(Captura de imagen tomada de FACEBOOK) Medios de prensa y periodistas también toman partido por la política. La semana pasada cuando se generó gran revuelo tras la detención y posterior libertad del ex alcalde de Providencia Arturo Robinson Dawkins luego que se legalizara su captura y la formulación de cargos por Prevaricato por Acción, hubo un hecho político que pasó desapercibido pero que en otras latitudes habría sido más escandaloso que la misma judicialización de la otrora autoridad municipal de Providencia.
El episodio que incluso contó con la complicidad de medios de comunicación y de periodistas que por haber sido contratistas de la administración de Robinson Dawkins (The Archipiélago Press y varios de sus periodistas también fueron contratistas de esa administración) publicaron sin mucho pudor fotografías, imágenes y textos en los que distorsionaban la realidad judicial del exmandatario, quizás por desconocimiento en el manejo de noticias judiciales unos y otros por simple solidaridad que resultaba más un acto de complicidad que de lealtad con el ex alcalde y vergonzoso para el periodismo, aliándose del lado de la venalidad pública.
Al término de la diligencia y cuando ya se había impartido la boleta de libertad, el ex alcalde Robinson Dawkins posó afuera del Juzgado ubicado en la avenida 20 de Julio en pose triunfante al lado de su esposa y familiares y al lado de la exgobernadora Susanie Davis Bryan y del parlamentario Julio Eugenio Gallardo Archbold, quien también se encuentra en situación subjudice como quiera que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia profirió acusación por el delito de peculado a favor de terceros cuando fue presidente de la Cámara de Representantes. A la foto de Julio Gallardo y Susanie Davis Bryan con el exalcalde Arturo Robinson le faltó Pedro Gallardo, otro cuestionado ex gobernador que hoy tiene deudas por sanciones fiscales de la Contraloría General de la República por 353 millones de pesos y quien a pocos meses de terminar su mandatario decidió traspasar todos sus bienes y los de su familia para blindarse de las sanciones que le vendrían posteriormente, y que impiden que la CGR pueda perseguir sus bienes para obligarlo a pagar sus sanciones.
Tampoco fue bien visto que otros líderes políticos de las nuevas generaciones sin cuestionamientos con la corrupción hubieran salido públicamente a ponerse del lado del ex alcalde y a cuestionar a la justicia como le pasó al excandidato a la Gobernación Everth Hawkins Sjogreen y el diputado Arlington Howard Herrera, ambos del Movimiento Opción Ciudadana, que salieron por las redes sociales, especialmente Facebook a justificar las acciones del exmandatario, “revolcándose con éste el mismo fango”.
Una cosa es la lealtad y la solidaridad que los seres humanos deben compartir con sus semejantes cuando están en situación de adversidad, y más si se ha sido aliado político. Pero otra cosa es que un líder político de la talla de un congresista que fue presidente de la Cámara de Representantes y quien ha aprobado numerosas leyes, entre ellas las que han creado normas contra la corrupción administrativa pose en las afueras de un juzgado en aspecto triunfante o burlón, como mostrando cierto desprecio o desafío con la autoridad judicial que acaba de legalizar la captura de un ex servidor público sindicado de malos manejos en su administración habla menos bien del legislador que del propio exalcalde.
Claro que tratándose de Gallardo y Davis Bryan no resulta extraño porque ya parecen haberse acostumbrado a burlarse de la justicia y arreglar sus líos judiciales de manera poco ortodoxa. Gallardo en su tristemente célebre paso por la presidencia de la Cámara de Representantes enfrentó junto a Davis Bryan varios procesos penales por denuncias de corrupción por presuntos sobrecostos en compras efectuadas para esa corporación legislativa. A Gallardo Archbold aún le quedan en la Corte Suprema de Justicia varios procesos penales de esa experiencia directiva en la Cámara baja del Congreso de la República, en tanto que Davis Bryan y varios de sus secretarios de despacho le hicieron el esguince jurídico a una sanción de 12 años de inhabilidad de la Procuraduría que ya había ejecutoriado un fallo de segunda instancia donde se le probaron actos de corrupción en su gobierno, pero que sorpresivamente, cuando ya no admitía recursos, fue revivido para revocarlo, no obstante que el mismo fue impuesto a uno de sus miembros de gabinete que no omitió la notificación como si hizo la ex mandataria y otros de sus compañeros para reclamar la prescripción de la acción disciplinaria.
