La Entidad lamenta los hechos de violencia en los que resultaron muertos un policía y un campesino, además de un grupo de policías que tienen restringida su movilidad y varios heridos.
La Defensoría del Pueblo mantiene la disposición para servir como mediador y canal de diálogo para solucionar la crisis y prevenir que sigan ocurriendo hechos de violencia, como los ocurridos en las últimas horas en la inspección Los Pozos, de San Vicente del Caguán (Caquetá).
Así lo dijo el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, al advertir que “resulta lamentable que, en el marco de las protestas sociales, hayan dejado un policía y un campesino muertos, varios policías con restricción de la movilidad y varios heridos. Las acciones violentas y las vías de hecho solo generan más violencia y no facilitan los espacios de diálogo entre las partes para encontrar acuerdos”.
“La Defensoría del Pueblo, a través de nuestro equipo en territorio de la Regional Caquetá y de la Delegada para la Prevención de la Conflictividad Social, ha hecho seguimiento a las protestas y bloqueos de los campesinos e indígenas en las instalaciones de la empresa Emerald Energy; pero esta madrugada se habrían lanzado bombas molotov y quemaron las instalaciones de la misma, lo que causó enfrentamientos entre parte de la comunidad y las autoridades de policía y militares”, agregó Carlos Camargo Assis.
Un grupo de funcionarios de la Regional de Caquetá se encuentra en la zona para verificar de primera mano la atención médica de los heridos, abrir mesas de diálogo y buscar que se terminen las acciones violentas para establecer el control y la tranquilidad de la región.
La Defensoría del Pueblo reiteró el llamado al Gobierno Nacional y a las organizaciones campesinas que se encuentran en movilización en la inspección de Los Pozos, para que se retome el diálogo como una vía para poder llegar a acuerdos y evitar el enfrentamiento entre las comunidades y los integrantes de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO).
A juicio del Defensor del Pueblo, la prioridad es la protección al derecho a la vida, que no se vean perjudicados los habitantes de la región, ni los integrantes de la fuerza pública, autoridades civiles o trabajadores de la empresa privada.
“En la Defensoría del Pueblo podemos aplicar instrumentos y protocolos que orienten las etapas de prevención y transformación de la conflictividad, la convivencia, la reconciliación y el seguimiento de los posibles acuerdos, todo con un enfoque de derechos humanos, diferencial y territorial según las características de la población como, en este caso, de los campesinos en Los Pozos”, concluyó Carlos Camargo Assis.
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