Desde hace 6 meses la Unidad Nacional del Protección (UNP) niega el acceso a la información a la familia del periodista Rafael Moreno, asesinado en octubre del año pasado en Montelíbano, Córdoba. La familia busca acceder a los documentos del trámite de protección individual y la valoración de riesgo, así como la implementación del esquema que el periodista tenía al momento de ser asesinado. Este viernes, la Corte Constitucional estudiará si selecciona este caso para revisión, lo cual implica que se analice el caso y que sea este Tribunal quien tome una decisión de fondo.
Antes de su asesinato, Moreno había denunciado ante la Fiscalía General de la Nación y la UNP una serie de amenazas de muerte de las que había sido vítima desde 2019. Precisamente, por este motivo, la familia busca acceder a información clave para garantizar su derecho a la verdad, la justicia y la reparación integral de la familia. Esto ya que se han evidenciado fallas en el trámite de protección adelantado por la UNP.
Desde enero de este año, la UNP se ha negado a entregar la información argumentando que está sometida a reserva, pues se trata de datos personales cuya divulgación indiscriminada podría generar una vulneración al derecho a la intimidad y la privacidad del periodista. Frente a esto, la UNP no ha argumentado de manera justificada, cuál es el daño, presente, probable y específico que negarle la información a la familia del periodista. Además, le exigió a la familia requisitos que a todas luces resultan irracionales, imponiendo una carga imposible de cumplir, como la exigencia de un poder especial otorgado por el difunto periodista.
En caso de la información solicitada por la familia de Rafael Moreno a la UNP, se debe considerar que la Corte Constitucional ha determinado que el derecho a la intimidad de una persona que ha fallecido no es absoluto, por lo tanto, se puede realizar el levantamiento de la reserva de información de carácter reservado a los familiares más cercanos, cuando es necesaria para garantizar otros derechos, como lo es en este caso el derecho a la verdad, la justicia y la reparación.
La respuesta de la entidad, demuestra una falta de análisis riguroso del caso y obstruye el acceso a información fundamental para determinar si hubo errores por parte de la UNP a la hora realizar el análisis de riesgo e implementar las medidas de protección.
Hacemos un llamado a la Unidad Nacional de Protección, para que garantice los derechos de los familiares de Rafael Moreno, y haga entrega de la información solicitada sin ningún tipo de dilación. Esperamos que la Corte Constitucional revise el caso entendiendo la necesidad de que las víctimas accedan a la verdad, así como la urgencia de la transparencia en el mecanismo de protección. Esto es el primer paso para avanzar en la investigación y reparación de las víctimas, y para combatir la impunidad en crímenes contra periodistas: en el 78% de los homicidios no existe ningún tipo de condena a los responsables.
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