Les solicitó a las 23 entidades que hacen parte de la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, Uso y Utilización de Niños, Niñas y Adolescentes (Cipruna) una sesión urgente para articular esfuerzos que permitan enfrentar el fenómeno de reclutamiento de menores de edad en esta región del país.
Durante una visita humanitaria verificó de primera mano la grave situación de vulneraciones a los derechos humanos por cuenta de las acciones de cuatro grupos armados ilegales en esa región.
En su visita humanitaria al municipio de El Bagre, subregión del Bajo Cauca Antioqueño, el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, recibió quejas anónimas en las que advierte el incremento de la violencia desmedida en la zona y que los jóvenes están siendo reclutados, bajo intimidaciones, para integrarlos a grupos armados ilegales.
“En uno de los corregimientos, en donde actualmente hay una disputa de dos grupos armados, la Defensoría del Pueblo conoció que 12 menores de edad fueron reclutados recientemente de un colegio por un grupo armado. Y podrían ser muchos más casos, sin embargo, por el temor a represalias de los grupos armados, las comunidades no se atreven a denunciar ante las autoridades”, aseguró el Defensor del Pueblo.
“Insistimos en la necesaria y urgente intervención del Gobierno Nacional para evitar que los adolescentes y jóvenes sean instrumentalizados por grupos armados ilegales y obligados a realizar acciones propias de la guerra, acabando con sus proyectos de vida”, señaló Carlos Camargo al final una reunión con autoridades de los municipios de El Bagre, Zaragoza, Nechí, Caucasia.
“Nos preocupa también la deserción escolar que se presenta ante el temor de que los adolescentes y jóvenes terminen en las filas de estos grupos ilegales. Los padres y cuidadores retiran a sus hijos de los centros educativos y los mantienen en sus casas, o los envían a vivir con parientes a otros lugares, o sencillamente se desplazan. Esta es tan solo una de las consecuencias de la degradación de la guerra en esta zona de Antioquia”, explicó el Defensor del Pueblo.
De primera mano, en diálogo con las autoridades civiles y militares, el Defensor del Pueblo conoció la grave situación de vulneraciones a los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, entre ellas, las desapariciones forzadas de cinco personas en lo corrido del año y los 36 homicidios que se presentaron entre el 1 de agosto y el 6 de septiembre de 2022.
A esta situación se suman las extorsiones contra comerciantes y la comunidad; las constantes restricciones a la movilidad, en donde se imponen horarios de desplazamientos, retenes, control de vehículos y el control social a integrantes de las Juntas de Acción Comunal. En la actualidad persiste el riesgo de desplazamiento masivo en los corregimientos de Puerto López y Puerto Claver.
En esta subregión del Bajo Cauca ejercen el control territorial y están en disputas cuatro grupos armados: las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC)-Clan del Golfo, Los Caparros o Los de Abajo, el ELN y disidencias de las FARC.
Desde 2018 la Defensoría del Pueblo ha emitido en total seis Alertas Tempranas para la región del Bajo Cauca. De estas, cinco han sido de inminencia y una estructural. En la actualidad se encuentra vigente la Alerta Temprana 045-2020 y se han generado 24 oficios de consumación, de los cuales, tres fueron proyectados en 2022.
Según Carlos Camargo, es urgente que las entidades del Estado tomen acciones para detener este conflicto armado y evitar que se siga incrementando el nivel de violencia.
“Les solicito a las 23 entidades que hacen parte de la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, Uso y Utilización de Niños, Niñas y Adolescentes (Cipruna) una sesión urgente para articular esfuerzos que permitan enfrentar el fenómeno de reclutamiento de menores de edad en esta región del país. De manera especial, la Policía Nacional debe redoblar sus esfuerzos de prevención del reclutamiento, a través de su policía de infancia y adolescencia”, dijo.
“También hago un llamado a los grupos armados ilegales para que respeten los derechos humanos y el DIH y se acojan a la propuesta de Paz Total del Gobierno Nacional y dejen por fuera de sus acciones a la población civil”, puntualizó el Defensor del Pueblo.
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