El pasado viernes, se llevó a cabo el primer comité de justicia transicional en la isla de San Andrés, donde la Unidad para las Víctimas y entidades del archipiélago acordaron acciones dirigidas a atender a la población víctima residente en la isla.
El director territorial de la Unidad para las Víctimas en la zona, Arturo Zea Solano; el gobernador del archipiélago, Ronald Housni; el director de la Oficina de Control, Circulación y Residencia (OCCRE), Joseph Barrera; representantes de la Defensoría del Pueblo y otros funcionarios públicos acordaron incorporar los programas dirigidos a las víctimas en el proceso de elaboración de los Planes de Desarrollo de las entidades territoriales.
En estos planes se fijan cuáles van a ser las políticas de las entidades y cuáles son los desafíos que se van a abordar durante el mandato, en este caso, en relación con los afectados por el conflicto armado.
“Hemos adelantado el proceso de documentación, con el fin de indemnizar a las víctimas que ya están regularizadas en la isla e incentivar el retorno o reubicación. Es importante garantizar que las personas tengan sus recursos, sientan el apoyo institucional y no se encuentren abandonados en las nuevas ciudades a donde sean reubicados o retornen”, informó Arturo Zea.
Durante el diálogo se abordó la cuestión de la “sobrepoblación” de San Andrés, al tiempo que se recordó que “el nivel de víctimas en la isla es muy bajo, son cifras manejables”. Durante el encuentro con la Mesa de Participación de Víctimas, estas mantuvieron su compromiso de no estimular el traslado de personas hacia la isla. Por su parte, el Gobierno reiteró su voluntad de apoyar los retornos y reubicaciones de las familias víctimas que así lo deseen de manera voluntaria.
El año anterior la Unidad para las Víctimas acompañó la reubicación de dos familias y, para 2016, se seguirá trabajando con las entidades territoriales de otras partes del país para que las víctimas que deseen retornar a sus lugares de origen o reubicarse lo puedan hacer con garantías.
Durante el comité, también se abordaron aspectos como los enfoques diferenciales, según lo que establece el Decreto Ley 4635 para comunidades raizales, afrocolombianas y palenqueras, entre otros temas.
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