Aseguró que para enfrentar a los grupos armados ilegales se requieren gobiernos regionales fortalecidos y un gobierno nacional comprometido con la seguridad en los territorios y la protección de las comunidades más vulnerables.
«Algunos alcaldes nos han manifestado que se sienten solos y a merced de los grupos armados ilegales. Por eso aprovecho esta reunión para revisar la situación de derechos humanos en el país y hacer un llamado a la institucionalidad que nos permita hacer un frente común, con el fin de detener la expansión y accionar de los grupos armados ilegales en los territorios”, señaló el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, en un encuentro con alrededor de 100 mandatarios locales y directivos de la Federación Colombiana de Municipios (Fedemunicipios).
El Defensor del Pueblo apoyó su labor y les dijo que, pese a las dificultades que se presentan, de manera particular en algunas zonas donde el conflicto armado ha tendido a agudizarse, no se puede desestimar ninguna amenaza de la que sean objeto como burgomaestres, ni intimidación alguna contra los gobernadores.
Además, se refirió a las advertencias sobre alteraciones de orden público de cara a las elecciones de octubre próximo: “Los grupos armados no pueden seguir ganando terreno, no pueden continuar imponiendo ‘su ley’; mucho menos, arrodillar al Estado. Estamos en un momento crítico en el que no podemos permitir que los violentos influyan con las armas en nuestra democracia”.
Municipios en riesgo alto
En el desarrollo de la reunión, les socializó que son 75 municipios en riesgo alto para el ejercicio de los alcaldes. Mencionó algunos de ellos: los de Cartagena del Chairá (Caquetá) y Puerto Guzmán (Putumayo) se vieron obligados a despachar desde las capitales de los dos departamentos. O los de Santa Bárbara (Nariño), San Vicente del Caguán (Caquetá) y Puerto Asís (Putumayo), que están trabajando bajo amenazas.
Por esta razón, recalcó la importancia de continuar con la dinámica de vigilancia, en articulación con los burgomaestres, a la crítica situación de vulneración a los derechos humanos por el accionar de los actores armados ilegales en todo el territorio nacional.
“Las crueles acciones de estos grupos nos afecta a todos, pero, sobre todo, a las comunidades. A la estigmatización, las extorsiones, los confinamientos, la trata de personas, el establecimiento ilícito de ‘manuales de convivencia’, entre otros actos delictivos, hay que ponerles freno”, afirmó el Defensor del Pueblo.
El fortalecimiento de las estructuras criminales
Camargo Assis también les dio a conocer informes y cifras que han recogido los funcionarios de la Defensoría del Pueblo en el país, en los que se ha evidenciado el fortalecimiento de estructuras armadas ilegales de alcance nacional que han aprovechado las regiones abandonadas por las antiguas Farc. Además, les informó sobre el surgimiento y expansión de nuevos actores regionales y locales que buscan apropiarse de las economías ilícitas en varias zonas de Colombia.
“El grupo armado con mayor presencia e influencia sobre el territorio nacional son las (AGC) -Clan del Golfo- que delinque o tiene injerencia en 24 departamentos y 392 municipios; principalmente, en el noroccidente y oriente del país. En segundo lugar, el ELN, con presencia en 19 departamentos y 224 municipios; de manera concreta, en todo el corredor de la frontera con Venezuela, como también en buena parte del Pacífico”, explicó Carlos Camargo Assis.
Entre tanto, las disidencias de las Farc lideradas por ‘Iván Mordisco’ hacen presencia en 18 departamentos y 180 municipios del suroccidente del país, la Amazonía y algunos territorios cercanos a la frontera con Venezuela. En cuarto lugar, las disidencias de las Farc denominadas Segunda Marquetalia, grupo que delinque en 14 departamentos y 69 municipios; particularmente, en el suroccidente del país, aunque tiene injerencia en Cundinamarca, Antioquia, Bolívar, Norte de Santander, La Guajira y Guainía.
A lo largo y ancho de Colombia también hay grupos de crimen organizado con alcance territorial, que son utilizados por los grupos armados ilegales mediante encadenamientos delictivos, a través de la subcontratación o tercerización de acciones criminales. Igualmente, se ha identificado presencia y operación de grupos de crimen organizado transnacional.
«Para poder enfrentarlos, se requieren gobiernos regionales fortalecidos y un gobierno nacional comprometido con la seguridad en los territorios y la protección de las comunidades más vulnerables. Desde la Defensoría del Pueblo seguiremos con nuestra labor para que alcaldes y gobernadores no continúen siendo atemorizados por los irracionales”, finalizó el Defensor del Pueblo.
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