El alto tribunal avaló una norma que otorgaba el beneficio de vivienda a comunidades indígenas y afrodescendientes, pero la condicionó a que fueran incluidos los nativos de San Andrés Islas y los más de 4.500 gitanos que viven en el país.
Para la Corte era discriminatorio excluir a un grupo minoritario de un subsidio de interés social. El fallo llamó la atención al Gobierno y al Congreso para que implementen una política pública efectiva de acceso a vivienda digna con enfoque diferenciado, que atienda las particularidades socio culturales y cosmovisión esencialmente nómada.
“En orden a visibilizar una minoría discriminada y evitar la revictimización, este Tribunal reconoció el carácter de pueblo tribal de la Nación a la población Rrom o gitana, que la hace una cultura diversa en Colombia y exige del Estado una política de inclusión social”, aseguró el presidente de la Corte, magistrado Jorge Iván Palacio.
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