Tras el despojo de 72 mil kms2 de mar las islas pasaron de productores a importadores de pesca. El futuro que le espera a las futuras generaciones no será tan promisorio como el que las actuales disfrutaron hasta las postrimerías del 19 de noviembre de 2015 cuando se le despojó a los habitantes de las islas su principal despensa alimentaria: el banco Luna Verde.
Por: Cesar Pizarro Barcasnegras y Jeimy Almanza Vergara
Han transcurrido cerca de 1.095 días desde aquel triste 19 de noviembre de 2012, cuando una pléyade de juristas de la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya, Holanda, leyó su veredicto definitivo en relación a la demanda contenciosa de Nicaragua contra Colombia por sus límites en el Caribe, que sentenció para los habitantes de San Andrés, Providencia y Santa Catalina; raizales, nativos y residentes, un nuevo orden político, económico, social, cultural y ancestral.
Ese día, por virtud de la “Justicia Salomónica” que anticipó la canciller colombiana María Angela Holguín Cuellar, estas ‘lumbreras’ de derecho internacional, que ni poquito conocían de las realidades, cotidianidad y vivencias de las gentes de las islas, -sobre todo de la existencia de su grupo étnico- de un plumazo decidió cercenarle la despensa alimenticia a los habitantes de este Departamento que para entonces tenía una extensión de cerca de 350 mil kilómetros cuadrados de mar territorial y que le concedía a Colombia límites fronterizos con al menos seis países de Centro América y el Caribe, pero cuyo mapa decidieron reconfigurar, restándole aproximadamente 72 mil kilómetros, entregando su despensa alimentaria a un país con tradición de pesca predadora, poniendo el alto riesgo una gran extensión de la Reserva de Biosfera que con tanto ahínco trabajó por construir nuestra autoridad ambiental y reduciendo el número de vecinos internacionales que limitaban con el archipiélago a solo cuatro naciones.
Fue una especie de estupor el que se apoderó de las gentes de las islas, y conforme pasaban los minutos y se explicaban los alcances del fallo, el drama iba aumentando cuando se evidenciaba que además de lo despojado, a Serrana y Quitasueño la Corte Internacional de Justicia la había dejado enclavada en aguas de otro país.
Son 1095 días en los que ha pasado de todo. Desde el duelo de aceptar nuestra nueva realidad, la quiebra de la industria pesquera del archipiélago, las marchas de protestas, el desfile de todo el estamento político e institucional de la Nación por las islas, el fortalecimiento del aparato militar, los golpes de pecho, el oportunismo politiquero, las vestiduras rasgadas, las demandas de indemnización por el área perdida, las promesas, los anuncios oficiales para apaciguar los ánimos, los reclamos de ayuda oficial, la entrega de subsidios monetarios, de lanchas, motores, kits de pesca; los nuevos reclamos de más extensión marítima de Nicaragua, los sobrevuelos de naves militares rusas aliadas de Managua; la expedición de decretos, resoluciones, planes de emergencia, partidas presupuestales; el desacato al fallo etc.; todo para ajustar el funcionamiento del Estado frente a la nueva realidad del archipiélago.
Pero todas han sido “paños de agua tibia” y lo que debió ser la gran oportunidad para que el Estado promoviera una verdadera política de atención a una zona de frontera tan importante por su posición geoestratégica, por la cantidad de extensión marítima que le sigue aportando al país, por el número de países con los que hace fronteras, etc., no lo fue.
Era un momento que ameritaban la construcción de una política de Estado más que de Gobierno donde se promoviera más inversión, nuevas líneas de productividad, incluso en el resto de mar que nos quedó, nuevas líneas de producción pesquera a partir de los cultivos creados por el hombre y la adecuación de flotas pesqueras capaces de ir a otros bancos donde conseguir lo que se perdió con el fallo de La Haya.
De productor a importador pesquero
Los pescadores de la isla de San Andrés se sienten a la deriva, su economía está en crisis total, ya no tienen grandes y buenas faenas como antes pues temen salir a altamar por que el fallo intensificó la presencia de la guardia costera nicaragüense en la zona limítrofe, particularmente en el banco Luna Verde, y sus lanchas permanecen la mayoría del tiempo ancladas en la orilla del mar; sienten que su tradición por años se ha perdido por cuenta de la decisión de la Corte Internacional de La Haya del 19 de noviembre del 2012.
