En este momento, en el país, están activos al menos once focos de emergencia humanitaria que impactan de manera desproporcionada a comunidades campesinas, afrocolombianas e indígenas, así como a niñas, niños, adolescentes y jóvenes (NNAJ).
Estos focos los protagonizan 10 grupos armados ilegales:
1. El Ejército de Liberación Nacional – ELN
2. “Comuneros del Sur” que resultó de su fraccionamiento del ELN.
3. El llamado “Ejército Gaitanista de Colombia” – Clan del Golfo.
4. El “Estado Mayor Central” constituido por las disidencias al mando de alias “Mordisco”.
5. Una disidencia del grupo de Mordisco denominada “Frente 57 Yair Bermúdez”
6. El denominado “Estado Mayor de los Bloques y el Frente” que es el grupo de las disidencias lideradas por alias “Calarcá Córdoba”
7. Los llamados Comandos de Frontera, que hacen parte de la denominada “Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano” que antes hacía parte de la “Segunda Marquetalia”.
8. Las autodenominadas “Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada”
9. La organización criminal de “los Shotas”
10. La organización criminal de “los Espartanos”
Además de la crisis humanitaria del Catatumbo, sobre el que se ha venido reportando, durante lo corrido de 2025, hemos evidenciado que los reacomodos, fraccionamientos, expansiones y rupturas de pactos de coexistencia entre los grupos armados han provocado graves afectaciones a la población civil, por lo menos, el desplazamiento forzado de 5.452 personas, el confinamiento de 11.896 personas, 27 homicidios.
Para este momento, tenemos reporte de que se encuentran activas las siguientes emergencias:
• Chocó. Desde el 4 de febrero, la subregión del San Juan ha sido escenario de enfrentamientos entre el ELN y el llamado “EGC”, Clan del Golfo, que busca su expansión territorial en la zona. Por primera vez, hemos recibido reportes de la presencia de las disidencias al mando de alias “Mordisco” quienes estarían actuando en alianza con el Clan del Golfo para enfrentar al ELN.
Un nuevo paro armado de 72 horas fue anunciado por el ELN desde el próximo martes 18 de febrero.
En este contexto se han registrado confinamientos tras la orden de suspensión de la
navegación en la zona, así como la presencia de minas antipersona cerca de caseríos y escuelas. Hasta ahora, al menos 1.600 personas han sido afectadas por 2 desplazamientos masivos y confinamientos en la región. En particular, preocupa la situación del pueblo Wounan, que en su mayoría permanece confinado, enfrentando
graves restricciones a su movilidad y acceso a recursos básicos.
• Nariño. Debido a la confrontación entre las disidencias de Mordisco y el Frente Comuneros del Sur (resultado de su fraccionamiento del ELN), por las rutas del narcotráfico y la minería ilegal ha provocado el desplazamiento forzado de 100 familias y el confinamiento de comunidades debido a minas antipersona. (Desde la Defensoría del Pueblo se han hecho advertencias de este escenario en al menos 2 alertas tempranas).
También tenemos registro de 214 personas confinados durante la semana del 10 de febrero. Esto se habría presentado en medio de las acciones de la fuerza pública por contener la expansión de la disidencia de Mordisco. Este último grupo ha instrumentalizado a la población y la ha presionado para impedir el ingreso de la
Fuerza Pública, esto también ha causado el señalamiento y estigmatización de líderes y defensores de DDHH.
• Cauca. Se reportan disputas entre las disidencias al mando de alias “Mordisco” contra el ELN en Caldono, que ha dejado alrededor de 1.200 personas confinadas, así como desplazamientos forzados. Asimismo, se reportan disputas entre alias “Mordisco” y el llamado “Frente 57 Yair Bermúdez” que es un grupo que se fraccionó de la disidencia de “Mordisco”. Estas pugnas han generado muertes violentas dentro de ambos grupos y una disputa por el control del territorio, lo que aumenta el temor en la población.
Además, más de 1.000 personas permanecen confinadas desde hace un año en el corregimiento de Ortega, en Cajibío, bajo el control de las disidencias de “Mordisco”.
