En dos décadas la población crecerá en la mitad de lo que hoy habita la isla. San Andrés requiere complementar las políticas de control migratorio con una política pública de control de natalidad para poder frenar el crecimiento poblacional, por que a través de esa vía en los próximos 20 años por vía de nacimientos la isla sumará la mitad de la población que hoy día certifica el DANE, es decir 36 mil nuevas personas con absolutos derechos a circulación y residencia en el territorio insular, donde anualmente nacen cerca de 1.800 niños.
Esta es la principal conclusión de un trabajo académico realizado por estudiantes de la Especialización de Gestión en Administración Pública en el año 2014 en San Andrés y retomada por estudiantes de derecho del Colegio Universitario de Colombia de Bogotá que proyectaron una propuesta de política pública de control de la alta natalidad para los próximos 20 años y que implica la implementación de un Plan estratégico integral que frene en principio y controle progresivamente el problema y que incluya educación especializada, salud, prevención, suministro de anticonceptivos, capacitación, promoción y divulgación, charlas, etc. respecto a los riesgos y consecuencias que conllevan los embarazos no planificados y que permita idear e implementar estrategias de ampliación de cobertura en el suministro de métodos anticonceptivos, con especial énfasis en sectores vulnerables de la población.
Esta situación se presenta por qué a pesar de que el Estado ha desarrollado políticas públicas para enfrentar el desmesurado crecimiento poblacional del Departamento Archipiélago de San Andrés y Providencia tendiente a frenar las migraciones que en los años 80 sobrepoblaron el territorio insular estimuladas por el mismo Estado, se ha olvidado de atacar otro de los factores que contribuyen a la alta densidad demográfica y es la alta tasa de natalidad en las islas que genera año tras año un progresivo crecimiento de la población en las islas.
El decreto 2762 de 1991, solamente se ocupó de crear mecanismos de control migratorio a lo que se suma la ineficacia de la misma dependencia en ese control migratorio y la falta de políticas de salud sexual y reproductiva entre la población joven y activa, la densidad demográfica del archipiélago sigue incrementándose desmesuradamente.
Según los estudios académicos citados, para el año 2005 Según el Censo poblacional realizado por el Departamento Nacional de Estadísticas. DANE, la población del Archipiélago corresponde a 70.554 habitantes; densidad poblacional que supera los 2.600 habitantes por Km2 aproximadamente. La misma estadística oficial revela que anualmente nacen en San Andrés 1.800 niños. La Tasa de natalidad en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina es de 18,34%, por debajo del nivel nacional (19,86) pero significativamente más alta que en ciudades como Bogotá (16,90%) y Antioquia (17,92) ciudades y Departamentos mucho más grandes y que no están limitadas por restricciones geográficas de espacio como es el caso de este territorio insular. La tasa de mortalidad en las islas es de 4,86%, por debajo del nivel nacional (5,81%) y es la tasa más baja después de Bogotá (4,39%), lo que implica que el archipiélago es uno de los lugares en donde menos muertes se registran en el país, situación que agudiza la sobrepoblación, pues conjuga altos niveles de natalidad con bajos niveles de mortalidad.
Contrario al diagnóstico del Plan de Desarrollo Departamental, según el cual “en el territorio insular hoy día la sobrepoblación es causada por los altos índices de migraciones” de acuerdo con el DANE la tasa de migración al archipiélago es negativa, es decir, lejos de presentarse inmigración lo que se evidencia es la emigración de población, por tanto las estrategias planteadas en el Plan de Desarrollo están enfocadas en atacar una problemática que está mal identificada.
“Nuestra propuesta pretende afectar la situación de sobrepoblación en el archipiélago a través de la identificación de estrategias encaminadas a reducir los altos niveles de natalidad, porque hasta ahora no ha sido señalada como factor que incide en la desbordada sobrepoblación en el territorio insular, lo cual ha impedido que se determinen estrategias puntuales para reducir los niveles de gestación que actualmente se registran en las islas, que a su vez sirvan de estrategia para disminuir los múltiples efectos asociados como son “el aumento en el impacto ambiental, Insuficiencia de empleos disponibles, falta de espacios para la construcción de viviendas, saturación y lentitud del tránsito vial, incremento en la desigualdad y pobreza, de oportunidades tanto sociales como económicas y culturales y se fomentan los intercambios de recursos de forma ilegal y desmedida”.
