Se ha agudizado en la presente semana la crisis social de San Andrés por la falta de agua potable para uso doméstico, que no para consumo por que esta sigue dependiendo de la compra en bolsas o botellones a las empresas productoras y envasadoras que operan en la isla.
El problema se ha hecho visible gracias a los bloqueos y quemas de llantas y basuras en las vías públicas que además de generar la respectiva alteración del orden público impiden el tránsito vehicular por dichas avenidas, con lo cual se agudiza más la situación de sus propios pobladores que son quienes quedan encerrados en sus zonas residenciales. Esto llevó al Gobierno a apersonarse de la situación, aun cuando su accionar fue el típico pañito de agua tibia para el enfermo, en el afán de “sacar pecho” y mostrar acciones gubernamentales que lo que de paso crearon una alarma mundial que puso al destino turístico en las páginas de los principales diarios y noticieros, frenando la llegada de muchos turistas.
Lo cierto es que San Andrés nunca ha tenido agua potable; menos del 25 por ciento ha sido la cobertura histórica y el acueducto se lo han robado varias veces. A ello se le debe sumar la falta de autoridad ambiental que hace mucho no hizo monitoreo a los pozos subterráneos pese a la existencia de piezómetros.
La politiquería también es otra causa. Cómo es que un ex secretario de Obras e Infraestructura y hermano del parlamentario Julio Gallardo, o un ex presidente de la Asamblea Departamental y otra media docena de particulares tienen concesión hace décadas para explotar aguas subterráneas para su comercialización?
Proactiva tampoco es que haya contribuido a la solución, porque nunca ha hecho más nada de lo que se le entregó en materia de infraestructura y lo que se ha ejecutado últimamente corresponde a recursos del Plan Departamental de Aguas que financian la Nación y el Ente Territorial.
Razón tiene el ex diputado Carlos Bryan Uribe cuando advierte “que no se use la calamidad para salvar financieramente las arcas de Proactiva, ante su incapacidad demostrada portamos en manejo de los sistemas de acueducto y alcantarillado este contrato no aguanta un otro si más, hay es que aplicar las sanciones. Gobernador usted es el interventor del contrato y por lo tanto tiene las herramientas para ajustar”.
Claro que la dirigencia política tampoco es menos culpable. Años y años de falta de acueducto, la corrupción que se lo ha robado y se lo seguirá robando y el manejo político de las empresas y contratistas del Plan Maestro de Acueducto tienen quizás la cuota más alta de responsabilidad. Cuando aterrizó Proactiva en San Andrés, el ahora representante liberal Jack Housni Jaller ofició como padrino de esa empresa y hasta se anunciaba como miembro de su Junta Directiva. Ahora, irónica y lamentablemente, a su hermano gobernador le estalló la “papa caliente” en las manos.
En opinión del ex secretario de gabinete y ex candidato por Providencia, Bartolomé Taylor Jay “muchos dirigentes en San Andrés acaban de descubrir que el agua en San Andrés se acabó, mientras ellos disfrutan y malgastan el preciado líquido desde la comodidad de sus casas el pueblo ancestral y otros residentes padecen por la falta de control y planificación. Ahora dicen que Proactiva según contrato no estaba obligada a suministrar agua todos los días, que tristeza, seguramente los hoteles no tienen problemas, a esos derrochones son los que hay que cortarles el chorro.”
Pero más que cortarle el chorro a la hotelería que es la principal cadena productiva del Departamento, hay es que controlárselo. Hay que promover en la hotelería más uso de plantas desalinizadoras que de abastecimiento por carro tanques que la extraen de pozos subterráneos. Realmente se debe crear la cultura absoluta de la desalinización y como fuente el agua de ese inmenso mar que aún queda, a pesar de la pérdida de los 75 mil kilómetros entregados a Nicaragua por la CIJ.
Esperemos que el Gobierno para sacar pecho no solo se quede en los pañitos de agua tibia que no resuelven mucho y que de paso armaron tremenda algarabía que le ha hecho bastante daño a la imagen del destino.
Lo que se debe hacer es una solución definitiva: una mega planta desalinizadora para resolver la problemática y empezar por implantar una verdadera política poblacional de reducción del tamaño de la población. El gobernador Ronald Housni en declaraciones a la prensa nacional le exigió al Gobierno 150 millones de dólares para construir una gran desalinizadora.
Otro aspecto que no se puede perder de vista y que debe dejar de mirarse como una actitud xenófoba de los Raizales, y que objetivamente resulta más que evidente es una de las causales del agotamiento de los recursos naturales; la sobrepoblación.
El concepto de superpoblación en palabras del Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio, Alain Manjarrez Flórez, “se basa en el principio de que todo territorio tiene una determinada capacidad de carga, la que viene determinada por la cantidad de recursos disponibles, y por la tasa de renovación de éstos. La población de cualquier especie alcanzará su nivel óptimo cuando ésta sea igual a la capacidad de carga. Si la población aumenta por sobre la capacidad de carga, habrá sobrepoblación, y por consiguiente los recursos no alcanzarán para todos los habitantes.” Ya sobre tales aspectos la misma Corte Constitucional había advertido en la Sentencia C-530 que declaró la constitucionalidad de la Oficina de la Control de Circulación y Residencia, Occre. Otra cosa es que esa entidad en dos décadas no funcionó como correspondía, la capturó la corrupción y la actual administración la está sacando de esa postración y está funcionando en el control de esa sobrepoblación.
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