Los pescadores reclaman el mar que perdieron por que han tenido que recurrir a otras actividades para lograr conseguir su sustento diario, luego que los seis meses de subsidios (un millón ochocientos mil pesos mensuales) del Gobierno dejaron de fluir, y al regresar al mar, hoy día en sus faenas no alcanzan a pescar más de 200 libras cuando años atrás pescaban mil libras por día, ni mucho menos se atreven a ir a la zona del banco de peces, porque temen por su seguridad y denuncian que en muchas ocasiones han sido hostigados y amenazados por guardias nicaragüenses.
Los distribuidores de pescado en la isla afirman que su producción bajo un 80%, después que se conoció el Fallo de La Haya porque ya los pescadores artesanales no van a la zona donde hay más recurso, y lo que resulta más insólito para un territorio rodeado de mar por sus cuatro puntos cardinales es que hoy día están comercializando el producto importado de Nicaragua, Buenaventura y Cartagena, ya que San Andrés dejo de ser productor para convertirse en importador de pescado.
Santiago Matos, pescador: “La producción ahora mismo con lo que pasó con el Fallo de La Haya, está duro, el pescado lo estamos comprando en Buenaventura, la producción bajo un 80% aquí en el Archipiélago ya no se levanta ninguna clase de pescado este lo está exportando hasta los mismos nicaragüense”.
Orlin Fernández: “Las ventas han disminuidos bastante, hoy están trayendo el pescado exportado de Nicaragua mucho más costoso, este fallo nos ha perjudicado enormemente porque el banco que Nicaragua se apoderó es donde más peces hay, en
los otros hay muy poco y con el calentamiento global estos se están yendo más lejos, así que no hay pescado”.
La industria pesquera quebró y las dos plantas que operaban en las islas y que disponían de flotas de barcos pesqueros colombianos, hondureños y nicaragüenses hoy día tienen permisos de las autoridades “nicas” y operan en ese país, pero pescan en las mismas aguas que antes lo hacían bajo bandera de Colombia. King Grab que exportaba productos al exterior cerró por completo su planta y hoy su negocio se reduce a un restaurante y expendio de comida y producto de mar, en tanto que Antillana que también exportaba sus productos cerró su planta y solo quedó como distribuidor del producto que procesan en Cartagena para los hoteles, supermercados y restaurantes de comida de mar en las islas.
En cuanto a los habitantes de las islas, sus platos tradicionales siempre han sido a base de mariscos, pero estos están siendo remplazados por otros alimentos debido a la escasez del producto, y para las temporadas altas un plato de rondón se consigue al doble del precio que se vendía hace tres años atrás.
Para líderes raizales el gobierno solo prometió y dio ayudas para amainar la situación de descontento que se avecinaba pero no pensó en una solución a largo plazo, ni en una inversión para mitigar la crisis que hoy día enfrentan los pescadores.
Promesas oficiales que nunca se cumplen
El Gobierno Nacional y Departamental a través de sus voceros políticos y militares insiste en que realiza soberanía hasta el Meridiano 82 para defender el territorio marino, y paralelo adelantan el proceso legal para detener las pretensiones ambiciosas de Nicaragua de una plataforma ampliada, se espera que en el mes de abrir haya una definición del proceso.
El Plan Archipiélago que el Gobierno Nacional utilizó para mitigar las consecuencias del descontento por el Fallo de la Haya está siendo cuestionado por los pescadores, lideres raizales, por la prensa local y por un sector de la dirigencia política, ya que afirman que el Estado no les ha cumplido en su totalidad, pero la Administración Local que encontró en esta situación un mayor protagonismo, visibilidad y oportunidades de trabajo articulado, dice garantizar que algunos proyectos ya han sido ejecutados y otros están por ejecutarse.
Por doloroso que suene, autoridades líderes y pescadores creen que el fallo de 2012 fue el costoso precio que pagó Colombia por haber mantenido durante años en el olvido y el rezago al archipiélago de San Andrés y Providencia.
Marcos, pescador: “La pesca está mal, no estamos cogiendo nada, el gobierno siempre promete, nunca cumplen con nada, empezaron a ayudar y de repente pararon y ya no hay más nada”.
