Por Jorge Enrique Robledo
Ex senador de la República.
Desde hace años, antes del actual gobierno, en el magisterio ya había consenso en que su sistema de salud necesitaba modificaciones de importancia, para que más recursos les llegaran a los afiliados y a sus familias, 800 mil personas regadas por todo el país y con el 40 por ciento de ellas sufriendo por males crónicos y catastróficos.
Como el modelo que se inventó Gustavo Petro implicaba suscribir miles de nuevos contratos con IPS privadas, mixtas y públicas y farmacias, eran evidentes sus complejidades y sus riesgos.
Acercándose a la fecha del cambio fijada por el gobierno, que se diseñó con el absurdo de que se ejecutara de un día para otro, crecieron las preocupaciones porque las cosas salieran mal. Pero Gustavo Petro, que controlaba todas las instancias de decisión, con la soberbia que lo caracteriza, en vez de escuchar y buscarle salidas a un proceso de transformación muy complejo, decidió que empezara, sin transición, el primero de mayo.
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Dadas las muchas preocupaciones, el Comité Ejecutivo de Fecode consiguió una cita con Gustavo Petro en la Casa de Nariño. Y entre las observaciones que le hicieron, Victoria Avendaño, con cordialidad y franqueza, le explicó que ese proceso podía fracasar.
Ante esa razonable opinión, Gustavo Petro le soltó que el problema consistía en que ella “era uribista y seguidora de la senadora María Fernanda Cabal”, afirmación que, de haber sido cierta, no le restaba matonería autoritaria al trato de Petro a una dirigente nacional del magisterio. Pero además fue una frase que Petro tiró a sabiendas de que mentía, como lo sabían todos quienes estaban en la reunión, incluida la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez.
Ahora, cuatro meses después de entrar en vigencia, el sistema de salud del magisterio es un desastre, que apenas les ofrece una atención muy mediocre a las necesidades más básicas y casi nada a los problemas complejos, condición empeorada por el pésimo acceso a los medicamentos, al tiempo en que sí les cobran a los educadores por unos servicios que no están recibiendo.
Que no nos sorprendan entonces los reclamos de los maestros y las maestras que aparecen en los medios y que esas protestas crezcan, a la par con la mala la atención y la posibilidad de que la paciencia se agote, en un asunto que es, literalmente, de vida o muerte y que exige soluciones prontas.
Porque además es con los aportes del magisterio, por más de 16 billones de pesos en cuatro años, con los que la Fiduprevisora contrata con IPS públicas, mixtas y privadas y con empresas de medicamentos, sin que medien licitaciones. Una manera de decidir muy discutible en su legalidad y eficiencia porque a los favorecidos los están escogiendo “a dedo”, práctica que facilita los contubernios corruptos, como se comprobó en la Unidad de Control de Riesgos (UNGRD).
Cuando estalló el escándalo además se supo que el presidente de Fiduprevisora pertenecía a un clan de la politiquería tradicional, personaje que fue reemplazado por otro del mismo corte. Y que una empresa favorecida en este contrato por 75 mil millones de pesos anuales pertenecía al clan de Euclides Torres, gran financista de la campaña de Petro, que así sumó contratos oficiales en este gobierno por $255 mil millones.
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