Por Álvaro Archbold Núñez
Si usted quiere saber cómo puede una administración tomar y disponer a su merced los recursos de un municipio de tan solo 18 km2, 5.500 habitantes y alrededor de 70 empleados, el Dictamen Integral de Auditoria del 2015 realizado por la Contraloría General del Departamento a la Alcaldía de Providencia podría ser una respuesta. Podría haber más si otros entes de control estuviesen decididos a profundizar en el manejo cumpliendo a cabalidad con sus funciones. Y que conste, es tan solo la auditoria del último de los 4 años del período de gobierno del hoy ex-Alcalde de la isla.
Por el momento veamos que pasó en Providencia durante el último año de gobierno de Arturo Robinson Dawkins, a quien las encuestas de CM& lo favorecieron colocándolo entre los 5 mejores alcaldes de Colombia, y que el 19 de octubre de 2015 fue escogido por Inclusocial como alcalde solidario e incluyente de la región Caribe colombiana 2012-2015, en acto solemne celebrado en el Teatro Midnight Dreams de la Isla de Providencia. Aun catalogando de aceptable la ejecución del burgomaestre, la auditoría que se acaba de realizar con el fin de establecer la forma cómo se administraron los recursos puestos a disposición del municipio, indica que lo ocurrido fue un descalabro, pudiendo ser catalogado también como un siniestro.
De acuerdo a lo que consta en el informe, en la vigencia del 2015, o sea, en un solo año, en 18 Km2, el Alcalde Robinson Dawkins celebró en este municipio tan pequeño,- un microcosmos del Mar de las Antillas- la escandalosa suma de 1.416 contratos por valor de 18.000 millones de pesos, los cuales se distribuyeron en contratos de obra pública por valor de 676 millones; de prestación de servicios por 9.000 millones; de suministros por 1.200 y otros, por 7.000 millones de pesos. Por respeto al buen nombre de las personas naturales y jurídicas que aparecen en el documento, salvo contadas excepciones, me abstendré de transcribir sus nombres, describiendo las irregularidades que el Ente de Control ha sabido bien incorporar en el Informe. 32 contratos y 4 convenios sin publicar en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP- lo cual conlleva a la falta de transparencia en la actividad contractual de la administración. Otros que no fueron contemplados en el Plan Anual de Adquisiciones; 23 contratos sin la aprobación de la póliza de garantía y sin informes de ejecución o el producto final que evidencien y confirmen el cumplimiento del objeto, sin seguimiento técnico, administrativo, financiero y contable.
En otros contratos no fueron encontrados los documentos del proceso contractual, como son los estudios previos, avisos de convocatoria, pliego de condiciones, observaciones, evaluaciones, fichas técnicas y propuesta adjudicada. En algunas carpetas ni siquiera aparecen las minutas del contrato, y otros no pudieron ser revisados porque no fueron encontrados. Unos dicen que fueron desaparecidos de manera intencional en el momento de la transmisión de mando, conducidos en camiones hacia un lugar desconocido, motivo por el cual el Ente de Control deberá efectuar una segunda auditoria a la auditoría realizada. En relación a algunos de los contratos de obra revisados, se evidenció por los funcionarios, que muchos no tienen seguimiento técnico, administrativo, financiero y contable del supervisor lo que implicó un riesgo grande de que las obras contratadas hayan sido ejecutadas inadecuadamente, o se hayan manejado de manera ineficiente los recursos.
A manera de ejemplo, un contrato de prestación de servicios de hospedaje para la fuerza pública que presta seguridad en el municipio de Providencia, promoción del destino turístico y brigadas de salud, fue realizado por un valor de 350 millones de pesos, para posteriormente ser adicionado 3 semanas antes de la finalización del período del Alcalde en 118 millones más, sin identificar actividades programadas y sin detallar el número de personas a hospedar, el tiempo del alojamiento y el modo de acomodación, apareciendo un acta de recibido a satisfacción del 31 de diciembre de 2015 por valor de 175 millones de pesos, sin un soporte detallado del servicio prestado, según lo consignado en el informe, con lo cual se evidencia una falta de transparencia en la actividad precontractual, contractual y pos – contractual, sin planeación ni seguimientos. Existen contratos de transporte para la realización de actividades de la administración municipal por valor de 230 millones de pesos, por un término de 9 meses, sin control o registro continúo del servicio prestado, ni la cantidad de vehículos utilizados como tampoco la frecuencia de la prestación ni la cantidad de actividades que apoyaron.
Evidencia el informe un contrato realizado por el Alcalde con Augusto Rico García, para apoyar a la Secretaria de Planeación en la coordinación del equipo de trabajo de formulación y asesoría jurídica del proceso de generación de insumos bases para el ordenamiento territorial del municipio, con certificación de la Secretaria General y Administrativa del Municipio de que este se encontraba dentro del Plan de Adquisiciones, sin correspondencia alguna con el objeto contractual. En el contrato de Juan Fernando Royero Arroyo por valor de $50 millones de pesos para la elaboración de unos manuales, se evidenció que solo existe la minuta, sin información adicional del contratista, ni soportes contractuales como tampoco informes de ejecución o productos entregados. Lo peor de todo es que a pesar del desbordamiento y el desenfreno de la actividad contractual desarrollada, la administración municipal de Providencia no cuente con pólizas de seguro que amparen sus bienes contra la ocurrencia de siniestros; el parque automotor circula sin SOAT, lo cual hace que el Municipio sea vulnerable en una responsabilidad civil extracontractual frente a terceros.
Los estados contables fueron calificados con una opinión de la Contraloría de adversa o negativa, como resultado de los parámetros establecidos en la Matriz de Evaluación Fiscal contemplada en la Guía de Auditoria Territorial. Existen hallazgos de toda índole: Saldos en la contabilidad por legalizar; saldos de propiedad, planta y equipo sin sustentar por no existir una adecuada administración de los inventarios del municipio; cálculo inapropiado de la amortización del pasivo pensional; falta de transparencia en la actividad contractual; falta de seguimiento a la ejecución de los contratos; contratos sin evidencia de los servicios prestados; adición de dineros a los contratos haciendo uso inapropiado de los mismos, entre otros. Y lo anterior sin tener en cuenta las sumas astronómicas y excesivas en aquellas que incurrió el Alcalde de la Isla con motivo de las festividades carnestoléndicas del mes de junio, en donde para la alegría y felicidad de los providéncianos, hubo un amplio despliegue de orquestas nacionales e internacionales, concursos de regatas náuticas, carreras de caballo, reinas, carrozas y comparsas, con ingreso sin pagar a cualquiera de las actividades programadas, cuya contratación será objeto de revisión en la próxima auditoría.
Con esta radiografía de desolación administrativa y despilfarro, sin agua y con serias dificultades en la prestación del servicio de salud, hoy el Municipio de Providencia se encuentra en bancarrota, a la espera que la Gobernación y la Nación le transfieran los recursos que por ley le corresponden, y con el agravante que parece ser que existen cuantiosas sumas de dinero en cuentas por pagar que aún no han sido canceladas a los acreedores, sin saber si existe la disponibilidad de los recursos en el sistema financiero.
En el misterio que generan tantos suc
esos ocurridos en la Isla de Providencia, algunos se preguntan ¿Cuál pudo ser el destino que tomó aquella noche de año nuevo, un camión cargado con cajas de cartón, abandonadas a la intemperie de la Alcaldía de la Isla? La Contraloría está haciendo su trabajo y pronto deberá darnos la respuesta.
Por