Incluso su última participación en política que resultó bastante desteñida estuvo antecedida de un escándalo en la presentación de firmas irregulares, algunas de las cuales incluso fueron suplantadas o falseadas y aunque en una segunda revisión le aceptaron el mínimo necesario para inscribir su candidatura, muchas de ellas fueron denunciadas a la Fiscalía por constituir falsedades.
Aliados políticos y subjudice
El representante a la Cámara Julio Gallardo Archbold le reza por estos días al magistrado José Leónidas Bustos Martínez para que le conceda una apelación a instancias de la Sala de Casación Penal dentro del proceso 28016 que le adelanta la Corte Suprema de Justicia por algunos escándalos de corrupción cuando éste fue presidente de la Cámara de Representantes.
Se trata de la providencia de auto interlocutorio número AP7433-2015 en una actuación de única instancia de fecha 16 de diciembre de 2015 por el delito de Peculado por apropiación, según conoció The Archipiélago Press en fuentes judiciales.
La Corte se declaró competente para adelantar la investigación por las conductas punibles que se les imputan a éste y que tienen relación con las funciones desempeñadas como Presidente de la Cámara de Representantes, ya que los mencionados hechos sucedieron siendo Presidente de esa Corporación y ordenador del gasto de la entidad, condición bajo la cual suscribió diversos contratos donde presuntamente se presentó un peculado por apropiación que motivaron dicho expediente.
La Corte habría recopilado pruebas que demostrarían que labores relacionadas en los contratos de prestación de servicios ejecutados por contratistas seleccionados por Gallardo Archbold, además de los sobrecostos denunciados, no demandaban especiales conocimientos profesionales, técnicos o científicos, y podían realizarlas los profesionales, los técnicos o el personal operativo vinculado a la planta de la Cámara de Representantes, con lo cual le ocasionaron un detrimento al patrimonio del Estado, mediante peculado por apropiación en favor de terceros, por el cual debe responder como ordenador del gasto de la Cámara de Representantes, para la época de los hechos.
“La adquisición de servicios profesionales con los contratistas además de resultar onerosa frente a las labores desarrolladas y desproporcionados los pagos en los contratos suscritos era innecesaria para el cumplimiento de las funciones públicas a cargo de la Cámara de Representantes, de las cuales tenia plena comprensión Gallardo Archbold dadas sus calidades académicas, experiencia como congresista desde 1991 y su condición de Presidente de esa Corporación, que le permitían tener pleno conocimiento acerca del funcionamiento de las diversas dependencia de la entidad, la planta de empleados que las integraban, las funciones asignadas, y cuándo, en realidad, se requerí
a contratar servicios profesionales para ejecutar labores que de otra manera no pudieran satisfacerse. A juicio de la Corte Suprema Gallardo hizo imperar el argumento genérico de la insuficiencia de personal, y con lo cual se buscaba atender las necesidades del servicio y el cumplimiento de las funciones de la entidad, sino a satisfacer intereses de variada naturaleza como la recomendación política, o los vínculos de amistad, lo que demostraría la materialidad de sus comportamientos penales y que le atribuirían responsabilidad a doctor Julio Eugenio Gallardo Archbold, razón por lo que se procedió a dictar acusación en su contra, como autor del delito de peculado por apropiación en favor de terceros, en concurso homogéneo y sucesivo, ejecutado a través de los contratos de prestación de servicios examinados investigados.”
