Por César Augusto Pizarro Barcasnegras
En la historia de Colombia un escándalo de corrupción tapa al otro y casi todos los últimos gobiernos han enfrentado casos emblemáticos de conductas venales de sus funcionarios, después de promulgada la Constitución de 1991.
Gaviria enfrentó en su Gobierno los escándalos de la Catedral y los Pepes; Samper su proceso 8.000 y la absolución en la Cámara de Representantes a punta de lentejas y «mogollonazos» burocráticos; Pastrana Dragacol; Uribe, Agro Ingreso Seguro, las Zonas Francas, Falsos Positivos y la Yidis Politica; Santos, Odebrecht; Duque, la Neñepolitica, y Petro en dos años ha batido récord de casi un escándalo de corrupción por mes en su administración, entre los que se destacan la financiación ilícita de su campaña a través de su hijo Nicolás Petro, la violación de topes electorales, el espionaje, seguimiento y tortura psicológica con uso de polígrafo a la niñera de Laura Sarabia, exjefe de gabinete, las confesiones de Armando Benedetti sobre irregularidades e ilícitos en la campaña presidencial, etc.
Pero el culmen de tanta venalidad en Colombia y en tan corto tiempo, por demás en el Gobierno de quien se vendió como adalid de la lucha contra la corrupción fue el caso de la UNGRD, no solo por el monto del saqueo al Erario sino por las implicaciones, alcances, protagonistas, ramas del poder público involucradas y justificaciones sociales para acceder a los dineros publicos.
Primero que todo se utilizó la sed y el hambre de unas comunidades históricamente abandonadas y sobre las que gravitó una causa de campaña política de inclusión social mediante el combate a la pobreza y el hambre de comunidades indígenas sobre las que la misma Corte Constitucional ha declarado estado de cosas inconstituconales, para hacer una serie de billonarios movimientos presupuestales, traslados, transferencias, pago de sobornos, coimas y tráfico de influencias.
Segundo, se accedió por vía de actuaciones ilícitas al uso de los dineros de una rama del poder público para profundizar en la corrupción de la otra rama. O sea, que desde el Ejecutivo se saqueó la UNGRD, se movieron dineros del Ministerio de Hacienda para corromper el Congreso mediante el pago de sobornos a cambio de la aprobación de leyes y reformas.
Tercero, los protagonistas van desde ministros, directores de institutos descentralizados, asesores, lobistas, hasta los presidentes de las dos Cámaras Legislativas (Senado y Cámara de Representantes) del presidente de la Comisión de Acusaciones que investiga al presidente y varios congresistas con ponencia de algunas de éstas iniciativas tramitadas por el Congreso.
Cuarto: Los delitos van desde peculados, cohecho, sobornos, obstrucción a la justicia, destrucción y ocultamiento de evidencia, tráfico de influencias, provecho en favor de terceros, detrimento al patrimonio de los colombianos.
Quinto, los alcances de este gigantesco entramado de corrupción contó con un esquema diseñado para lograr que el gobierno obtuviera la aprobación de polémicas leyes draconianas, con alta imposición tributaria, pensional, laboral y de la salud pública para la transformación del sistema y modelos socio económicos del país sin mayores problemas de trámite.
De hecho, algunas confesiones y pruebas que han recabado tanto la Fiscalia como la Corte Suprema y en cuyo destape fue fundamental la prensa, evidencian que el entramado de corrupción se orquestó y ejecutó desde la propia Casa de Nariño, sede del Gobierno y donde habita y labora el presidente Gustavo Francisco Petro Urrego.
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