Lo cierto es que llevan décadas enteras viviendo de la pesca en las islas, emparentados con nativos raizales y residentes de San Andrés, quienes se han visto afectados por las acciones jurídicas adelantadas por su país de origen y buscan ser considerados por las autoridades colombianas porque también están padeciendo por la decisión de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Los pescadores nicaragüenses no tienen ninguna garantía en altamar porque en su país no los reconocen como nicaragüense sino como nicas radicados en Colombia por más de treinta años.
Por: Jeimy Almanza Vergara
Un grupo de pescadores nicaragüenses entablaron una acción de tutela ante el Tribunal Contencioso Administrativo de San Andrés y Providencia contra el Estado colombiano por la negativa a otorgarles subsidios ya que éstos se están viendo afectados por el Fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, debido a que llevan más de media vida viviendo en San Andrés donde sus esposas son isleñas e igual que sus hijos.
Al momento de salir a faena se encuentran en un dilema puesto que sus embarcaciones son colombianas y en ocasiones han sido retenidos por la guarda nicaragüense ya que ellos no se fijan si son o no colombianos, sino en la nacionalidad de la embarcación.
Son cerca de una decena de nicaragüenses radicados por más de treinta años en la isla de San Andrés y actualmente se encuentran en abandono y a la deriva sin saber que van hacer.
El Tribunal Contencioso Administrativo falló en contra de los pescadores nicaragüenses, por ser de dicha nacionalidad, y es de resaltar que estas personas no cuentan con subsidio, ni beneficio alguno dentro de lo que el gobierno nacional le ha dado a los pescadores, los cuales no están teniendo los medios para subsistir y mantener a sus familias.
La apoderada de los pescadores nicaragüense anunció que apelará el fallo y llegará hasta las últimas instancias para resolver los derechos de los pescadores nicaragüenses radicados en la isla por más de treinta años.
En entrevista con el pescador nicaragüense Larue Tomas Humphreys Hodgson, afirma que se siente a la deriva que a pesar de vivir más de treinta años en la isla, de que sus hijos y esposa son isleños no cuentan con el subsidio ni ningún beneficio que hoy día el gobierno nacional le ha dado a los pescadores.
La acción de tutela fue instaurada por los ciudadanos Conley Fesson Martínez, Larue Tomas Humphreys Hodgson y Devorn Davis Halford Archbold, mediante apoderada judicial, en contra del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, la Gobernación de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y el comité de apoyo y acompañamiento del componente pesquero artesanal del plan Archipiélago, con el fin de que sean amparados los derechos fundamentales a la dignidad humana, igualdad, mínimo vital y derecho a la subsistencia.
El pasado 19 de noviembre de 2012 a través del fallo emitido por la Haya, el Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, perdió parte de su territorio marino y con esto perjudicó a los pescadores de la isla puesto que su único y regular oficio es la pesca y al no haber territorio donde pescar su única fuente de ingreso desaparece.
Al iniciar el proceso de pago de los subsidios a los pescadores a estos sólo se les pagó una sola vez y luego estos fueron excluidos por tener doble nacionalidad tal y como aparece en las listas publicadas por el Banco Agrario.
El 19 de julio de 2013 a través de la Defensoría del Pueblo, los accionantes se dirigieron a Migración Colombia, sede San Andrés, solicitando que se les resolviera la situación de la “supuesta doble nacionalidad”, dicha entidad dio respuesta el día 11 de agosto de 2013, “que realizada la correspondiente búsqueda en el archivo central no se encontró expedientes de nacionalidad de ninguno de los extranjeros mencionados, por lo tanto no han adquirido la nacionalidad por adopción”.
Los accionantes ostentan la residencia Occre y carné que los certifica como pescadores, su arraigo y su familia se encuentran en la isla y cumple con todos los requisitos que exigen las resoluciones antes mencionadas”, razón por lo cual aduce que no es una razón lícita para no acceder al subsidio del cual ellos son beneficiarios.
“Esto es injusto, nosotros también tenemos derechos”
Larue Tomas Humphreys Hodgson: “Yo soy nicaragüense y vivo en San Andrés desde 1983, en estos momentos tengo la residencia con la cédula de extranjería y estoy en una situación por culpa del fallo de La Haya, que nos quitó el Meridiano 82 y todo el agua del Archipiélago, me veo afectado porque vivo es aquí no en Nicaragua, nosotros no podemos ir en un barco colombiano porque no tenemos permiso de Nicaragua para ir a pescar allá, no me parece que en el tribunal digan que nosotros no somos afectados por lo que hizo La Haya, esto para mi es injusto”.
Antonio Sjogreen Pablo, presidente de la Asociación: “Como gremio nos corresponde representar a todos los pescadores y es de anotar que ellos viven aquí hace más de treinta años, los cuales tienen sus familiares aquí e igualmente subsisten de la pesca en la isla entonces no entendemos ahora porque el Gobierno Nacional quiero excluirlo por tener otra nacionalidad cuando ellos mismos los han reconocido como pescadores artesanales”.
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