Por Pablo Manrique*
Este gobierno dejará la deuda bruta más grande de los últimos años y la segunda deuda neta más alta, aliviada por el precio del dólar. Pero hay otra deuda –invisible porque no aparece en los reportes fiscales– que puede causarle problemas al plan de recorte prometido por Abelardo de la Espriella. Y que ha disminuido el patrimonio de la Nación de los 137 billones con el que lo recibió Petro en 2022 al patrimonio negativo de 273 billones que le entrega a su sucesor.
Esta es la conclusión tras revisar con IA 2,8 millones de registros contables de las 371 entidades del Estado nacional que reportan al Chip, la plataforma de la Contaduría General de la Nación.
El patrimonio de un país es como el de una empresa. Se restan los pasivos, lo que se debe pagar, sueldos, deudas y beneficios de empleados y se suman los activos, el efectivo y las propiedades. Si los pasivos, lo que se debe, es mayor a lo que se tiene el patrimonio se vuelve negativo.
Que el patrimonio de la nación sea negativo no es alarmante por sí solo. Lo preocupante es la caída. A diciembre de 2025, el patrimonio ya había perdido 410 billones en tres años e iba en −273 billones.
“Si aumenta el patrimonio negativo de manera importante de un año a otro es preocupante, porque ese incremento en la deuda se paga con los impuestos futuros. En el caso de que la deuda sea impagable, los acreedores dejan de suministrarle recursos al país, y estaría el gobierno obligado a vivir con sus ingresos corrientes. El ajuste sería enorme. Es lo que le ha pasado a Argentina y a Grecia”, explica Francisco Azuero, profesor de Política Económica de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes.
Detrás de esa caída, La Silla identificó tres deudas: un pasivo pensional que creció por la reforma pensional, el aumento del mínimo y la inflación; una serie de fondos y patrimonios autónomos con patrimonios negativos y mal manejo; y un alto nivel de demandas que podrían descuadrar la caja de las entidades si se pierden.
La deuda pensional llegó al 150% del PIB.
En los cálculos fiscales, lo que suele importar es el pago de pensiones del momento. Sin embargo, el cálculo de cuánto valdrán las pensiones hacia el futuro es el que indica qué tan fácil será para los próximos gobiernos pagarlas. Ese es el cálculo actuarial que estima variables como tiempo de vida de los colombianos, salarios futuros y valor de las mesadas para decir cuánto va a costar pensionar a los empleados actuales de aquí en adelante.
En las cuentas subidas a la Contaduría por todas las entidades públicas, sin contar Colpensiones , esta deuda se ha disparado. Pasó de 554 billones de pesos en 2022 a 740 en 2025, el equivalente al 40% del PIB. Las que más aportan al aumento son el Fomag —las pensiones especiales de los profesores—, las cajas de retiro de militares y policías, y la Unidad de Pensiones y Parafiscales(Ugpp).
Ese aumento no es por un cambio de metodología. “No se presentaron cambios, dado que se mantiene la misma metodología y fórmula matemática”, contestó el Fomag a La Silla en respuestas escritas. La razón de este gran aumento del pasivo pensional está en lo que se llama pérdida actuarial, según Rigar Santiago, director de Benefit Actuarios, la empresa que ha hecho los cálculos actuariales del Fomag y las fuerzas militares.
Esa pérdida actuarial “son recálculos cuando cambian las estimaciones”. Según Santiago, la subida entre 2023 y 2025 la explican cuatro variables. La inflación, que fue más alta de la que esperaban los expertos. La subida del salario mínimo y otros salarios, especialmente los de los profesores y los de los militares. La subida del mínimo afecta este cálculo porque las pensiones se calculan según los salarios de cada empleado. Y la última, que aplica especialmente para los docentes: el crecimiento de la planta, con casi 30 mil profesores más que dos años atras.
Además de estas causas específicas, hay otras grandes. Para Azuero, de los Andes, entre las razones para esta subida están el aumento de la nómina de entidades públicas que ha adelantado este gobierno, y del salario mínimo y remuneración de los trabajadores estatales pactados con las organizaciones sindicales. Todo eso sube el pasivo actuarial pensional del gobierno nacional.
Azuero advierte que el cierre de 2026 será peor. “El aumento del salario mínimo sube de inmediato la deuda con todos los pensionados que ganan el mínimo. Y arrastra el sueldo y las pensiones de los congresistas”, añade.
La deuda también se ha disparado porque los fondos de pensiones cerrados, que ya no reciben más pensionados, en cambio de achicarse por la muerte de los jubilados como preveían las proyecciones oficiales mantienen su tamaño porque la gente está viviendo más años y además porque la pensión se hereda. “Hay pensionados de 92 años casados con mujeres de 45. Es obliga a recalcular el pasivo”, cuenta Jairo Bautista, el exdirector de presupuesto.
