Durante las últimas semanas en la FLIP hemos documentado diversos señalamientos y calificativos en redes sociales por parte del presidente Gustavo Petro, altos funcionarios públicos y miembros de la coalición de Gobierno, que estigmatizan la labor del periodismo en el país. Con estas afirmaciones, que generalizan la labor de los y las periodistas en Colombia, se agudiza el clima de hostilidad hacia la prensa, con lo cual se desconoce la obligación que tiene el Estado, y particularmente el Presidente, de garantizar condiciones óptimas para el ejercicio de la libertad de prensa.
Dichas afirmaciones estigmatizantes se dan como respuesta a las distintas investigaciones periodísticas que han hecho veeduría a la gestión del Gobierno, denunciando posibles casos de corrupción al interior de entidades estatales, así como las investigaciones sobre la financiación de la campaña presidencial. En buena medida, la respuesta por parte del Presidente y otros funcionarios y congresistas, ha sido señalar a la prensa de hacer parte de un “golpe blando” para desestabilizar el Estado de Derecho, de “desinformar” o de estar “siempre parcializada”.
Desde la FLIP hemos advertido que los señalamientos genéricos que desacreditan la labor de la prensa, así como los constantes calificativos a determinados medios y periodistas que tienden a calificar sus contenidos como “parcializados” o “fake news”, debilitan el ejercicio de la libertad de prensa y el debate democrático en el país.
Así mismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su reciente visita in loco manifestó su preocupación por el clima de hostilidad para la prensa en Colombia, que ha sido “alimentado por parte de distintas vocerías a nivel nacional, departamental y local”.
Por otro lado, el reciente Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) alertó sobre el reporte de discursos estigmatizantes del presidente, funcionarios del gobierno y otros líderes políticos en contra de medios de comunicación y periodistas, frente a lo cual señala que los funcionarios públicos “deben asegurar que sus comentarios sean precisos, evitar la estigmatización y la desacreditación de los medios de comunicación recurriendo a etiquetas que remitan a las llamadas noticias falsas o «fake news» u otros calificativos que los desacrediten y no amenazar a periodistas ni socavar el respeto de la independencia de los medios de comunicación”.
Sobre lo anterior, la Corte Constitucional ha afirmado que los altos funcionarios públicos están en la obligación de dar un uso cuidadoso a sus redes sociales, pues la información que por estas se difunde impacta la opinión pública y las reacciones de la ciudadanía. En el caso en concreto, las afirmaciones que estigmatizan la labor de la prensa pueden llegar a incentivar actos de violencia digital, como lo constata la Corte en la Sentencia T-087 de 2023.
Desde la Fundación para la Libertad de Prensa reiteramos nuestro llamado al Presidente y a los altos funcionarios públicos para que se abstengan de continuar con los señalamientos estigmatizantes hacia medios de comunicación y periodistas y, en seguimiento a los estándares internacionales de protección al ejercicio de la libertad de prensa y de expresión, adopten un discurso público que respalde su labor y contribuya a desescalar el clima de hostilidad al que se enfrentan.
No desconocemos que los funcionarios públicos pueden disentir de la prensa, sin embargo, insistimos que estas diferencias deben tramitarse por los mecanismos constitucionales idóneos, como la solicitud de rectificación en los casos que evidencien que se está difundiendo información imprecisa. Reiteramos el llamado al Gobierno de abrir un espacio técnico, con el concurso de la Relatoría de Libertad de Expresión y de otras organizaciones, para atender este problema que profundiza la situación de seguridad de los y las periodistas y deteriora la conversación pública.
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