En diciembre pasado en marco de un evento del Consejo de Estado en San Andrés sobre la actividad de la jurisdicción contencioso administrativa en el archipiélago la procuradora judicial ambiental y agraria, Sara Esther Pechthalt, quien ha liderado la protección y defensa del medio ambiente insular, hizo el lanzamiento de un libro escrito a cuatro manos con Oscar Darío Amaya Navas, Ángela María Amaya Arias y Juliana Hurtado Rassi, a través de la editorial Amaya, titulado «La protección judicial del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en materia ambiental»
El libro compendia una serie de fallos judiciales que ha impetrado la procuradora Pechtalt y que han logrado una genuina protección del medio ambiente de las islas en temas de exploración y explotación de hidrocarburos, pesca, vertimientos de aguas servidas, etc. y cuyas decisiones de la jurisdicción de lo contencioso-administrativa han incidido en la formulación de las políticas públicas sostenibles del Archipiélago.
En virtud de ello, The Archipiélago Press inicia la publicación de una serie de informes en los que recogeremos la totalidad de los fallos con sus implicaciones, a favor del medioambiente insular y de las comunidades del Archipiélago, no solo con el propósito de destacar el merecido reconocimiento que implica para la procuradora Pechtalt, sino además porque es necesario que este acerbo judicial sea conocido por la comunidad de las islas, a efectos de que pueda hacer efectiva la exigencia de sus derechos ambientales otorgados por los máximos tribunales de lo contencioso administrativo.
Los problemas de erosión costera y la ocupación de las playas en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
La erosión costera y la ocupación de playas en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina son dos desafíos críticos que ponen en riesgo el valioso equilibrio ecológico y socioeconómico de la región. Estos dos constituyen una amenaza significativa que desdibuja el paisaje natural de las islas, comprometiendo su futuro.
La erosión costera, si bien es un proceso natural caracterizado por el retroceso de la costa, ha sido drásticamente acelerada por factores antrópicos en el Archipiélago; principalmente asociados al cambio climático. Además, las actividades de extracción indiscriminada de arena para la construcción, el vertimiento inadecuado de aguas residuales y la construcción de infraestructura turística en zonas de alto riesgo rompen la dinámica natural de las playas. Como es evidente, esta problemática se entrelaza con la ocupación y urbanización de las zonas de retiro de playa, espacios vitales para la protección costera. Precisamente, las construcciones tanto formales como informales, no solo alteran la morfología de las playas, sino que también impiden su capacidad de respuesta frente al golpe de las olas, exacerbando aún más la erosión.
Las consecuencias de este fenómeno ya son evidentes, especialmente en la isla de San Andrés, tal como lo ha señalado el Informe Técnico Final de la Erosión Costera en San Andrés (INVEMAR-GEO, 2015). El informe refiere que el desarrollo urbano de San Andrés en los últimos 50 años ocasionó cambios importantes originados fundamentalmente por la extracción de arenas y dragados para obras civiles, así como el relleno artificial de humedales y zonas someras; igualmente contribuyó la construcción de espolones y demás estructuras defensivas. (Carreño Corpus, 2023).
Playas emblemáticas como Spratt Bight, el principal atractivo turístico, han visto una reducción significativa de su ancho, perdiendo arena a un ritmo alarmante. Esta pérdida no solo deteriora la imagen turística de la isla, afectando la economía local, sino que también amenaza infraestructuras críticas, viviendas y ecosistemas.
La erosión y la sedimentación comprometen la salud de los manglares, pastos marinos y arrecifes de coral, todos estos ecosistemas vitales para la protección costera y la biodiversidad marina. Por ejemplo, según el citado informe, la construcción de casas, muelles, vías e infraestructura de servicios y para el turismo, sirvió de obstáculo para la libre circulación de los sedimentos, favoreciendo la contaminación de las playas y del medio marino, con consecuencias graves sobre las barreras de coral, cuya cobertura disminuyó en un 30% aproximadamente, con la consiguiente disminución de los sedimentos que alimentan las playas. (Carreño Corpus, 2023).
Protección jurisprudencial
En la sentencia del 18 de septiembre de 20033, el Tribunal Administrativo del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina analizó el problema de la erosión costera en las playas Sprath Bight, Sound Bay y San Luis en la isla de San Andrés. En aquella ocasión identificó como uno de los factores antrópicos determinantes en la erosión de la isla la destrucción de ecosistemas de manglares para la construcción de kioscos y carpas destinadas a la actividad turística.
La mayoría de las órdenes del Tribunal fueron confirmadas posteriormente por la Sección Primera del Consejo de Estado al resolver el recurso de apelación, en razón a que se probó que «en las playas de la isla especialmente en Sprath Bight, Sound Bay y San Luis, de acuerdo con los estudios realizados no debe haber ningún tipo de construcciones».
En este caso, existió una intervención judicial en la actividad de la administración. A partir de ello, se promovió el desarrollo de la investigación científica sobre los factores de erosión costera en la isla, su desarrollo, las medidas de prevención y adaptación requeridas, y la armonización entre la estructura turística y el medio ambiente.
Avances en el cumplimiento de las decisiones judiciales
Para dar una solución efectiva a los problemas de erosión costera y ocupación de playas en la Isla de San Andrés debe formularse una política pública específica sobre este asunto.
Las órdenes del Tribunal Administrativo del Archipiélago, posteriormente confirmadas por el Consejo de Estado, fijaron unos lineamientos sobre los cuales urgía el desarrollo de acciones concretas tendientes a proteger y conservar las playas de la isla de San Andrés en relación con las afectaciones generadas por la erosión costera y su ocupación ilegal. El incumplimiento de esta decisión judicial por parte de algunas entidades propició que se promovieran dos incidentes de desacato, que se resolvieron imponiendo multas:
• En el 2006 a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (CORALINA) y a la Dirección General Marítima del Ministerio de Defensa de Colombia (DIMAR).
• En el 2007 se extendió al Departamento Archipiélago, dada la evidente desatención de esta Providencia.
De igual forma, en el 2012 el mismo Tribunal Administrativo del Departamento inició de oficio un nuevo incidente de desacato con fundamento en los informes rendidos por las partes que conforman el Comité de Verificación de la acción popular de la referencia, los cuales demostraban un presunto incumplimiento de las obligaciones impuestas a los accionados en la sentencia. Este culminó declarando en desacato al Departamento Archipiélago, condenando al pago de una multa equivalente a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales.
En este sentido, se puede mencionar que lo ordenado en relación con la promoción de programas de investigación, educación ambiental, control, regulación del uso sostenible y recuperación de las playas sólo podrá cumplirse a cabalidad mediante la implementación de políticas públicas que involucren a todas las entidades que inciden y tienen obligaciones legales para lograr la efectiva protección de estas áreas estratégicas, la unión de esfuerzos para implementar un eficiente esquema de gestión y administración de playas turísticas en la isla de San Andrés, que conlleve a la protección del ecosistema y a la adecuación de playas tendiente a la obtención de una certificación reconocida nacional o internacionalmente, y se actualizó el estudio de capacidad de carga de la playa Sprat Bight, dentro del cual se establecieron criterios técnicos en su zonificación y ordenamiento, etc.
La adecuada gestión, protección, manejo y sostenibilidad de los espacios públicos en San Andrés continúa siendo un desafío mayúsculo que demanda la articulación institucional. Sin embargo, la conformación de comités y hojas de ruta en esta materia resulta ser un avance fundamental, que sin duda alguna contribuirá a la efectiva conservación de estas áreas que resultan estratégicas hacia el Archipiélago.
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