Esta es la mitad del cálculo, porque solo son las pensiones de los empleados públicos. Falta el otro pasivo pensional que tiene que pagar el gobierno: la garantía estatal para respaldar las pensiones de los afiliados a Colpensiones, lo que se llama garantía del régimen de prima media. Esta equivale al 110% del PIB. Sumada a la de los empleados del Estado llega al 150% del PIB, sin incluir los datos de los privados. Esta garantía también ha crecido por las mismas razones: pasó de 1.200 billones en 2022 a 2.000 billones de pesos, afectada además por la reforma pensional, que permitio el traslado de 166 mil trabajadores Colpensiones, la mesada catorce y la subida del salario mínimo.
Para Santiago, estos pasivos “van a seguir subiendo porque los regímenes son abiertos y la gente cada vez vive más”.
“Si el pasivo pensional aumenta, estoy reconociendo que en el futuro lo voy a tener que pagar con recursos fiscales”, dice Bautista. Aunque matiza: son proyecciones a valor presente, no facturas en firme. “Las reglas pueden cambiar las deudas”.
Cada vez hay más fondos, con más gastos y poca ejecución
Otro problema que aumenta los pasivos —menos que las pensiones, pero con un comportamiento preocupante para las finanzas públicas— es la creación de fondos y patrimonios autónomos.
Estos fondos son “bolsillos” que reciben plata inicialmente del presupuesto general, pero después se manejan de forma autónoma generando sus propias ganancias o pérdidas. Por ser autónomos no se rigen por las leyes de contratación pública, lo que lleva a que muchos sean usados como contratados. La Silla lo ejemplifica con Findeter.
Los Fondos autónomos se crean por razones distintas. Algunos aseguran precios, como el Fepc de los combustibles, el del café o el de la palma. Otros sirven para ejecutar políticas públicas, como el Fondo Colombia en Paz.
Cada vez se crean más fondos. Los fondos y patrimonios autónomos del Estado nacional que reportan al Chip pasaron de 46 en 2018 a 61 en 2022 a 69 en 2025. La plata que administran casi se duplicó: de 97 a 183 billones de pesos. Desde 2019 aparecieron 26 vehículos nuevos, entre ellos los fondos insignia de este gobierno —Vida y Biodiversidad, Brechas de Desigualdad, el FIP de infraestructura y Ascenso Tecnológico—, que manejan entre 0,4 y 0,6 billones cada uno a través de fiducias.
Ese aumento en la plata que manejan es preocupante porque su ejecución es más baja, e incluso algunos tienen patrimonios negativos. Es el caso del Fondo Colombia en Paz. Se creó con el Acuerdo y el gobierno Petro lo usó para programas como Jóvenes en Paz. Tiene cuentas por pagar por 32 mil millones de pesos —que incluyen pagos que le deben a jóvenes beneficiarios del programa— y los activos no le alcanzan para cubrirlas.
Además hay fondos fantasma en procesos de liquidación larguísimos que, a pesar de estar liquidados, siguen gastando dinero. De 39 liquidaciones y patrimonios de remanentes, 38 siguen vivas y gastaron cerca de 2 billones de pesos desde 2018. El PAR de la Caja Agraria, liquidada en 1999, todavía gasta unos 97 mil millones al año.
La factura judicial crece con intereses
Las condenas anuales contra el Estado se cuadruplicaron en una década: de 3.162 fallos en 2015 a 13.149 en 2025, según el sistema Ekogui de la Agencia de Defensa Jurídica. La plata por la que ha sido condenado el Estado ronda casi los 2 billones por año. Las pretensiones de las demandas activas suman 775 billones, pero exageran unas 400 veces lo que el Estado termina pagando.
Buena parte del riesgo judicial no está en los libros. La mayoría de entidades revela en su contabilidad entre el 40 y el 80 por ciento de las demandas activas que Ekogui les registra. MinDefensa revela el 6 por ciento: 11,8 billones de 186. El MinInterior, el 9. Puede ser que califiquen casi todo como riesgo remoto, que la norma no obliga a registrar. Es decir ponen menos provisiones de lo que podrían llegar a pagar.
Donde sí hubo correcciones, las cifras se movieron de golpe. En la Autoridad Nacional de Tierras las contingencias judiciales llegaron a 35 billones. “Son procesos de larga data, pero antes estaban mal calculados. No se reportaba la totalidad de las contingencias”, le dijo a La Silla Felipe Harman, director de la entidad.