José Aguilar: “Para nadie es un secreto que esto no ha funcionado, definitivamente el Gobierno se dejó quitar esa franja de agua de nuestra isla y ha prometido un poco de cosas que no ha cumplido, el Presidente nos vinos con unos cuantos miles de pesos, es decir unos 18 mil millones de pesos y definitivamente eso no ha servido de nada eso sirvió fue para cerrarle la boca un poco a la gente, pero eso no ha funcionado, antes del Fallo de la Haya se podía ir para todos los bancos de peces, hoy se va con cierto temor porque los nicaragüenses tienen cierta autoridad y en ocasiones nos amenazan, nos quitan la pesca, ya nadie quiere ir para no tener ningún tropiezo con ellos”.
Sigfredo Castañeda, distribuidor : “Después del Fallo en San Andrés ha habido mucha dificultad con el pescado, especialmente para nosotros los comercializadores ya que los pescadores artesanales e industriales, han tenido mucha dificultad para salir a pescar donde está el banco de peces, ya que esa zona fue otorgada a Nicaragua, en la actualidad el pescado que se comercializa se trae del interior del país, el pargo rojo se trae de Cartagena y de Cali ya que aquí hay mucha escasez de pescado, el pescado aumentó su precio, el Gobierno no ha creado políticas para incentivar la caza del pescado, si este las crearas para que el pueblo se dedique a la pesca, fuéramos una potencia como es Ecuador y es Buenaventura, hoy lo que produce la isla es perdida. No hay cupo para carga, lo poco que se trae en carga esta temporada alta, repercute en la canasta familiar porque aumenta los precios considerablemente del producto, es muy alto el consumo y lo que hay es insuficiente, la necesidad se suple con pescados de rio”.
Pueblo Raizal está peor que antes del fallo
Corine Duffis, Lider Raizal: Después de los pescadores los más descontentos son los líderes raizales, porque lo ocurrido en La Haya ilustra claramente lo que ha sido la política de abandono y desconfianza que el Estado colombiano ha tenido para con el Pueblo Raizal del Archipiélago.
El fallo y la reacción de políticas improvisadas del Estado justifica los argumentos del liderazgo raizal que promueve mayor autonomía del territorio y la necesidad de lograr que la comunidad internacional reconozca la soberanía de este grupo étnico para auto determinarse y elegir sus propias autoridades.
Además de las acciones que ya traían en marcha como sus propios símbolos, bandera, escudo e himno, la escogencia de sus propias autoridades, etc., aprovecharon la coyuntura para lanzar una nueva propuesta para hacer un referendo entre su propia comunidad para decidir el tipo de relación que se quiere con Colombia. Desde una independencia que promueven algunas voces más radicales hasta una especie de protectorado o Estado asociado, pero en todo caso lo que se pretende es mayor autonomía.
A esto el Gobierno ha reaccionado con la aprobación de una curul en la Cámara baja para la comunidad raizal, con lo que se aumenta a tres representantes del Departamento en el Congreso y el trámite de elaboración y aprobación de un Estatuto Raizal que aún está en discusión.
Pero los lideres raizales se han empezado a movilizar con mayor énfasis en el concierto internacional, ya han logrado incluso reunirse con el Presidente Daniel Ortega en Managua para buscar un acercamiento para establecer relaciones directas entre el Pueblo Raizal y el país que ha venido reclamando su territorio, lo mismo que con autoridades autónomas del Atlántico Nicaragüense para estrechar lazos de amistad.
Corinne Duffis, vocera del Grupo por la autodeterminación Amen S.D, quien se reunió con
el líder sandinista dijo al consultársele sobre el tema del tercer aniversario del fallo de La Haya que “para ser sincera después del Fallo el Pueblo Raizal cada día está peor, el Presidente vino después del Fallo, prometió que el Pueblo Raizal estaría mucho mejor, pero al fin y al cabo eso se redujo a un millón ochocientos mil pesos a un puñado de pescadores, yo nunca estuve de acuerdo con eso la verdad, creo que haciendo un proyecto que se haga siembra de tortugas, de Caracol, de peces donde ellos pueden seguir trabajando, no les pareció buena la idea, el resultado hoy día es que ya no hay subsidio y no hay pesca, hay muchos pescadores a la orilla del mar sin nada que hacer, de modo que la situación ha sido peor, esperábamos que el gobierno tomara como en forma de reparación.”
