La reacción casi salida de la ropa de la abogada Ligia Rojas Lobo (de Gallardo), una de las más exitosas togadas en el trámite de procesos de pertenencia en las islas (prescripción adquisitiva o usucapión, en lenguaje técnico jurídico), quien se vino lanza en ristre contra este rotativo, tras la publicación en nuestras plataformas digitales (web y redes sociales) de las arengas que gritaban mujeres que se oponían al desalojo de dos inmuebles en la avenida 20 de julio con Proveedoras, es apenas una sola evidencia de los cientos de pleitos, litigios y conflictos que desde la década de los sesenta se viven en las islas por disputas por la posesión y titulación de predios, en los que los lugareños poco a poco han ido perdiendo parte de su territorio.
Que en una misma zona se hayan llevado a cabo dos procedimientos reivindicatorios de inmueble, para la misma demandante, en un mismo día y con la presencia de la mencionada abogada en uno de ellos, exacerbó los ánimos de algunos protestantes que asociaron el asunto con todo un historial de juicios de pertenencia y otros antecedentes donde ella y familiares suyos han sido activos protagonistas y que hacen parte del imaginario colectivo de esta región.
En su reacción contra The Archipiélago Press la prestigiosa togada aseguró que se trataba de una “falsa noticia parcializada, temeraria y de mala fe que violenta el principio Constitucional del Art.20 que obliga a informar veraz e imparcialmente, como derecho fundamental. (…) la diligencia de la esquina 20 de julio/ Av Boyacá apoderada la suscrita, cumplía con el ejercicio legítimo de mi profesión. Se trató de una sentencia reivindicatoria confirmada en audiencia el 27 de Enero (…) Lamentable que se lancen improperios contra Jueces y Abogada, y más arengas políticas. Ello es Insulso.”
En algunos aspectos de su reacción la abogada Rojas Lobo tiene razón en cuanto a la ritualidad y procedimientos que corresponden a estos casos y que se estaban cumpliendo con apego a los mandatos de los jueces, magistrados y quienes cumplen funciones policivas.
Pero de ahí a aceptar su posición de que los medios de comunicación no podemos cubrir una protesta donde la gente grita y arenga sus expresiones por más que ellas no estén amparadas en un fallo judicial, se equivoca. Cada quien tiene derecho a contar su propia verdad, la verdad real, no solo la verdad procesal, que muchas veces ni siquiera es consonante con la verdad que vive la gente de carne y hueso. La abogada puede tener de su lado las sentencias judiciales que le amparan su legítimo procedimiento, pero la gente tiene derecho a contar su historia, y los medios de comunicación a permitir que la cuenten, y por supuesto a contrastarla con las partes, como oportunamente lo contó el abogado José Manuel Gnecco Valencia, mientras ella daba la espalda a las denuncias que hacia la comunidad que protestaba y que las cámaras de este rotativo enfocaban.
Lo que ocurre es que el problema de la propiedad de la tierra en San Andrés pasa por antecedentes históricos que de acuerdo a lo que se ha documentado, pasa por decisiones políticas que se tomaron en el siglo pasado, desde el relleno de cuerpos de agua y costas para ganar territorio, la destrucción de los archivos catastrales e inmobiliarios en el criminal incendio del Palacio de Gobierno en 1965, la expedición de normas sumarias para la retitulacion de predios, y la consecuente explosión de demandas de pertenencia que terminaron por alterar la propiedad original de la tierra, y donde tanto su familia como ella han tenido un papel protagónico muy activo y controversial, le pasan factura a éstos y en el imaginario colectivo sale a relucir el tema de las responsabilidades que les achacan en la perdida de propiedad de muchos lugareños. Entonces se politiza el tema, pero porque el origen del problema es político y los protagonistas principales también son políticos.
Más allá de la legalidad de sus actuaciones, sentencias y procesos, el imaginario colectivo siempre revivirá el juicio histórico que aún no han respondido los principales protagonistas de la perdida de la propiedad, pero que responden con arrogancia, con el ímpetu de su poder político y económico que ha pisoteado derechos de muchas personas, como se declara la señora Karito Jimenez: (…) Despojo a Familias que por más de 30 años han poseído el inmueble, no es temerario lo que hacemos , estamos defendiendo nuestros derechos a la propiedad, al trabajo y a la vida…”
POSTDATA: A propósito del tema de la propiedad de la tierra, para la poderosa familia Gallardo es fundamental la elección de Nicolás Gallardo Vásquez porque mientras el actual Gobierno dilata el trámite de restitución de la Marina de Toninos al Departamento ordenada por la Dimar y avalada por Juzgados que negaron sendas tutelas de sus ocupantes que buscaban la revocatoria de tal orden, corresponderá al próximo gobernador ejecutar tales ordenes, y si ganan cuatro años en el Coral Palace, se dilatara dicho proceso, quedando convertido ese predio en el Club de Playa privado que ofrece el hotel Sirenis que construye el Clan Gallardo en asocio con el esposo de la vicepresidente de la República, Martha Lucia Rañirez, a través de la firma Hitos Urbanos.
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