• Pacífico Vallecaucano.
o En el Bajo Calima se presenta una disputa entre el ELN, el Clan del Golfo y una nueva disidencia que se hace llamar “Wilson González”. Esta situación ha puesto en gravísimo riesgo a las 9 comunidades del Consejo comunitario del
Calima y una comunidad indígena, el Resguardo Biodiverso de Santa Rosa de Guayacán. Esto ha generado el confinamiento de 2.744 personas, también se han registrado múltiples secuestros y homicidios, con un impacto desproporcionado sobre comunidades afrodescendientes e indígenas.
o Sumado a esto, en el casco urbano de Buenaventura, la crisis se agrava con la
reactivación de la disputa territorial entre Shottas y Espartanos, tras el fin de la tregua el 5 de febrero en el marco de los diálogos jurídicos. En seis
comunidades, 938 personas permanecen confinadas debido al control territorial de estos grupos. Las comunas 10, 11, 12, 2 y 3 son zonas de constante confrontación, con un incremento significativo de homicidios, especialmente de jóvenes, y la imposición de fronteras invisibles que restringen la movilidad de los habitantes.
• Briceño, Yarumal y Valdivia en Antioquia. Se han presentado enfrentamientos entre el Clan del Golfo y las disidencias al mando de alias “Calarcá Córdoba”, lo que ha generado el confinamiento y desplazamiento forzado de al menos 135 personas y homicidios selectivos de 6 civiles.
• Bajo Cauca. Se presenta una disputa entre el Clan del Golfo y las disidencias al mando de “Calarcá Córdoba”, quien actúa en alianza con el ELN. El conflicto ha generado el desplazamiento de 370 personas de Remedios, Segovia y Anorí, y 160 en El Bagre, así como confinamientos y homicidios selectivos de civiles.
• Sierra Nevada. Se presenta la disputa armada entre el Clan del Golfo y las llamadas “Autodefensas Conquistadores de la Sierra”. Esta confrontación se manifiesta en combates abiertos, homicidios selectivos, confinamientos y desplazamientos forzados, afectando especialmente a las comunidades indígenas de los pueblos Arhuaco, Kogui, Wiwa, Kamkuamo y Wayú, así como a poblaciones campesinas y comunidades negras.
• Serranía del Perijá. Se han intensificado las disputas entre el ELN y las disidencias al mando de “Calarcá Córdoba” en el contexto de la expansión y fortalecimiento militar del ELN, así como de un posible rearme del extinto Frente 19 de las antiguas FARC. Se han dado ataques con explosivos, la declaratoria de paros armados y amenazas directas contra personeros. La población civil es la más afectada, con un riesgo
particular para los firmantes del Acuerdo de Paz incluyendo a los que residen en el AETCR de Tierra Grata, en Manaure – Cesar.
• Magdalena Medio. Coexisten el ELN, las disidencias al mando de alias “Calarcá Córdoba” y el Clan del Golfo, con disputas esporádicas por el control de las economías ilegales. En este contexto, se han identificado posibles alianzas estratégicas entre el ELN y alias “Calarcá” para contener la expansión y posicionamiento del Clan del Golfo.
• Arauca. Se prolonga la confrontación entre el ELN y disidencias bajo el mando de «Mordisco» en el marco de las cuales se han reportado asesinatos, privaciones de la libertad, ataques a infraestructura y reclutamiento de menores de edad.
• Meta y Guaviare. Desde 2024, se presenta una fuerte disputa entre las facciones de las disidencias de Mordisco y las de Calarcá. En un combate en Calamar, en enero murieron 20 personas pertenecientes a las disidencias de Mordisco, 7 eran menores de edad: 4 adolescentes mujeres y 3 adolescentes hombres. Asimismo, circuló un video de 11 menores de edad “recuperados” por la disidencia Calarcá en combates contra el grupo de “Mordisco”. La violencia ha causado el confinamiento de comunidades indígenas y el reclutamiento forzado de menores de edad en Mesetas y Uribe, además
del desplazamiento de 860 personas .