La visibilización del Pueblo Raizal en el contexto internacional
(Foto Cancillería) Si alguien logró protagonismo y liderazgo para visibilizar al Pueblo Raizal y las consecuencias devastadoras del fallo ante los organismos internacionales como la ONU (Organización de Naciones Unidas), la FAO (Organización Mundial de Alimentos) y la misma Corte Internacional de Justicia ha sido la gobernadora Aury Guerrero Bowie, quien también ha ayudado bastante en la defensa de Colombia frente a los nuevos reclamos de Nicaragua y quien además en el concierto nacional ha logrado articular con el gobierno central los planes y políticas de inversión en las islas para compensar el impacto de la decisión judicial.
La Gobernadora de San Andrés y Providencia, Aury Guerrero Bowie, se reunió en la ciudad de Nueva York con el secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon. Durante el encuentro el Gobierno colombiano presentó sus argumentos en contra del reciente fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya que pretende trazar nuevos límites marítimos con Nicaragua sobre las aguas jurisdiccionales del Archipiélago. Los argumentos ante el organismo fueron presentados por la canciller y la Gobernadora de San Andrés. «Sabemos que ese territorio ancestral nos pertenece, que tiene sus riquezas, y el fallo tiene que ser reconsiderado. No queremos seguir nuestro desarrollo económico dándole la espalda al mar», añadió la gobernadora, quien reconoció que el fallo «no es apelable pero sí está sujeto a ser reconsiderado».
The Archipiélago Press dialogó con la mandataria y ésta aseguró que “después de tres años del Fallo el Gobierno Nacional ha tenido dos frentes: uno el trabajo que se ha articulado con la defensa del territorio, una postura renovada en torno a los defensores, los internacionalistas que acompañan el proceso y al delegado de Colombia para esos fines y las posturas de Colombia frente a Nicaragua en torno a los dos procesos que adelanta Nicaragua que sostiene que no hemos acatado el fallo y las otras pretensiones para que se le siga concediendo áreas marítimas; ante estas dos inquietudes Colombia se ha defendido y esperamos que en el mes de abril haya una definición del proceso.
(Foto Cancillería) Se espera que se esclarezca la posición de la Corte Internacional de Justicia con respecto a estos dos fallos que nosotros creemos que haber renunciado al Pacto de Bogotá y el haber establecido un límite, de que se haya conocido el tema de fondo no le permita volver a fallar sobre lo que ya ha fallado.
En los proyectos que están consolidados en el Plan Archipiélago se siguen trabajando en ellos, el tema de los pescadores, es de anotar de que no haya pesca no depende del fallo, el tema del apoyo a la pesca industrial se sigue apoyando, de este Plan Archipiélago se hace un seguimiento estricto con la presidencia que es con quien se coordina, en la última visita del presidente se entregó un resumen donde de los cien proyectos hay unos ejecutados, otros en ejecución, en estructuración y otros finalizados. No se puede aplicar el Fallo, es menester defender, porque constitucionalmente no se puede porque esto depende del congreso, aparte de la violación de los derechos ancestrales del pueblo raizal.”
En la música pescadores encontraron su desahogo
José Aguilar, un pescador que ha padecido en estos 1095 días el drama por las consecuencias del fallo de La Haya encontró en una composición musical la mejor forma de desahogarse. La canción –dice- la compuso con el alma, precisamente por todo lo acontecido y que se titula “Triste Realidad”, porque es una tristeza lo que sucedió y sigue sucediendo:
“Existe un paraíso de palmeras y sol, de gente piel morena y un mar multicolor…
Hay eso es San Andrés, hay que bello es, esta isla hermosa en el Caribe tropical…
Nicaragua la pretende y una demanda interpuso, en la Corte de La Haya como último recurso…
Hay esto es San Andrés, hay que bello es, esta isla hermosa en el Caribe tropical…
Ya los gringos descubrieron el petróleo que hay, con engaños y mentiras pronto dirán que no hay…
Hay esto es San Andrés, hay que bello es, esta isla hermosa en el Caribe tropical…
En el pleito por los cayos no nos tuvieron en cuenta ya que nicas y cachacos prefieren cincuenta y cincuenta…
Hay esto es San Andrés, hay que bello es, esta isla hermosa en el Caribe tropical…
En la Corte decidieron finiquitar el embrollo, regalándole los mares donde se encuentra el petróleo…
Hay esto es San Andrés, hay que bello es, esta isla hermosa en el Caribe tropical…
Con la Falla a ya en la Haya inconforme esta la gente por el poquito dinero que nos trajo el presidente…
Hay esto es San Andrés, hay que bello es, esta isla hermosa en el Caribe tropical…
Con este verso me despido siendo una triste realidad, ya que los que dicen ser amigos son los que quieren explotar…
Hay esto es San Andrés, hay que bello es, esta isla hermosa en el Caribe tropical…
Hay esto es San Andrés, esto es San Andrés, hay que triste esta, este pedazo de Colombia… en América Central….”