Por su parte, el ex alcalde Arturo Robinson Dawkins tras la audiencia en la que el Juzgado Primero Penal Municipal con funciones de Control de Garantías de San Andrés legalizó su captura y le formuló cargos por Prevaricato por Acción, y ante la decisión de la Fiscalía General de la Nación de no pedir medida de aseguramiento por no representar un peligro para la sociedad, deberá enfrentar su proceso en libertad. El exmandatario deberá comparecer al proceso Número 880016001209201500119 y el fiscal dentro de los siguientes noventa días tiene plazo para llamarlo a audiencia ante el juez penal de conocimiento que tendrá que avocar el expediente, quien citará a audiencia de descubrimiento de pruebas y posteriormente a juicio.
Otro cuestionado y aliado
(Captura de imagen tomada de FACEBOOK ) Aun cuando el representante a la Cámara Jack Housni Jaller no tomo partido alguno en el affaire del ex alcalde, su alianza con el otro cuestionado parlamentario Julio Gallardo Archbold que permitiría la llegada al Coral Palace como secretario de Infraestructura Mauricio Gallardo (también sancionado con la misma falta disciplinaria de Susanie Davis Bryan) , más algunas acusaciones que le han surgido últimamente, no lo dejan bien parado.
Housni Jaller en su paso por la Asamblea Departamental hizo parte de la media docena de asambleístas que aparecieron desviando viáticos de la corporación para viajes personales; en su caso un viaje a New York por el que la Procuraduría alcanzó a formularle cargos por delitos contra la administración pública y la Fiscalía alcanzó a dictarle medida de aseguramiento, por lo que antecedentes de sus comportamientos existen desde los años noventa.
Contra Jack Housni Jaller el exgobernador Álvaro Archbold Núñez denunció presuntas gestiones suyas (prohibidas por Ley) ante el Ministerio de Protección Social para lograr el nombramiento de cinco directivos de la Junta Directiva de la Caja de Compensación, y luego gestiones para que se le reintegrara el valor de los tiquetes de tres de los candidatos, pagados previamente por el congresista a la agencia Islatur A´Alianxa Ltda., que le expidió la factura de venta N0. 102682 del 10 de marzo de 2014. Estas pruebas fueron filtradas por instrucciones de su hoy aliado Julio Gallardo Archbold a instancias del entonces director de la Caja, Charles Carreño Corpus.
Para el exgobernador y abogado Álvaro Archbold Núñez, nos encontraríamos frente a una violación de la Constitución Política que en el artículo 180, expresa que los congresistas no podrán “(…) celebrar contratos o realizar gestiones con personas naturales o jurídicas de derecho privado que administren, manejen o inviertan fondos públicos o sean contratistas del Estado o reciban donaciones de éste. Y las consecuencias que establece el artículo 183, para los congresistas será la pérdida de su investidura por violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, o del régimen de conflicto de intereses.
“Y para el caso que nos ocupa nos encontraríamos frente a una violación al régimen de incompatibilidades con las consecuencias anteriormente manifestadas. Es decir, estaríamos visionando una conducta tipificada por el ordenamiento constitucional, sancionada con la pérdida de la investidura por parte del congresista que se encuentre enmarcado dentro de la violación de la norma con la conducta desplegada”
Adicionalmente, de Jack Housni Jaller The Archipiélago Press tiene otra prueba de una presunta concusión por haber presionado a un depositario de la DNE dadivas para no pedir su cargo, la cual ya hace parte de una denuncia formal que se está radicando ante la Corte Suprema de Justicia para la respectiva investigación.
De modo que nos encontramos en un momento de la vida pública de las islas en la que estamos frente a un importante sector de la dirigencia política del archipiélago en la que una relación incestuosa, un maridaje entre unos y otros, les permite revolcarse a todos en el mismo fango de la corrupción.
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