La razón de ser del funcionario o servidor público no es llenar una vacante laboral en la administración pública. La razón de ser es exclusivamente el ciudadano, para quien existe la función pública. Y de hecho, al susodicho se le paga para que atienda y como corresponde al ciudadano; sin dilaciones ni distinciones, sin displicencia ni deficiencia.
Por eso vale la pena dedicar esta nota editorial a dos episodios que justamente denunciamos en esta edición, que comprometen a servidores públicos en las islas y que afectan a ciudadanos del Departamento que esperan respuestas más eficaces y menos displicentes y carentes de compromiso de parte de quienes están obligados a atender las exigencias de los ciudadanos.
Un primer caso tiene que ver con la demora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para contratar los operadores de los ocho Centros de Desarrollo Infantil CDI, que funcionan en la isla de San Andrés y los cuales cada año son administrados por Cajasai y la Asociación de Padres Nuevos Horizontes que retrasó el inicio de actividades afectando a más de 1,000 niños de primera infancia que provocó una encendida polémica por redes sociales entre padres de familia, veedores ciudadano y directivos del ICBF.
Los padres con justa razón reclamaron del Bienestar Familiar no solo una respuesta oficial, pronta y oportuna, sino además la atención de los directivos a quienes invitaron a una reunión en la misma sede oficial, a la que nunca concurrió el responsable de la mencionada entidad.
La actitud del director del ICBF un tanto petulante y displicente fue responder a los llamados de los padres por redes sociales y no en la reunión colectiva a la que éstos lo invitaron, y reclamando “cero polémicas” por cuanto el Lunes 25 se firmarían los contratos y se inicia las semanas de alistamiento para dar inicio el 15 de febrero las actividades que debían comenzar el mismo 25.
Con justa razón un padre de familia increpó al funcionario al expresarle que no es de crear polémica, si no que como funcionario del ICBF debe mostrar respeto hacia los padres de familia y dar la cara y explicar la situación, “y no se ponga como quinceañera a estar dando información por las redes sociales y de la cara si no tiene nada que ocultar.”
El según do episodio tiene que ver con un legítimo reclamo que llevó un adulto mayor hasta la Defensoría del Pueblo, Comisaria, Inspección de Policía, Policía Nacional y Planeación Departamental, por el cerramiento de la vía de acceso a su domicilio por parte de unos vecinos que no solo se sienten con derecho, sino que además tienen la autorización para hacer el cerramiento de la servidumbre.
A Doris Robinson Gallardo y a su esposo el médico Pernett, Planeación Departamental les concedió el derecho de cerramiento de la servidumbre de transito con un portón mecánico y con cerradura, en el cual obstruyen el paso libre de Mario Gonzales, un señor con más de 60 años de edad, quien vive en esa calle, frente a la vivienda de Robinson y Pernett, y a los empleados de Juan Zapata que también tenían acceso a su trabajo por ese lado de la servidumbre.
Frente a la situación, Planeación no le da razón, ni respuesta, la Comisaria no le resuelve absolutamente nada, la Inspección se declara sin la facultad para parar la obra, y la Policía solo se limita a ver como construyen los portones de cerramiento.
El Secretario de Planeación Sebastián Castellote, a duras penas se limita a responder que apenas se acaba de posesionar y no tener conocimiento alguno acerca de este tema, aunque prometió investigar el caso y tomar las medidas correctas ante este.
Es casi que acertado el diagnóstico del denunciante, se trata de una vía pública la cual fue privatizada por la secretaria de Planeación en la administración pasada dejándolo prisionero en su apartamento al final de la vía interna.
Y no obstante que se trataría de un caso de usurpación, negación o perturbación en el goce de una servidumbre es procedente el amparo policivo con la finalidad de restablecer la situación o las cosas al estado en que se hallaban antes del despojo o perturbación por la actividad de un tercero, simplemente todas las autoridades responsables de atender el tema se hacen los ciegos, sordos y mudos y les importa muy poco el grado de afectación que sufra el ciudadano; en últimas la razón de ser del cargo que ostentan y por quien le pagan un sueldo.
Por