El fallo de La Haya y los efectos en la Reserva de la Biosfera
La mayor preocupación tras el fallo del 19 de noviembre de 2015 emitido por la Corte Internacional de Justicia es la desprotección que puede implicar la cesión de 72 mil kilómetros cuadrados de mar territorial a Nicaragua, cuyas autoridades poco control ejercen sobre prácti
cas de pesca depredadoras y por que por el contrario los planes sobre la zona de litigio son de exploración de hidrocarburos y convertir la zona en un paso obligado de gigantescos buques para cruzar hacia el Pacifico a través de un canal que ya fue concesionado y que empezará su construcción antes de finalizar este año es el efecto que se pueda generar sobre un ecosistema al que la Unesco declaró en 2000 como patrimonio ambiental de la humanidad gracias a la gestión de la corporación Coralina.
Las entidades ambientales del archipiélago de San Andrés y Providencia no ocultan, desde ahora, las múltiples inquietudes sobre los efectos que puede generar la construcción del canal de Nicaragua y el creciente tránsito de embarcaciones de gran tamaño cerca de esta zona, declarada por la Unesco como reserva mundial de biósfera.
La bióloga June Marie Mow, hoy directora de la fundación Providence, fue la “arquitecta” de la Reserva de Biósfera Sea Flower, desde la dirección de la Corporación Coralina, y como artífice del proceso ante la UNESCO logró tal declaratoria e incluso que el director de ese organismo viniera hasta San Andrés a entregar la certificación que reconocía al archipiélago como la Reserva de la Biosfera Seflower.
The Archipiélago Press habló con la ambientalista quien expresó su preocupación por las intensiones exploratorias de países como Nicaragua y por el contrario aplaudió la expedición científica adelantada por la Armada Nacional y organizaciones científicas para visibilizar la riqueza e importancia ambiental para la humanidad de la Reserva Sea Flower.
“Yo creo que más que compartir con Nicaragua, nosotros compartimos un gran mar Caribe con países que son insulares, con países costeros y esto es un potencial que tenemos nosotros como gente con una cultura muy relacionada con el mar que no se ha visibilizado suficientemente, por eso bienvenida esas iniciativas de visibilizar la Reserva de la Biosfera, creo que tenemos muchas lecciones aprendidas y aún tenemos muchas por aprender, es una manera de estar insertos en un mar que debería ser de una especial protección, yo por lo menos no quisiera ver un Mar Caribe convertido en un Golfo de México lleno de plataformas, de explotación de petróleo, de gas con mucho gasoducto en el fondo del mar, yo si doy la bienvenida a esa iniciativa y de verdad aspiro que esa continúe siendo la visión de todos los gobiernos que se convierta en una política del Estado y que estas expediciones se sigan haciendo con el esfuerzo de centros de investigación y de instituciones porque este es un esfuerzo de todos. (…) Pienso que es un momento importante para la historia del Archipiélago, que digamos que se tenga en cuenta que la conservación de este pedazo del mar Caribe que nos tocó, que es importante que su vocación es la conservación y de esta nosotros podemos tener unas condiciones de vida mejor porque hay muchas actividades relacionadas con el mar, que tienen un potencial enorme de hacer un uso sostenible de ella, me parece que es clave poder juntar todos los esfuerzos de todos los países porque de nada vale que yo proteja el recurso de langosta cuando este va a ser sobreexplotado en cualquier otro país, sea Nicaragua, Honduras o sea cualquier otro país, pienso que es la oportunidad para seguir trabajando con otras organizaciones de pesca de otros países para buscar otras oportunidades de pesca para así unificar la normatividad de los recursos.”
Para Durcey Stephens Lever, actual director de Coralina la preocupación es el mega canal interoceánico que piensa construir Nicaragua: que se calcula que la futura ruta de los barcos esté a unas 12 millas náuticas (22 kilómetros) de la zona hidrológicamente más rica del archipiélago, en la que está la pesca de langostas y caracoles (el fuerte de la actividad). Según el experto, el tránsito de embarcaciones de gran tamaño y el ruido que producirán pueden hacer que los peces terminen migrando a otros sitios.
