El anuncio de investigación disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación sorprende no solo por las circunstancias imprevisibles del fenomeno natural, sino además por que el mandatario estaba suspendido y tan solo 68 días después de posesionarse, su administración debio enfrentar la declaratoria de Pandemia y de una prolongada cuarentena que paralizó incluso la administración que solo se concentró en las acciones para enfrentar el Covid19.
Everth Hawkins Sjogreen se posesionó el 1 de enero de 2020, apenas se estaba acomodando en la silla de gobernador, cuando estalló a nivel mundial la Pandemia del Sars CoV2 o Covid19 que obligó al cierre total de la isla, al igual que todo el mundo, y en esa prolongada Cuarentena, la isla solo pudo recibir vuelos humanitarios de la Fuerza Aerea y Armada Nacional con ayudas que enviaba la Unidad Nacional de Gestion de Desastres, UNGRD, no pensando en una calamidad natural sino en una emergencia sanitaria.
San Andrés para entonces no tenia sino nueve camas de Unidad de Cuidados Intensivos, no habia cementerio suficiente, ni horno incinerador para atender una eventual tragedia por el numero de muertes que el Ministerio de Salud calculaba para las islas en cerca de 850 fallecimientos, por lo que debio concentrar sus esfuerzos en construir un nuevo pabellón de UCI Covid19, con 23 nuevas camas UCI, un nuevo cementerio y un horno crematorio, al tiempo que suministraba mercados alimenticios para las comunidades afectadas por la falta de dineros para cubrir sus necesidades mientras permanecian en cuarentena.
Todo eso en medio de las investigaciones que ya la Fiscalía adelantaba en contra del mandatario por una de las contrataciones para atender la Pandemia y luego la suspensión del cargo en el mes de septiembre.
A esto se suma que en el 2020 Hawkins Sjogreen tuvo que ejecutar el presupuesto que en 2019 aprobó la Asamblea anterior en el gobierno de Toney Gene Salazar que fue la que preparó y tramitó dicho presupuesto, donde debieron haberse previsto los recursos para enfrentar en el año siguiente cualquier riesgo de huracanes.
Por si fuera poco, el Plan de Desarrollo del gobierno de Hawkins Sjogreen debía aprobarse en sus primeros cuatro meses de ese año, y le tocó tramitar su aprobación en medio de la Pandemia por lo que su socialización debió hacerse de manera virtual y en el mismo todas las acciones aprobadas iban dirigidas a la Pandemia del Covid19 que concentraban las necesidades más apremiantes del momento.
Estas circunstancias configuran un estado de fuerza mayor que le eximen al mandatario de responsabilidad juridica alguna, sumado a la imprevisibilidad de que se supiera que un huracan categoria 5 afectaría las islas. Y las circunstancias ameritaban que todos los esfuerzos se concentraran en atender la Pandemia que al día de hoy ha cobrado en las islas mas de 150 muertos, en tanto que los fallecidos del huracan Iota fueron cuatro.
Para el día en que el huracan Iota devastó Providencia y Santa Catalina, Hawkins Sogreen cumplia 52 días separado del cargo y confinado a su domicilio por una orden judicial de un Tribunal Superior de Bogotá que acepto la medida que en su contra imputó la Fiscalia General.
Adicional a todo, el mandatario no hubiera podido impedir que el huracan destruyera toda la infraestructura pública y privada de las islas; los albergues a pesar de sus deficiencias ofrecieron resguardo a los pobladores que se refugiaron en ellos, y se salvaron las miles de vidas de los providéncianos.
LA INVESTIGACION
A dos años del desastre ocasionado por el huracán Iota en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, la Procuraduría evidenció la inexistencia de un plan de contingencia en la pasada temporada de huracanes y tormentas tropicales. Por ese motivo, abrió una investigación disciplinaria en contra del gobernador Everth Julio Hawkins.
Para el ente de control, hubo una presunta falta de ejecución de acciones para enfrentar dicha temporada por parte de Hawkins, quien no habría alistado albergues y refugios para la atención y protección de los habitantes del archipiélago. Además, tampoco habría adelantado acciones definitivas por las familias ubicadas en zonas potencialmente riesgosas e incumplido el cronograma definido para la puesta en marcha de refugios provisionales.
A su vez, el Ministerio Público también investiga la actuación de Walden Dawns Pomare, coordinador de la Unidad de Gestión del Riesgo de San Andrés, y también al alcalde de Providencia, Jorge Norberto Gari Hooker.
Así las cosas, los tres podrán solicitar ser escuchados en versión libre, mientras el ente de control busca establecer su responsabilidad, las situaciones denunciadas y si constituyen falta disciplinaria, y esclarecer los motivos y las circunstancias de lo ocurrido. Con información de EL COLOMBIANO
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