Denuncian que menor está separado de su progenitor porque la madre no tiene residencia. Aun cuando este ciudadano denuncia que se le están violando los derechos a su familia de estar unida, tanto la Oficina de Circulación y Residencia con la justicia ordinaria a la que apeló le negaron los derechos invocados por cuanto no cumple estrictamente los requisitos legales para la residencia en el territorio insular.
Con este son varios los casos que se han presentado en el Archipiélago donde residentes de la isla que se unen o conviven con personas del continente y cuando desean radicarse con su conyugue en la isla no les es fácil debido al control poblacional que existe y que obligatoriamente deben cumplir éstos.
Muchos de estos casos son producto de la confusión de los reclamantes que creen adquirir derechos transmitidos por los hijos, debido a que al nacer en el territorio insular obtienen derechos. La ley no funciona de esta manera en Colombia por que los derechos son transmitidos de padres a hijos y no a la inversa, y es donde muchos creen gozar de tales derechos. Otros casos tienen que ver con los derechos a residencia que adquieren quienes se casan con un residente legalmente establecido en la isla y que si tiene derechos adquiridos para permanecer en el territorio insular con su familia, llenando una serie de requisitos exigidos por el ente de control, y con algunas limitaciones hasta tanto no se le conceda la residencia definitiva, sobre todo en materia laboral.
Mauricio Hernández es uno de esos ciudadanos que dice estar afectado por la rigurosidad de los controles migratorios y que a pesar de considerar que su cónyuge tiene derecho, no le está siendo reconocido ni por la autoridad migratoria ni por la justicia que parece darle la razón a la Oficina de la Occre. Afirma sentirse desesperado sin saber que hacer porque siente que están desintegrando su familia, es decir que el organismo de control poblacional Occre lo separó desde el pasado 8 de mayo del presente año de su esposa y su hijo.
“Es complicada la situación porque llevo meses sin verlos, mi familia está a punto de colapsar por completo”, asegura. Hernández interpuso una acción de tutela para solicitar que se valiera el derecho a la familia puesto que su hijo es nacido en la isla y él tiene la residencia desde niño que fue traído por sus padres pero su esposa que es de la ciudad de Cartagena hasta el momento no tenía su residencia insular.
Pero a pesar de fundamentar el derecho a la familia el juez falló en contra de Mauricio Hernández y su esposa negándole la residencia y la entrada a la isla de San Andrés. “No sé en qué se basó el juez, ni se bajó que parámetros tomaron las decisiones, lo que hizo fue aumentarnos el desespero porque era como la única medida para poder tener la oportunidad de seguir en la isla con mi esposa y mi hijo”.
Hernández dice que toda la vida ha residido en el Archipiélago, quien se preparó profesionalmente y regreso después de sus estudios a ofrecer su conocimiento, “es triste saber que me están negando el derecho a la familia es bastante complicado”.
A pesar de todos los controles poblacionales el Archipiélago ha ido aumentado considerablemente su densidad demográfica, lo que hoy día está generando un problema para el ente de control territorial quien está realizando su labor en estricto apego a la Ley, expulsando a toda persona que no tenga su documentación en regla y con lo cual se percibe que por primera vez en más de 20 años, por fin empiezan a funcionar los controles migratorios para los que fue creado, y los ciudadanos que sienten que se les vulneran sus derechos han apelado a la justicia y en algunas ocasiones se les reconocen tales derechos y en otras ocasiones no.
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