La Senadora Martha Peralta Epiayú, aparece relacionada en más de 50 contratos que entregó el condenado Olmedo López. Así lo evidencian los chats que investiga la Corte Suprema de Justicia que le tiene un dossier sobre su trasegar en la Unidad Nacional de Gestiòn del Riesgo de Desastre.
La Sala de Instrucción Penal de la Corte Suprema de Justicia tiene listo el dossier para ordenar la captura de la senadora del Pacto Histórico Martha Peralta Epieyú, a quien sus colegas le llaman ´la princesa wayúu´ por sus orígenes giuajiros.
Con 36 años de edad desde el comienzo de su gobierno ha sido uno de los más fieles ‘alfiles’ del presidente Gustavo Petro. Lo ha defendido en todos los escenarios, principalmente en las Comisiones del Senado y en la plenaria. Pero nada ha sido gratis. Casi siempre detrás de un apoyo importante que requiere el Gobierno, hay una contraprestación.
Ahora mismo, la señora Peralta está en el ojo del huracán por cuenta de la revelación de unos chats con el condenado Olmedo López, a quien consideran el artífice del robo y saqueo a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, donde se presentó el mayor caso de corrupción en la administración pública de los últimos tiempos.
LOS CHATS
Fue precisamente la emisora Blu Radio la que dio a conocer esta semana una serie de conversaciones entre la congresista oriunda de La Guajira y el ex director de esa entidad Olmedo López, en donde se evidencia que lo invitó a su oficina en junio de 2023 mientras avanzaba en la Comisión Séptima del Senado el tercer debate la reforma pensional.
De acuerdo con lo divulgado por esa emisora, las conversaciones, que hacían parte del proceso judicial contra López pero fueron desechados por la Fiscalía, dejarían en evidencia un posible tráfico de influencias.
Ahora bien. Para los investigadores de la Corte Suprema, la Fiscalía no debió pasar de agache ante los chats que tuvo en su poder. ´Son pruebas importantes y ahora están en nuestro poder´, dijeron.
La congresista acudió a lo más fácil para negar los chats y amenazar a la prensa: ´eso es una vulneración a su derecho a la defensa y a la presunción de inocencia´.
Agregó que «también constituye una grave violación al debido proceso, al pretender instrumentalizar la opinión pública con fines políticos y judiciales».
Y señaló: «El escenario legítimo y procesalmente válido para discutir estos asuntos es la Corte Suprema de Justicia, a la cual he concurrido siempre, de manera responsable, a través de mis abogados, para atender el desarrollo de la investigación. Por respeto a la justicia y a la alta Corporación, será allí donde presente las explicaciones correspondientes».
LAS INVESTIGACIONES Y SEÑALAMIENTOS DE ‘LUJOS’
El periódico El Tiempo dijo ayer que el caso de los chats es un capítulo más que acerca a la congresista nacida en Riohacha y que llegó en 2022 por primera vez al Congreso como una de las figuras más prometedoras de la bancada de Gobierno, al escándalo de la UNGRD, por el cual la Corte Suprema de Justicia ya le abrió investigación.
Según declaraciones de Olmedo López, exdirector de la Unidad y ahora testigo en el caso, la senadora habría intervenido para que se adjudicara un contrato de más de 2.210 millones de pesos a dos personas cercanas a ella.
Dicho convenio se destinó a la contratación de 7.500 horas de maquinaria amarilla y volquetas para la recuperación del municipio de Riohacha, en el departamento de La Guajira.
Además, ha sido implicada también en un escándalo relacionado con el presunto desvío de fondos destinados a ollas comunitarias en La Guajira. Aunque Peralta negó las acusaciones, argumentando ser víctima de persecución política, el incidente generó dudas sobre la gestión de recursos en proyectos sociales bajo su influencia.
Esos señalamientos han estado siempre unidos a críticas de sectores opositores al gobierno frente a su patrimonio, sus bienes y su estilo de vida que consideran “ostentoso” y “de millonaria”. Eso sucedió cuando el partido Cambio Radical cuestionó las vacaciones “de lujo” de la congresista en París, mientras “miles” en el país no tienen “acceso a medicinas”.
Polémicas aparte, la senadora del Pacto Histórico tiene también la obligación de presentar públicamente y ante las autoridades sus declaraciones de bienes, rentas, ingresos y conflictos de interés. En ellas está consignado lo que, ante las autoridades, manifestó tener como ingresos, rentas y propiedades.
Pese a que la ley dice que todos los funcionarios deben cargar su declaración de renta al momento de ingresar y periódicamente cada año mientras duren en el cargo, Peralta Epieyú cargó al sistema, el 31 de diciembre del año pasado, el formulario correspondiente al año 2022.
En él, se reporta que la actual congresista declaró un patrimonio líquido de 305 millones de pesos, derivados de restarle deudas por 360 millones a un patrimonio bruto total de 673 millones. El documento revela también ingresos brutos por 220 millones de pesos y deducciones por 22 millones, para una renta líquida de 197 millones de pesos.
SIETE PROPIEDADES
La congresista también hizo pública su declaración de bienes y rentas. De la información llama la atención que declaró tener a su nombre dos bienes inmuebles en Bogotá, uno por valor de 417 millones de pesos y otro tasado en 113 millones de pesos. Eso, sumado a un bien mueble reportado por 45 millones.
Sin embargo, al cotejar esta información con los datos que tiene el Índice de Propiedad de la Superintendencia de Notariado y Registro, se puede establecer que, bajo su nombre y cédula de ciudadanía hay más bienes de los reportados.
Las cifras de esa entidad dan cuenta de que bajo los datos de Peralta Epieyú aparecen siete inmuebles: tres en Bogotá, dos en Riohacha (La Guajira) y dos en Barranquilla (Atlántico). De todos ellos, cuatro están también registrados con los datos del esposo de la legisladora: Manuel Julián Molina Pérez.
Los tres bienes registrados en Bogotá, corresponden a viviendas en sectores residenciales de estrato alto en Bogotá. Uno de ellos está ubicado en el barrio El Quirinal, en cercanías al estadio Nemesio Camacho El Campín. Esta propiedad tiene al Molina Pérez como propietario también.
Otras dos propiedades a nombre de la legisladora están en el sector de Ciudad Salitre, barrio que en los últimos años se ha convertido en uno de los sectores de vivienda de estrato alto más reconocidos en la ciudad. Allí aparecen un apartamento en un lujoso conjunto residencial y otro identificado como “garaje 345”.
En Barranquilla, a nombre de ella y de su esposo aparece un apartamento en el lujoso conjunto Altamar Caribe, ubicado en la zona norte de Barranquilla. Allí los apartamentos, de acuerdo con la información de esa propiedad horizontal, tienen precios que comienzan en los 481 millones de pesos.
Al igual que en Bogotá, ante la Supernotariado también aparece un parqueadero a nombre de la pareja, ubicado en el primer piso de la edificación. Y en la Guajira aparecen dos propiedades: una ubicada en la calle 52 en Riohacha y un terreno en el sector de ‘El Control’, ubicado en el municipio de Monguí, a 45 minutos de la capital .
Fuente: HOY DIARIO DEL MAGDALENA.
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