Ese cuestionamiento lo formuló el gerente de Hotel Casablanca Germán Arenas Tobian el 17 de abril de 2017 en oficio de respuesta al entonces secretario de Planeación Salvatore Castellote Mora, donde le inquiere al funcionario departamental, «porqué usted permite la utilización del espacio público en la misma zona, con la venta de alimentos que son exhibidos sobre una mesa y son consumidos por los clientes del negocio en el mismo lugar, de pie o haciendo uso de sillas plasticas».
La referencia que entrega el gerente de Casablanca es la esquina del almacén La Casa del Reloj, sobre la vía Peatonal, frente a la Playa.
Tradicionalmente en ese sitio se han ubicado desde hace muchos años, mujeres cabeza de hogar y matronas Isleñas que venden comida de la gastronomía Isleña, a través de las llamadas Fair Tables.
«Me indicará la razón por la cual a estas personas no se les envió la carta circular y cuáles son los actos administrativos expedidos por autoridad competente que las autoricen para ejercer las actividades indicadas. Si ellos existen le ruego enviarnos las copias pertinentes», advertía la misiva del gerente de Casablanca a Castellote Mora.
Recientemente el abogado José Manuel Gnecco Valencia en escrito remitido a esta redacción explicó que el Gobierno no había podido demostrar que el espacio que está ocupando un deck del hotel sobre la Peatonal donde se utilizan sillas, mesas y jardineras para la atención de sus huéspedes y clientes sea espacio público, y por el contrario es espacio privado.
Esto en respuesta a una investigación de THE ARCHIPIÉLAGO PRESS que reveló que la Contraloría Departamental avanza en una investigación fiscal contra 27 funcionarios del Comité Técnico de Espacio Público a los que pretende imponer sanciones fiscales por 680 millones de pesos por no haber ejecutado los cobros por uso del espacio publico en la Peatonal por parte de Promociones Turísticas San Andrés, propietaria de Hotel Casablanca.
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