A esto se le suma que la Procuraduría anunció investigaciones por las irregularidades en los trámites de este documento.
Investigación a excancilleres Murillo y Sarabia y a jefe de despacho presidencial, Alfredo Saade, por presuntas irregularidades en trámite para elaboración de pasaportes.
Al parecer, Murillo y Sarabia vulneraron los principios de planeación y responsabilidad y Saade habría incurrido en una extralimitación de funciones.
*Bogotá, D. C., 9 de de julio de 2025 (@PGN_COL).* La Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de una investigación disciplinaria contra Luis Gilberto Murillo Urrutia y Laura Camila Sarabia Torres, en su condición de ministros de Relaciones Exteriores, y Alfredo Saade Vergel, jefe de despacho presidencial, por las presuntas irregularidades en que incurrieron para garantizar la elaboración y distribución de los pasaportes de los colombianos.
La Sala Disciplinaria de Instrucción del Ente de control, indicó que posiblemente, en el caso de Murillo y Sarabia no estructuraron de manera eficiente y oportuna el proceso durante el tiempo que cada uno ocupó la cartera ministerial, aunado al hecho de que en el caso de Murillo habría usado en forma indebida la figura de la declaratoria de urgencia manifiesta surtida en septiembre de 2024.
En el caso de Sarabia Torres, habría conocido en abril de 2025 que el cronograma propuesto era inviable para la implementación del nuevo modelo, con ocasión del proceso adelantado con la Casa de la Moneda de Portugal, así como la falta de capacidad operativa de la Imprenta Nacional.
El Ministerio Público señaló que en el caso de Saade, presuntamente se extralimitó en el ejercicio de sus funciones, al haber impartido órdenes a funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, para que racionalizaran la asignación de citas para la expedición de pasaportes.
Dentro de las pruebas que se ordenaron para el desarrollo de esta etapa procesal, se solicitó el apoyo técnico de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría, para que a través de inspección a la Imprenta Nacional, determine si tiene o no la capacidad técnica para asumir la impresión, personalización y distribución de los pasaportes.
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