Otra posibilidad es una mayor contaminación de las aguas de este sector debido a las descargas de las sentinas, es decir, de las cavidades inferiores de los barcos, en las que se depositan aguas de diferentes procedencias, que se filtran y se expulsan por las bombas. Esto incluye aguas aceitosas de las máquinas y las aguas residuales de los baños, entre otros elementos. Y señaló que puede haber mayor número de naufragios porque la zona de tránsito a la que podrían acceder las embarcaciones queda cerca del complejo de arrecifes de los cayos del norte.
Pero la mayor inquietud es que, si la ruta se basa en las interpretaciones del fallo de La Haya, se podría afectar alguna parte importante de la zona de la reserva de biosfera. “Esto nos tiene inquietos, pero solo al tener una claridad de rutas de las embarcaciones podremos analizarlo”, dijo recientemente al diario El Tiempo, Stephens, tras señalar que cualquier queja futura se deberá tramitar con la Cancillería.
Fortalecimiento del aparato militar en las islas
En estos 1095 días lo que más se ha destacado es el fortalecimiento del aparato militar en el Archipiélago con más hombres y recursos tecnológicos militares, que van desde más equipamiento hasta nuevas unidades militares que se han activado en las islas.
Incluso el propio presidente Santos ha visitado los puestos militares y ha hecho presencia en las trincheras de los cayos e islotes donde se defiende la soberanía del archipiélago o ha hecho la entrega de naves que protegen hoy día el mar del Archipiélago. En el presupuesto nacional del 2016 ya fue aprobada una partida para comprar una nueva corbeta que se destinará exclusivamente para proteger al archipiélago en compañía de las corbetas Caldas, Almirante Padilla y los patrulleros oceánicos ARC 20 de Julio y ARC 7 de agosto que fueron repotenciados con misileras y entregados en marzo del 2014 por Santos.
Además del fallo de La Haya y de las labores de interdicción al narcotráfico, incidentes como el sobrevuelo de naves militares, han llevado al Gobierno a fortalecer la presencia militar en el archipiélago.
Por ejemplo, luego que el sistema de defensa y vigilancia de la Fuerza Aérea Colombiana detectara e interceptara con aviones Kfir el sobrevuelo ilegal de dos bombarderos supersónicos rusos Tupolev 160 que cubrían la ruta Venezuela – Nicaragua, fue reactivado un puesto militar del Ejército Nacional, situado frente a la pista de aterrizaje del aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla en un pequeño risco ubicado a un costado de la torre de control, donde se instalaron cuatro poderosas baterías antiaéreas.
Los Tupolev – 160 están considerados como uno de los aviones con más desarrollo tecnológico y generalmente transportan carga nuclear y por ser aviones militares r
equieren de un permiso del Gobierno de Colombia para cruzar el espacio aéreo y una declaración de que no transportan carga bélica. El sobrevuelo se dio el viernes 1 de noviembre de 2013, sobre las 11:00 am, siendo detectados por el radar de San Andrés, y lo que pudo generar un roce diplomático con la potencia mundial.
Entre los equipos militares reforzados en el Archipiélago están las cinco lanchas de guardacostas artilladas con ametralladoras Punto 50 que la Armada Nacional entregó el año pasado, tipo embarcaciones de reacción rápida cuyo propósito es “mantener la soberanía y garantizar así los derechos históricos de los colombianos”.
Esta mayor presencia de la Armada en las aguas caribeñas sigue a la decisión adoptada el pasado noviembre por la Corte Internacional de Justicia, CIJ, de La Haya, de entregar a Nicaragua unos 70.000 kilómetros cuadrados de mar que hasta entonces eran de Colombia.
El Ministro de Defensa explicó en San Andrés que cada una de las cinco naves interceptoras de reacción rápidas servirá para efectuar operaciones de registro, control y apoyo a las fragatas. Esas embarcaciones son tripuladas por siete hombres y están dotadas de dos ametralladoras 5,50 y una punto 50, agregó. Con esta decisión, el Gobierno fortalece la Estación de Guardacostas que funciona en San Andrés y pondrá en marcha una nueva Estación de Guardacostas en la vecina isla de Providencia, “la cual permitirá un mayor respaldo a los pescadores colombianos”.
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