La carta, obtenida por La Silla Vacía, está firmada por dos de los miembros independientes de la Junta Directiva. Son Juan José Echavarría, el exgerente del Banco de la República y representante de los cerca de 250 mil accionistas minoritarios, y Luis Alberto Zuleta, también miembro independiente.
La carta confirma la salida de los dos miembros de la Junta de la compañía más grande del país, que ya había sido revelada por La Silla, luego de que el presidente, Gustavo Petro, tumbara un negocio de fracking en Estados Unidos. Con eso, el ente principal del gobierno corporativo nombrado en mayo de 2024 queda roto y su independencia cuestionada. Además, pone en evidencia cómo el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, buscó ocultar la injerencia del presidente Petro en sus declaraciones públicas, con afirmaciones que Zuleta y Echavarría desmienten.
En el documento están los detalles de cómo se cayó el negocio para adquirir una parte de la operación del proyecto Crownrock, propiedad de la Occidental Petroleum Company (Oxy) en la cuenca del Permian en los Estados Unidos. La Junta había considerado favorable la inversión de unos 3.500 millones de dólares para “las utilidades, la producción y las reservas de la empresa”, pero recibió un veto presidencial. Habría sido el negocio más grande del 2024 para una compañía colombiana.
Según los miembros disidentes, el proyecto “habría impulsado al alza la acción de Ecopetrol en el mercado local y en la Bolsa de Nueva York, beneficiando a más de 250 mil accionistas en Colombia y en el exterior”. Y, si bien requería adquirir una deuda enorme, “implicaba una expansión cercana a 10% en reservas y en producción y cercana a 15% en las utilidades de Ecopetrol. El proyecto era tan rentable que las utilidades financiarían las necesidades de caja(…)”. Por esa vía, también le habría reportado más plata al mismo gobierno nacional, que hoy en día recibe entre el 10% y el 15% de sus ingresos de la petrolera.
El documento ofrece un testimonio interno de cómo en Ecopetrol queda maltrecho el gobierno corporativo, es decir, los órganos y procedimientos que buscan separar el manejo político —en una compañía donde el gobierno tiene el 81% de las acciones— de los intereses de negocio de la empresa y de sus otros accionistas minoritarios. Ecopetrol, además, tiene varias obligaciones legales por ser una empresa que cotiza en bolsa en Estados Unidos y Colombia. Pero la Junta de la petrolera funciona guiada por el radicalismo ambiental de un presidente antipetróleo.
En cinco páginas, los economistas cuentan cómo el negocio se fue al traste después de una reunión de Roa, unos miembros de la Junta, y el presidente Petro. El veto llegó luego de meses de evaluación interna, con la aprobación de dos comités de la Junta de Ecopetrol, largas negociaciones con Oxy, y tras haber informado ya al mercado. Además, fue solo un día del plazo para cerrar el negocio sin incurrir en multas.
“El 31 de julio de 2024 en la tarde nos informaron que, en una reunión informal en Piedecuesta, Bucaramanga, el Presidente Gustavo Petro había manifestado a Ricardo Roa y a varios miembros de la Junta no estar de acuerdo con el Proyecto”, dice la carta.
Antes de esa reunión, en mayo de 2024, la Junta ya había votado mayoritariamente para aprobar el negocio, según relatan Echavarría y Zuleta. Según supo La Silla por una fuente enterada de las deliberaciones, fue con una votación de siete contra dos.
Los dos votos negativos fueron los de Ángela María Robledo, la exfórmula vicepresidencial de Petro en 2018, y Tatiana Roa, exviceministra de Ambiente de este gobierno. Ambas representan la visión más activista y ambientalista dentro de la Junta, donde el gobierno Petro puede nombrar a la mayoría de sus miembros.
En la segunda votación, tras la reunión con Petro, la Junta volvió a votar y ganó la decisión de no hacer el negocio, en una decisión muy dividida de cinco contra cuatro. Cambiaron su voto Guillermo García Realpe, un político liberal nariñense, Edwin Palma, exviceministro de Trabajo de Petro y sindicalista de la USO, y Álvaro Torres, representante de los gobernadores. El cambio de opinión de Palma resuena especialmente, pues la decisión de tumbar el negocio de fracking fue criticada por la USO, que con Palma tenía a un representante por primera vez en la Junta Directiva que optó por seguir la visión de Petro.
Echavarría y Zuleta dicen que las razones por las que Petro se opuso al negocio, según se discutió en una junta express tras el encuestro presidencial, fueron que “se invertía en fracking, significaba endeudar más a Ecopetrol, e implicaba enviar recursos desde Colombia al exterior”.
Con la carta la credibilidad de Roa también queda maltrecha. El presidente de la compañía, quien antes fue gerente de la campaña presidencial de Petro, negó que Petro le hubiera puesto el “freno de mano” al negocio. Además, afirmó que la decisión final se debió a “los riesgos financieros que representaba para la compañía”. Sin embargo, Echavarría y Zuleta reseñan cómo Fitch, una calificadora de riesgo, había comunicado que el proyecto, para el cual Ecopetrol se tenía que endeudar, “no afectaría significativamente el perfil crediticio de la compañía”.
Los dos miembros también cuestionan los argumentos ambientales para no seguir adelante con la compra de CorwnRock. “La emisión promedio de CO₂ por barril es menos de una octava parte en el Permian que en los campos operados por Ecopetrol en Colombia”, afirman. Serían emisiones, además, que se contabilizarían a las producidas por Estados Unidos.
Al cierre de su carta Echavarría y Zuleta anuncian que harán efectiva su renuncia “una vez contemos con la posibilidad de aprobar las actas de las reuniones anteriores de la Junta Directiva”.
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