El Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (FONPET) fue creado por la Ley 549 de 1999 con el objetivo de recaudar y administrar recursos para cubrir el pasivo pensional de las entidades territoriales en Colombia. Es un fondo sin personería jurídica, administrado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través de patrimonios autónomos, destinados al pago de las obligaciones pensionales de los entes territoriales
Petro acaba de objetar, es decir, no sancionó, por considerar inconstitucional e inconveniente, la ley que habilitaba a los gobernadores del país a utilizar recursos excedentes del FONPET.
Con esto Petro deja sin mesada pensional a trabajadores oficiales y servidores públicos departamentales porque los departamentos están con saldos en rojo. Petro busca forzarlos para que las fiduciarias en donde están esos fondos le sean a él entregadas.
Recursos y administración actual del FONPET:
A la fecha más reciente (diciembre de 2024), el FONPET cuenta con aproximadamente $67,3 billones de pesos disponibles.
El 25,09% de estos recursos está gestionado por el consorcio PRAG, integrado por las sociedades fiduciarias Fiduprevisora y Fiduagraria.
El 74,91% restante está bajo la administración directa de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, conforme a las disposiciones legales vigentes.
La administración del fondo está sujeta a auditorías integrales y reportes trimestrales a la Contaduría General de la República, garantizando transparencia y seguridad en el manejo de los recursos.
Petro busca gastarse los más de $67 billones de pesos del FONPET en la campaña presidencial y de paso vengarse de los gobernadores opositores así le haga daño a la gente. Legalmente, los recursos del FONPET tienen una destinación específica para cubrir pasivos pensionales y no pueden ser desviados para otros usos sin autorización, ya que hacerlo constituiría un delito fiscal.
Un proyecto de ley aprobado en 2025 amplió el plazo para completar los recursos del FONPET hasta 2044 y busca garantizar el financiamiento del pasivo pensional, lo que muestra un compromiso legislativo para proteger estos recursos. Petro intenta erosionar una vez más la institucionalidad.
«Hay que defender la ley y los controles vigentes que buscan asegurar que los departamentos puedan acceder a estos fondos para cumplir con sus obligaciones pensionales,» explicó Juan Carlos Gutierrez Betancurt, analista de finanzas de Eafit.
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