Las demandas que existen en contra del Estado colombiano y que se relacionan con proyectos que son de competencia de la Agencia Nacional de Licencias Anla, la que da los permisos para proyectos como los mineros o de infraestructura, superan los 39 billones de pesos concentradas en demandas por proyectos de hidrocarburos, y minería que este gobierno frenó. “La Anla tiene a su cargo los proyectos más estratégicos, importantes y costosos del país en materia de energía, infraestructura, hidrocarburos, minería y agroquímicos y algunos de ellos presentan demandas multimillonarias que se tramitan ante tribunales nacionales e internacionales, cuya defensa se articula con la Agencia de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) y para lo cual, ante eventuales fallos en contra del Estado, el Ministerio de Hacienda asigna a cada entidad pública nacional, una asignación que se refleja en los denominados pasivos contingentes”, le dijo a La Silla Rodrigo Negrete Montes, su director desde septiembre de 2022 hasta marzo de 2025.
El verdadero problema es que aunque ponen esos contingentes en pasivo, la plata que manda Hacienda para pagar esta deuda es más baja. Lo hacen así por temas de caja. “Si diéramos provisiones iguales a las contingencias, el presupuesto tendría que ser de más de 700 billones” explica Bautista. El impacto de esto es que si una de esas condenas se concreta y no hay plata para pagarla toca esperar al siguiente presupuesto, o hacer movimientos presupuestales para pagarla. Mientras tanto, van corriendo los intereses de mora.
Esa deuda sin pagar ha subido en 2024(2 billones) y en 2025(4 billones). Por la estrechez de caja en 2025 llegó a 17 billones de pesos en condenas sin pagar.
La motosierra de De la Espriella choca con estos libros
El presidente electo prometió recortar el Estado cerrando ministerios, agencias y fondos. El problema que va a enfrentar es que buena parte del aumento del gasto es inflexible, y los pasivos no desaparecen con el decreto que liquida la entidad.
El gasto de personal de las entidades nacionales pasó de 44 a 95 billones de pesos en el cuatrienio de Petro, según los saldos del Chip. Se duplicó. Pero los mayores rubros no son burocracia recortable: los encabezan las mesadas de retiro de militares y policías (27 billones entre las dos cajas), la nómina de la Fuerza Pública (30 entre MinDefensa y Policía) y las de la Rama Judicial y la Fiscalía (13). Nóminas protegidas por regímenes especiales o por la independencia de poderes.
Cerrar fondos tampoco es gratis. “Para liquidar el pasivo tienes que ver si el fondo tiene los activos para cubrirlo. Si no los tiene, los tiene que cargar la Nación. Lo que estaba por debajo de la línea, ahora lo vas a tener por encima”, advierte Bautista ex director de presupuesto de Petro: el cierre traslada la deuda al presupuesto y dispara el déficit en el corto plazo. Es lo que pasaría con los fondos en rojo, empezando por Colombia en Paz, que podría estar en los planes de recorte de De la Espriella.
Pero podría también quitar presiones sobre la caja. Cerrar una entidad borra su pasivo pensional futuro —quedan las indemnizaciones— y liquidar un fondo obliga a los acreedores a probar sus cuentas. Pero pone una condición: los compromisos registrados en la contabilidad “tendrían que ser objeto de una auditoría muy fuerte, para mirar realmente cuáles pagos son exigibles y cuáles no” explica Azuero de los Andes.
El plan de recorte de De la Espriella también hereda una deuda con los contribuyentes. La Dian acumula 223 billones de pesos en retenciones, autorretenciones y anticipos de impuestos —plata cobrada por adelantado que contablemente es un pasivo—, más del doble de los 96 billones de 2018. “El gobierno ha abusado de las retenciones y autorretenciones, especialmente con las compañías mineras. Eso es deuda que el Estado tiene con los contribuyentes”, dice Azuero. Cada peso cobrado por anticipado hoy es recaudo que el próximo gobierno ya no va a recibir, o que tendrá que devolver.
Además, como muestra el remanente de entidades liquidadas que siguen generando gastos la tijera puede dejar retazos.
Ñapa: Mírelo usted mismo
La Silla revisó con IA 2,8 millones de registros contables de las 371 entidades del Estado nacional que reportan al Chip, la plataforma de la Contaduría General de la Nación, para ver cómo queda el patrimonio del país. Aquí puede ver todos los estados contables de las entidades nacionales registrados en la contaduría y sistematizados y procesados por La Silla Vacía.
*Periodista/Desarrollador IA
Economista y científico de datos con experiencia en startups y consultoras, especializado en análisis de datos y desarrollo de inteligencia artificial. Utilizo inteligencia artificial y minería de datos para la escritura y el análisis, con un enfoque en temas económicos.
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