Por estos días padres de familias, directivas docentes, organismos de control, contratistas y funcionarios del Gobierno estuvieron visitando el colegio Instituto Bolivariano Académico, por cuyas polémicas obras hoy están en la cárcel dos gobernantes y casi una docena de funcionarios y varios contratistas.
La visita buscaba dar el visto bueno para que los estudiantes que hace más de cinco años deben compartir hacinados en los salones de los colegios Antonio Nariño y San Antonio, pudieran regresar a las aulas del Alma Mater de San Andrés , pero por las fotografías que han filtrado padres de familia, el establecimiento educativo aún no está apto para recibir a los colegiales.
Y no obstante esta situación y los escándalos de corrupción que envuelven esa obra, a los dos últimos gobernates de las islas y a los contratistas que se encuentran encarcelados, en las últimas horas trascendió un documento correspondiente a un acto administrativo donde la secretaria de Infraestructura Ninotska Hudgson, debió revocar otro similar de octubre pasado donde se declaró el incumplimiento del contratista Consorcio Bolivariano 2013 por que su representante Mauricio Rodríguez Cotua, quién se encuentra detenido en la Cárcel Nueva Esperanza desde septiembre de 2018, no fue notificado oportunamente de la declaratoria de incumplimiento.
Aunque el acto administrativo es de enero de 2019 evidencia la improvisación de la administración que primero adopta una decisión que no notifica debida y oportunamente para que se ejerza el contradictorio y se interpongan los recursos de ley, y cuatro meses después debe revocarlo.
Además que dicho documento tampoco informa en qué fechas fueron interpuestos los recursos de ley por el representante legal del consorcio contratista y la aseguradora, para que en aras de la transparencia, se pueda saber si estos recursos se interpusieron dentro de los términos que la misma ley concede.
Por