Los dos primeros pagos ordenados a través de una acción de grupo para resarcir a las víctimas del trágico hecho, ocurrido hace poco más de 23 años, representan un valor cercano a los 13.000 millones de pesos.
Las dos primeras resoluciones impulsan la indemnización a 172 integrantes de los núcleos familiares que sufrieron graves perjuicios por la pérdida de la vida de esposos, hijos, hermanos y padres a causa de la acción indiscriminada de un grupo paramilitar.
El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, realizó la entrega de las resoluciones a integrantes de la comunidad del corregimiento El Salado (El Carmen de Bolívar, Bolívar) de los dos primeros pagos de la sentencia de la acción de grupo que favorece a las víctimas de la masacre, perpetrada por paramilitares en febrero de 2.000.
“Para la Defensoría del Pueblo, es una prioridad garantizar el resarcimiento de los perjuicios causados a las víctimas; por eso, hoy acompañamos a quienes sufrieron la masacre y el desplazamiento del corregimiento El Salado, para que reciban la indemnización ordenada judicialmente al Estado colombiano y obtengan el resarcimiento de los perjuicios sufridos”, aseguró Carlos Camargo Assis.
La Defensoría del Pueblo presenta a los beneficiarios de la indemnización la Resolución 526 del 25 de abril del 2023, que reconoce y paga los perjuicios a los 32 demandantes iniciales y 88 integrantes de sus núcleos familiares, por más de ocho mil millones de pesos ($8.808.800.000,00); como también les presenta la Resolución 1202 del 20 de junio del 2023, que ordena el pago efectivo a otros 52 integrantes de los núcleos familiares, por valor de más de cuatro mil millones de pesos ($4.004.000.000,00).
“Aunque ninguna cifra resultaría suficiente para resarcir el daño sufrido por esta comunidad, hoy podemos decir que estamos avanzando en la reparación efectiva y real que merecen las víctimas del conflicto armado en Colombia. Por eso, cuenten con nuestro compromiso total para culminar prontamente este proceso de pago a todos los beneficiarios”, añadió el Defensor del Pueblo.
La justicia colombiana reconoció que los habitantes de El Salado sufrieron graves perjuicios por la pérdida de la vida y las lesiones de sus esposos, hijos, hermanos y padres; también, la pérdida de su sustento económico cuando tuvieron que huir apresuradamente para salvar sus vidas; pero además, perdieron su relación con la comunidad, establecida y fortalecida por todo el tiempo de convivencia, en este poblado de los Montes de María dedicado al cultivo y procesamiento del tabaco.
“Desde la Defensoría del Pueblo, con nuestra Dirección Nacional de Recursos y Acciones Judiciales, a través del Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, hemos acompañado la materialización de la indemnización ordenada por el Juzgado 13 Administrativo Oral de Cartagena, dentro de la acción de grupo. Y con la comunidad a indemnizar y su abogado coordinador, hemos trabajado mancomunadamente para hacer un proceso claro y eficaz, que permita avanzar sin tropiezos, de manera que los pagos presentados hoy a los beneficiarios y los que quedan por hacer sean realizados en el menor término posible”, concluyó el Defensor del Pueblo de los colombianos.
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