecto sustentable para San Andrés que no esté basado en la depredación de los recursos naturales y en una dependencia económica del turismo.
Si bien han sido implementadas diversas ayudas y beneficios para los habitantes más necesitados de la isla en esta emergencia, estas ayudas se quedan cortas ya que los residentes advierten que estas no están llegando efectivamente a toda la población vulnerable.
Por otro lado, la investigación que adelanta la Procuraduría en contra del gobernador por sobrecostos en los mercados, deja entredicha una situación recurrente en San Andrés basada en el desconocimiento, no sólo parcial, sino total de los costos de vida que tienen que asumir los sanandresanos, ya que al ser una isla, se tienen que importar la mayoría de productos de primera necesidad, por lo que los costos de víveres y canasta familiar son bastante altos en comparación con el interior del país.
Aparte de este desconocimiento a las condiciones y costos de vida de los sanandresanos, el Gobierno Nacional asume que hacer presencia estatal consiste en enviar un pie de fuerza de 22 uniformados adscritos al Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD). Sin considerar la oportunidad de mandar un cuerpo de epidemiólogos y/o médicos que refuercen el ya precario sistema de salud.
Cabe mencionar el esfuerzo realizado por la Gobernación departamental en materia de salud ejecutando obras en el Hospital departamental y gestionando implementos médicos, en materia económica solventando los costos del mes de marzo del recibo de energía en todos los estratos de la isla y brindando ayudas económicas a pescadores artesanales y población vulnerable, y las ayudas en materia de infraestructura de salud otorgadas por el Gobierno Nacional han sido cubiertas con recursos propios del Departamento.
Acciones por parte de la sociedad civil
En vista de la actual situación, la sociedad civil se ha movilizado promoviendo y entregando ayudas humanitarias a la población vulnerable de la isla. Entre ellas sobresale la entrega masiva de mercados realizado por el Centro Islámico de San Andrés, estas ayudas ya completan seis entregas en diferentes barrios vulnerables.
Por su parte, la autoridad Raizal (isleños nativos del archipiélago), el 11 de Abril, exigió más garantías como pueblo étnico minoritario de la isla a través de una carta radicada al Gobernador departamental. En dicha carta se establece la necesidad de fijar recomendaciones, para que sean los raizales y la población legalmente residenciada en las islas los primeros en recibir ayudas estatales.
Esta solicitud es problemática ya que en ella se contempla registrar, no sólo el número de cédula de quien recibe las ayudas, sino también el documento de la Oficina de Control y Circulación y Residencia (OCCRE), que es una tarjeta de identificación adicional a la cédula, que está reglamentado a través del Decreto 2762 de 1991, que establece que quien no posea el documento de la OCCRE no puede residir en la isla. Acorde con lo anterior, la autoridad Raizal pide que las personas que no cuenten con este documento se les haga una anotación de su lugar de residencia y se informe al Gobierno Nacional sobre esta situación para que se creen condiciones de reubicación a su lugar de origen cuando cese la pandemia. Sin embargo, en virtud de la actual situación de emergencia sanitaria por la que atraviesa el país, es sumamente problemático pedir ayudas sólo para la población legalmente residenciada; además, se puede argumentar que quienes más necesitan de estas ayudas (aparte de la población raizal y residente en condición de vulnerabilidad) son las más de 20.000 personas que residen irregularmente en San Andrés.
Por otro lado, las Juntas de Acción Comunal (JAC) han realizado diferentes actividades intentando mitigar las problemáticas causadas por las medidas que pretenden hacerle frente a la COVID-19. Algunas JAC han realizado la identificación de familias más vulnerables en sus barrios y han apoyado logísticamente en la entrega de ayudas (mercados básicos), pero las JAC advierten que existe mucha desconfianza y malos manejos de los recursos por parte de funcionarios intermediarios, quienes concentran los cuantiosos recursos para asistir a la población de la isla de San Andrés.
CONCLUSIONES
Aunque han sido impartidas diversas ayudas y beneficios para los habitantes de la isla, las medidas no logran ser suficientes. Por ejemplo, en términos de salud, la isla cuenta con un total de 34 camas de cuidados intensivos para atender la emergencia epidemiológica, pero estas siguen siendo insuficientes para los 100.000 habitantes de la isla, y para la fecha van 6 personas contagiadas y 1 persona recuperada.
En materia económica el panorama es más sombrío, si bien para mitigar las medidas contra la COVID-19 el Gobierno Nacional ha anunciado medidas como aplazar para el segundo semestre la liquidación de las contribuciones parafiscales y la declaración de impuesto de IVA y renta, el archipiélago que recibe a un millón de turistas por año tendrá que ver cómo resuelve la emergencia económica sin estos, dejando a comerciantes, hoteleros y trabajadores informales sin garantías económicas y sin un sistema de salud eficiente.
Si bien hay acciones por parte de la población civil y del Gobierno Departamental, esta crisis demuestra un desconocimiento por parte del Gobierno Nacional a las condiciones de la isla en materia de salud y economía. Sin duda, el futuro de San Andrés es incierto y poco alentador.
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