• Putumayo. Se presenta un riesgo alto para el desarrollo de las elecciones atípicas de gobernador a celebrarse el 23 de febrero. Este riesgo está relacionado con la disputa entre las disidencias al mando de Mordisco y las que están bajo liderazgo de alias “Calarcá Córdoba”.
Asimismo, en la zona tienen una fuerte influencia de los Comandos de la Frontera. Los grupos estarían tratando de influir en la decisión electoral de los votantes.
• Tolima. Se presentan disputas territoriales entre tres grupos armados en Roncesvalles: las disidencias al mando de alias “Mordisco”, el Frente 57 Yair Bermúdez que es autónomo desde que se fraccionó de Mordisco, y las disidencias al mando de “Calarcá”.
La población sufre extorsiones, restricciones de movilidad y amenazas al personal de salud.
También hemos recibido información de acciones legitimas de las Fuerzas Armadas en contra de los grupos armados ilegales. Sin embargo, estas acciones también han generado impactos humanitarios debido al temor que producen los combates en la población. En efecto:
• La Fuerza Pública continúa en los operativos para tomar el control territorial en El Plateado lo que ha provocado el desplazamiento forzado de 450 familias.
• En el sur de Córdoba se reportan combates entre las Fuerzas Militares y el Clan del Golfo que han provocado el desplazamiento de 177 familias (605 indígenas) en el Alto Sinú.
• En el Consejo Comunitario del Río Yurumanguí en Buenaventura las Fuerzas Militares han adelantado combates, desde el 22 de enero contra las disidencias de “Mordisco”.
En este marco se ha reportado el confinamiento de 3338 personas en 18 comunidades, especialmente indígenas.
Este panorama, tristemente, es el reflejo de la expansión y fortalecimiento de los grupos
armados ilegales en los últimos 5 años. El grupo armado que más se ha expandido es el Clan del Golfo, pero todos lo han hecho. Los grupos armados hoy tienen influencia en el 73% de los municipios del país: 809.
Esta situación es grave, pero no es irremediable. Lo peor que nos puede pasar es entrar en fatalismos. Por muy crudo y delicado que sea este panorama, nuestro país cuenta con las instituciones necesarias, con la capacidad suficiente para enfrentar el avance de los grupos armados y dar garantías a las comunidades y dar paso a la presencia integral del Estado de Derecho en los territorios. Los grupos son fuertes, pero nuestras instituciones y democracia son más robustas. Esto lo podemos demostrar si nos unimos y articulamos positivamente nuestras capacidades y competencias para ponerlas del lado de la garantía de los derechos de la población.
Por consiguiente:
• Urgimos a las autoridades nacionales y locales a implementar acciones inmediatas que prioricen la protección de las comunidades afectadas, tomando en cuenta el diagnóstico de las alertas tempranas y sus recomendaciones, así como toda la información con la que cuentan las diferentes instituciones del Estado.
• Solicitamos a la comunidad internacional mantener y fortalecer su apoyo a las iniciativas humanitarias y exigir el respeto a los derechos de las personas y comunidades en riesgo.
• Exigimos a los grupos armados ilegales a respetar los derechos de la población y el derecho internacional humanitario. Especial y enfáticamente le exigimos no continuar instrumentalizando a las organizaciones y a las juntas de acción comunal para favorecer sus intereses y expandir su acción territorial. Las poblaciones tienen derecho a su autonomía frente al poder arbitrario e ilegítimo de las armas. La legitimidad no la lograrán violentando a la gente, al contrario, esta pone en evidencia su ilegitimidad.
• Instamos al Gobierno nacional a que continúe exigiendo en las mesas de conversación vigentes el respeto del derecho humanitario, especialmente, no involucrar a la población civil en el conflicto armado y la liberación inmediata de niños, niñas y adolescentes reclutados y la suspensión de esta práctica.
Desde la Defensoría del Pueblo reiteramos nuestro
compromiso con la defensa de los derechos humanos y la protección de las comunidades afectadas. Seguiremos denunciando la situación, exigiendo respuestas eficaces del Estado y acompañando a quienes hoy enfrentan el drama del conflicto armado en sus territorios.
Por 