La propuesta lo que pretende es que se empiece a concientizar a la comunidad y a las autoridades de la necesidad de crear una política encaminada a intervenir en los niveles de natalidad que se presentan en el territorio insular como aporte a menguar los efectos de la sobrepoblación y con esto mejorar la calidad de vida en el departamento, para lo cual se tendrá que intervenir en dos componentes fundamentales antes que entrar a determinar medidas prohibicionistas o limitativas del número de embarazos en las parejas u hogares de las islas.
Tales componentes son en las áreas de la salud y la educación mediante programas y campañas tendientes a promover la infertilidad con el uso de preservativos en hembras y varones, ya que sólo un 5 por ciento de las mujeres en unión utiliza el condón en sus relaciones sexuales, mientras que un 95 por ciento no toma ningún tipo de precaución en las islas, según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2010.
Igualmente se propone que se profundice e intensifique en los pensum educativos en salud sexual y reproductiva en estudiantes de primaria y secundaria hasta undécimo grado, ya que la población joven de las islas está empezando a embarazarse desde los 13 años y donde más se recibe información sobre educación sexual es en los hospitales y no en las escuelas. El 19 por ciento de las adolescentes de San Andrés (entre 15 y 19 años) ya es madre o está embarazada de su primer hijo. Hay que indicar que el 89 por ciento de las mujeres menores de 25 años ha participado alguna vez en actividades sobre Educación sexual. Las personas de las que más se recibe información es de un proveedor de salud o un profesor/a de anatomía, y solo un 17 por ciento lo ha recibido de un profesor/a de educación sexual. Una tercera propuesta pretende que se proceda a dar apertura a una oficina de Profamilia que contribuya a estimular todas estas políticas de planificación familiar, y permanente diagnóstico del fenómeno a través de las Encuestas de Demografía y Salud.
La importancia del control de natalidad
Uno de los principales criterios del porqué de la necesidad de implementar una Política Pública de control de natalidad radica en las teorías económicas que advierten las dificultades que traen para la población el crecimiento descontrolado frente a la producción de bienes y servicios para su consumo y supervivencia. La principal teoría en este sentido fue la que expuso Thomas Robert Malthus, economista inglés que en 1798 escribió “Un ensayo sobre el principio de la población”, obra en la que abordaba el incipiente desequilibrio entre “incremento natural de la población y de los alimentos”. En la práctica, según Malthus,
mientras que la producción de alimentos aumenta en progresión aritmética (1, 2, 3, 4…), la población crece en progresión geométrica (2, 4, 8, 16…), de modo que “la época en que el número de los hombres es mayor que el de los medios de subsistencia, ya ha llegado desde hace tiempo”.
Teoría ésta que cobra máxima relevancia en un territorio de tan reducida extensión y de fragilidad ambiental por el agotamiento progresivo de sus recursos naturales y de sus fuentes de abastecimiento para la supervivencia de sus pobladores, lo cual obligó a medidas de control migratorio por el Estado avaladas por la Corte Constitucional en su sentencia C 530 de 1993, donde advirtió de ese peligro para la supervivencia de las presentes y futuras generaciones de las islas.
La propuesta de política pública planteada hizo una proyección de resultados que permitan reducir por lo menos a la tercera parte de la totalidad los nacimientos de hoy en el séptimo año de implementada la misma, y a la mitad en el decimo año. Y a partir de ahí, mantener controladas las tasas de natalidad, que caminen de la mano de las políticas de control migratorio para racionalizar la densidad poblacional de las islas en procura de evitar un desequilibrio entre la cantidad de pobladores y el consumo de recursos naturales y fuentes de abastecimiento, e incluso de uso del espacio territorial.
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