Un informe secreto y de uso exclusivo del Estado evidencia que, desde 2019, el Gobierno tenía una alerta sobre lo que está ocurriendo hoy en el país.
15/5/2021
“Objetivo: desestabilizar al Gobierno nacional”. Esta frase categórica sobresale en un documento reservado, conocido en exclusiva por SEMANA, que advirtió en 2019 sobre “una estrategia para generar una crisis de gobernabilidad” en el país durante el mandato del presidente Iván Duque.
Desde entonces, según lo consignado en este informe secreto del Estado, había una proyección hacia lo que iba a ocurrir en 2022 y las elecciones presidenciales, pues se hablaba ya en esa época de la intención de asegurar el “posicionamiento de un candidato presidencial de izquierda”.
El documento también advertía varios hechos relevantes. Que la movilización social sería protagonista y habría un “aumento de actividades de bloqueo”, del accionar armado de las disidencias de las Farc y de las bandas criminales, así como un marcado “aumento de índice de violencia, con una baja probabilidad de acercamiento institucional”.
Llama la atención que hoy, dos años después de elaborado este informe, el país esté viviendo una crisis semejante a la que se alertó allí, casi que al pie de la letra, como si se tratara de una partitura.
En el documento se plantea igualmente la estrategia, en una especie de pirámide, cuya primera base advierte sobre “un potencial acumulado social influenciable”. Entre otros, se asegura que los campesinos y los sectores educativos, étnicos, juveniles, sindicales, carcelarios y ambientales son los más susceptibles de ser persuadidos por estas fuerzas debido a su condición de vulnerabilidad.
En el siguiente escalón de la pirámide aparecen los grupos armados. En ese entonces ya se hablaba de seis organizaciones de orden nacional y 17 de contexto regional afines al ELN, mientras que se identifican diez entidades de orden nacional y 27 de tipo regional afines a las disidencias de las Farc. Paralelamente, se pone de presente el primer objetivo: “La crisis de gobernabilidad”.
“Visibilizar una crisis social, política, económica y de seguridad que desestime la capacidad del Estado. Insurrecciones parciales”, advierte el informe secreto. Más adelante, en la pirámide que proyecta la estrategia, se habla del afianzamiento de las plataformas nacionales, y esto da origen a un escalón superior llamado “dirección revolucionaria unificada o bloque popular”. Allí se señala una participación del movimiento político y de masas, y se proponen alianzas.
El piso siguiente en la pirámide describe las llamadas “transformaciones estructurales a la sociedad” y se menciona la presunta utilización de partidos políticos progresistas. Se trata de una etapa relacionada con la coyuntura que está viviendo hoy el país, en la que se buscan cambios radicales durante una intensa agitación social y una ola de violencia urbana sin precedentes.
Los dos últimos escalones plantean un frente amplio para llegar al poder con una figura representativa e incluso se contempla la posibilidad de un Gobierno de transición, lo cual explicaría por qué algunos sectores le apuestan hoy a la insólita idea de pretender tumbar al presidente Iván Duque, quien fue elegido en democracia con la mayor votación de la historia de la nación.
El escalón final dibuja el culmen de toda la construcción del poder popular, cuyo clímax máximo es la realización de una Asamblea Nacional Constituyente para proponer un giro de 180 grados y un cambio drástico en el modelo de país que existe hoy, en materia política y económica. El documento pone en el centro de la estrategia a la población civil, a la masa, que es sometida a un método de persuasión y disuasión de la información. Se habla de cómo crece en Colombia la influencia externa.
Varios de los motivos que se proyectaban en ese entonces para sacar a la gente a las calles son algunos de los que hoy se están viendo, y que tienen que ver con el rechazo a las reformas laboral y pensional, el incumplimiento de los acuerdos en el sector educativo, la corrupción en las entidades de carácter público y los proyectos de regulación en el ámbito social.
El informe cita que manifestaciones violentas de este tipo se vivieron en ese momento en la región, y habla del V Congreso del ELN, que determinó “una estrategia enfocada a generar una crisis de gobernabilidad, estableciendo una dirección revolucionaria unificada, que consiste en la unión con las disidencias de las Farc, bases sociales y algunos partidos políticos, entre otros, buscando un cambio estructural en el Estado (…) que proyectan una convocatoria denominada un verdadero paro nacional”.
Según el documento, la idea de esa convocatoria es paralizar la producción, el transporte, el comercio, los centros educativos públicos y privados, y otras organizaciones estatales.
¿Curiosidad o no? Esto es justamente todo lo que hoy está sufriendo Colombia.
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