En los últimos días y con ocasión de la conmemoración del primer año de la lectura del fallo de la Corte Internacional de Justicia, CIJ de La Haya que anunció la modificación de los límites marítimos de Colombia y Nicaragua en el Caribe, cercenándole y despojándole al archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina una tercera parte de su mar territorial, se han escuchado voces como las del expresidente Samper, la Canciller María Ángela Holguín y la analista de asuntos internacionales, Laura Gil expresar sus temores a una eventual guerra entre ambos países por la agudización del conflicto fronterizo por cuenta de esa decisión judicial, y la necesidad de acatar el fallo o celebrar un nuevo tratado con los sandinistas.
Es obvio que nadie quiere la guerra, y menos los habitantes de las islas que serían los directamente depositarios de todas las consecuencias de un escenario bélico, con un teatro de guerra en el Caribe; en nuestras propias narices.
Pero también es cierto que una Nación por miedo a la guerra ni puede abandonar a su suerte a sus conciudadanos, ni mucho menos darse el lujo de permitir que agentes externos abusen de ellos o lo que es peor que le despojen su territorio, máxime en una extensión tan grande como los 75 mil kilómetros cuadrados de mar territorial que le pertenecen al archipiélago y que sus anteriores generaciones le legaron a la nación colombiana con la esperanza de que la cuidara y preservara para sus venideras generaciones; es decir para sus hijos y los hijos de sus hijos.
El Estado colombiano no puede permitir que Rusia, por mucha potencia que sea, quiera hacer juegos de guerra en el Caribe, a favor de Nicaragua, mostrándonos sus feroces colmillos, exponiéndonos a sobrevuelos de espionaje, inteligencia o de amenaza nuclear militar, ni que ubique poderosos portaaviones o submarinos atómicos muy cerca de nosotros, porque ya en el pasado otras potencias han atacado con sevicia a las gentes de las islas como ocurrió con la Goleta Resolute, hundida durante la Segunda Guerra Mundial por submarinos nazis, matando gentes de las islas, y lo cual mereció una valiente actitud del Gobierno colombiano de entonces de declarar simbólicamente la guerra a Alemania.
Resultan muy cómodos los bogotanos en tratar de manejar las cosas a las maneras muy suyas, muy convenientes para sus elites políticas y sus pretendidas muestras de diplomacia y respeto al derecho internacional, sin tomar en cuenta la opinión de los directamente afectados. Ellos se equivocan en creer y pretender que el mar es o era de Colombia. El mar es, ha sido y tiene que seguir siendo para las actuales y futuras generaciones de los sanandresanos y providéncianos.
No puede tomarse ninguna decisión o no puede negociarse ningún tratado sin consultar a las comunidades del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Y los primeros o únicos consultados deben ser las comunidades de base, los pescadores, los nativos, los raizales y no los burócratas ocasionales o políticos de turno y profesión que se valen de estas circunstancias para sacar provecho personal como ha ocurrido en la actual tragedia del fallo de La Haya, donde unos cuantos burócratas han aprovechado para ganar posiciones políticas dentro del Estado que en otras circunstancias nunca se las habría otorgado. El estado no puede seguir promoviendo la “compra de conciencias” con puestos de trabajo, con subsidios, lisonjas o dadivas a los habitantes de las islas para neutralizar las exigencias de la comunidad que clama por la recuperación de su mar y por el desacato del espurio fallo de la CIJ.
Y si el camino para defender a los isleños de las agresiones, abusos, pretensiones y despojos territoriales de agentes o países externos es la guerra, el Estado debe tener la preparación para enfrentar sus enemigos. A la postre es no solo un acto de lealtad de un padre que debe proteger a sus hijos, si no una deuda con los sanandresanos que en los años 30 valientemente se fueron hasta el sur del país a pelear con el Perú en defensa de una muy mínima porción de tierra que los Incas pretendían arrebatarle a Colombia.
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