Un espectáculo dantesco en su más alto nivel ha protagonizado por estos días el Estado colombiano corroído por la corrupción que parece abrazar hasta los tuétanos a las más altas esferas del poder público. Lo que ocurre en Colombia es de una vergüenza mayúscula donde todas las ramas del poder público están comprometidas, hasta el punto que ni el nombre del Presidente se salva de las sospechas.
De hecho, en un twitter del periodista Juan Carlos Pastrana Arango, hermano del expresidente Andrés Pastrana se comentaba que todos los últimos escándalos de corrupción que habían destapado los gringos tenía el tufo del presidente.
Lo cierto es que Colombia atraviesa su peor momento en materia de transparencia en el manejo del Estado, porque está cuestionada la legitimidad del Presidente de la República, cuya reelección se presume contaminada por el escándalo de Odebrecht, como quiera que su campaña recibió financiación de la multinacional brasilera que por esta vía parece haberse garantizado multimillonarios contratos de obras públicas.
Sus jefes de campaña, sus ministras, miembros de sus agencias de Gobierno y sus aliados políticos en el Congreso han resultado salpicados por el pago de sobornos y coimas que habría pagado la multinacional para asegurarse de la contratación estatal, y varios de estos ya están en la cárcel y otros están hablando del modus operandi y los partícipes.
Si ya era bastante que estuviera bajo sospecha no solo la dos campañas a la Presidencia de Juan Manuel Santos y la de su contrincante Oscar Ivan Zuluaga, que dos de sus ministras también estuvieran cuestionadas por favorecimiento de negocios familiares como parte de ese entramado de corrupción, que ex senadores aliados de su Gobierno, que funcionarios al nivel de presidentes de la ANI, del Banco Agrario y de poderosos legisladores que le pusieron máxima votación para ganar la Presidencia e impulsar sus proyectos políticos en el Congreso como Bernardo “Ñoño” Elías, resulta mucho más grave que la corrupción se haya descubierto también en la Justicia con un fiscal anticorrupción capturado por corrupto, quien de paso ensucia la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez Neira, y peor aún tres presidentes de la Corte Suprema de Justicia como parte de ese carrusel de corruptos señalados de negociar fallos judiciales por la DEA.
Esta tan podrido por dentro el Estado colombiano en todas sus esferas que tuvieron que ser el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la DEA, quienes tuvieron que venir a destapar el nivel de venalidad y falta de transparencia en el manejo de las tres ramas del poder público en Colombia, dejando mal paradas de paso a los entes de control que se supone deberían haber descubierto tamaña corruptela que nos avergüenza y decepciona.
Así las cosas, con un Estado podrido hasta los tuétanos al más alto nivel, que se puede esperar en las regiones, cuando el mal ejemplo cunde desde arriba; desde su presidente, sus congresistas, sus fiscales anti corrupción, sus magistrados de las altas cortes; que alcaldes, concejales, diputados, gobernadores y fiscales seccionales y locales, actúen de la misma manera.
Solo resta esperar que este remezón de los cimientos del Estado sirva para que de verdad reduzcamos la corrupción a sus justas proporciones como dijo aquel presidente de la República hace décadas atrás. (Foto tomada de Revista Semana)
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