(Captura de imagen tomada de Internet)
En desarrollo de la reunión entre la comunidad raizal y el ministro de vivienda, Luis Felipe Henao Cardona, con presencia del viceministro de agua, Carlos Eduardo Correa Escaf, el gobernador de San Andrés, Ronald Housni Jaller y otros funcionarios del gobierno local y nacional, la autoridad raizal transitoria representada en su presidente Raymond Howard y el secretario Walt Hayes, manifestaron que “para la garantía del respeto de los derechos y la reparación e indemnización de los daños del pueblo raizal se exige que las plantas desalinizadoras que se adquirirán como solución a los daños hechos al recurso natural y el agotamiento de recurso de agua, serán operadas y administrados por el pueblo raizal, para el cual se solicita al gobierno nacional y departamental que haga todos los trámites y actos administrativo así como el apoyo a la Autoridad Raizal para la conformación de una forma organizativa propia para la operación de las soluciones de agua y saneamiento básico y se le transfiera la infraestructura una vez instalada”. El párrafo corresponde a una carta enviada al gobernador Housni en la que además informan que la “autoridad hará todas las acciones con el fin de que la Unesco y el programa MAB llegue a las islas a fin de verificar el cumplimiento de los compromisos que tiene el estado colombiano para con la reserva de biosfera ‘Seaflower’, y le solicitamos que revise la política poblacional presentado por Coralina y que se inicie de manera inmediata el estudio de capacidad de carga y de la densidad poblacional de la isla de San Andrés a fin de determinar la presión que sufre los recursos naturales y las acciones definitivas para hacer de la isla un espacio con desarrollo sostenible y respeto al derecho de un ambiente sano”, dice la misiva leída en el marco de la reunión en la que se firmó el convenio por $7500, millones para la instalación de una nueva planta desalinizadora
Calamidad y aceptación
Para la autoridad raizal la declaratoria de calamidad es “la aceptación por parte del Estado que existe una crisis como del resultado del mal manejo del recurso hídrico por parte del gobierno colombiano y el aumento desmesurado de la sobrepoblación que rebasa todos los límites de presión que pueda resistir este territorio y sus recursos y al que se le suma la violación de los derechos del pueblo raizal a decidir sobre los recursos de su territorio”, indica la carta.
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