La dignidad del grupo raizal que estuvo más de año y medio en una causa étnica reivindicatoria contrasta con la falta de grandeza del estado colombiano para solucionar el asunto con inteligencia

Por César Pizarro B

Escuchando esta tarde las palabras del amigo Carlos Pusey, -un líder y activista social Raizal que a pesar de no estar de acuerdo con el desalojo, anunciaba su retirada del predio que hace más de año y medio ocupaban frente al portentoso nuevo Comando de Policía, por que su vocación cristiana lo hace cumplidor de un mandato, y un inspector de Policía había ordenado tal desalojo-, comprendí la inteligencia y grandeza con la que esa comunidad ha actuado frente a unos poderes que por el contrario usan la fuerza bruta y el ímpetu de su poderío frente al ciudadano.

No es que la Policía haya blandido armas o arrojado gases para que el efecto buscado se logrará, la impetuosidad de su búnker y la numerosa presencia de uniformados en los alrededores mete la suficiente presión para que el ciudadano entienda que es una pelea perdida donde solo el simbolismo de su protesta tiene algo de valor para pelearle al Estado que llega con leyes, actos oficiosos y servidores que casi siempre se ponen de su lado más que de quién es la esencia del Estado; el ciudadano.

Lo hecho hasta hoy, aunque para muchos que solo observan desde la barrera pero que no participan ni toman parte en ninguna lucha social, equivale a otra derrota más de las causas étnicas reivindicatorias, por el contrario es una nueva muestra de grandeza, de persistencia y de un grupo ciudadano que se resiste a seguir perdiendo su espacio vital.

Quién puede mostrar la disciplina que hasta hoy mostraron estos ciudadanos, quienes por más de año y medio cambiaron la comodidad del hogar por la inclemencia del clima en días soleados o lluviosos, debajo de unas frágiles carpas en las que se turnaban su vigilia contra los ocupantes de la imponente mega estructura del frente?.

Eso se llama dignidad. Dignidad mediante una causa llena de mucho simbolismo que el Estado no entiende porque responde con menos inteligencia que el ciudadano.

Legalmente la Policía podía legítimamente reclamar la razón, y legalmente tanto la juez de tutela como la inspectora de Policía solo podían actuar en derecho preservando un importante bien jurídico como la propiedad privada sin que las vías de hecho la pusieran en peligro.

Y ese pulso legal lo ganó la Policía Nacional, pero ese triunfo al mismo tiempo se convierte en una derrota para la institucionalidad del Estado en el Archipiélago, por su falta de grandeza y de inteligencia.

Siendo la Policía Nacional una de las entidades con varios lotes en San Andrés que se acaba de ensanchar hacia el norte (se construye actualmente otro edificio) de la ubicación donde siempre tuvo su comando y hacia atrás, y con un imponente edificio nuevo, la lucha reivindicativa del grupo étnico era apenas justa y no un capricho de una minoría, ya que por tratarse de un predio cedido en comodato por la entonces intendencia y dónde funcionó un centro vacacional que no era propiamente una edificación afecta al servicio policial, era reclamda por la comunidad para la construcción de la Oficina de Control de Circulación y Residencia, Occre, que viene funcionando en sede prestada y prontamente en sede alquilada.

La Occre es esa entidad cuya misión no sólo debe contribuir al propósito del control migratorio y poblacional, sino que la efectividad de su labor debe suponer una contribución a la seguridad ciudadana que corresponde ejercer a la Policía Nacional pero que en los últimos tiempos ha estado fallando cíclicamente.

Por lo tanto trabajando de la mano, la una al lado de la otra, o junta a la otra, debería suponer la existencia de cierta colaboración o solidaridad institucional que debería comenzar por el gesto de desprendimiento de la Policía Nacional de apoyar la causa Raizal, y la colaboración interinstitucional pretendida.

El Estado en vez de mostrarse más amigable y próximo a la comunidad insular opta por mostrar sus dientes, poderío y altivez cuando podría y aún puede manejar este asunto con grandeza e inteligencia que lo acerque a la comunidad que la ve cada vez con más recelo, desconfianza y como usurpadores, lo cual les dificulta su labor que cada vez menos contará con la colaboración ciudadana.

La Policía aún está a tiempo de tener un buen gesto con esta comunidad, mostrar su grandeza, sumarse a las causas sociales de las comunidades y ceder con títulos y todo el lote para el desarrollo pretendido.

Solo basta que la orden la de el ministro de Defensa, del Interior, el director general o incluso si es necesario el presidente de la República.

No es justo que tanta dignidad e inteligencia mostrada por el grupo de ciudadanos protestantes se siga topando con la arrogancia del Estado.

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