San Andrés, 8 de abril de 2026 – Tras casi un año de intensos debates procesales, la Sección Quinta del Consejo de Estado emitió la certificación de ejecutoria de la sentencia de única instancia del 3 de abril de 2025, declarando en firme la nulidad absoluta de la elección de Nicolás Iván Gallardo Vásquez como gobernador del departamento archipiélago para el periodo 2024-2027. Con esta providencia, el alto tribunal pone fin definitivo al mandato del exmandatario y ordena su inmediata separación del cargo.
La decisión se fundamenta en la causal de doble militancia prevista en el artículo 2 de la Ley 1475 de 2011 (Estatuto de los Partidos y Movimientos Políticos) y en el numeral 8 del artículo 275 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA – Ley 1437 de 2011). Según la sentencia, Gallardo Vásquez, avalado exclusivamente por el Partido Liberal Colombiano para la gobernación, incurrió en la prohibición expresa de “apoyar candidatos distintos a los inscritos por el partido o movimiento político al cual se encuentre afiliado”. Las pruebas determinantes incluyeron un video en el que el entonces candidato respaldó de manera clara e inequívoca a aspirantes a la Asamblea Departamental avalados por el Nuevo Liberalismo, partido diferente al suyo.
Un proceso marcado por dilaciones y sanciones procesales
Aunque el fallo de nulidad electoral fue proferido el 3 de abril de 2025 en única instancia —lo que en principio lo hacía inmediatamente ejecutable—, el equipo jurídico del exgobernador interpuso múltiples memoriales, aclaraciones, adiciones, recusaciones y recursos de reposición que dilataron la ejecutoria durante once meses. Estas actuaciones fueron consideradas por la Sección Quinta como “impertinentes y dilatorias”, al punto de que, el 25 de marzo de 2026, la corporación compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación (y adicionalmente a la Comisión de Disciplina Judicial) para que investiguen posibles conductas irregulares por parte de Gallardo Vásquez y su apoderado Richard Nicolás Martínez Olivera.
Las investigaciones que se avecinan abarcan:
- Ámbito penal: posibles delitos de fraude procesal, obstrucción a la justicia o prevaricato por acción (artículos 454 y ss. del Código Penal).
- Ámbito disciplinario: faltas gravísimas por parte del exfuncionario y sus abogados, tipificadas en la Ley 734 de 2002 (Código Disciplinario Único).
Efectos inmediatos de la ejecutoria
Con la certificación de ejecutoria del 7 de abril de 2026, se activan automáticamente los siguientes efectos jurídicos:
- Cancelación inmediata de la credencial de gobernador expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil (formulario E-26 GOB del 3 de noviembre de 2023).
- Pérdida de investidura y cesación de todas las funciones ejecutivas del departamento.
- Designación por parte del Presidente de la República de un gobernador ad hoc (encargado) mientras se convocan elecciones atípicas en el archipiélago, tal como lo solicitó formalmente el abogado demandante Carlos Alfaro Fonseca ante el Ministerio del Interior.
Contexto político y repercusiones en el archipiélago
Esta es la primera vez en la historia reciente del departamento que un gobernador electo es removido por doble militancia en modalidad de apoyo. El caso pone de relieve la rigurosidad del régimen de disciplina partidista y el control estricto que ejerce el Consejo de Estado sobre la legitimidad de los mandatarios territoriales. Fuentes cercanas al proceso indican que la salida de Gallardo genera un vacío administrativo en un territorio con graves desafíos en salud, turismo, conectividad marítima y atención a la comunidad raizal.
Mientras el exgobernador enfrenta ahora no solo la pérdida del cargo sino sendas investigaciones penal y disciplinaria, el archipiélago entra en una nueva fase de transición institucional. El Ministerio del Interior y la Registraduría Nacional tienen plazos perentorios para convocar comicios atípicos, que podrían realizarse en los próximos meses.
Con esta providencia, el Consejo de Estado reafirma su rol como guardián de la pureza del sufragio y envía un mensaje claro: las estrategias dilatorias no prosperan ante la justicia contencioso-administrativa. Nicolás Iván Gallardo Vásquez deja de ser, de manera oficial e irrevocable, el director del ejecutivo departamental de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
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