Desde marchas de protesta, acciones populares, movilizaciones sociales, denuncias en la prensa nacional y revisión a los tramites de consulta popular y de licencias ambientales han venido realizando líderes sociales, reputados abogados y ciudadanos del común del Departamento para impedir la ejecución del proyecto de expansión del aeropuerto El Embrujo que puede constituirse en un daño ambiental a las áreas mismas del parque natural Lagoon McBean, y una puerta a la sobrepoblación y el progreso depredador, al posibilitar la llegada de grandes aeronaves directamente desde cualquier lugar de Colombia o el exterior.
“La expansión del aeropuerto de la isla de Providencia que sirve también a Santa Catalina no puede ser tomada como algo de poca trascendencia más allá de los impactos negativos que en todos los aspectos pudieran afectarla. Todo lo contrario: se trata del proyecto de mayor envergadura que se desarrolla luego de la construcción del aeropuerto hace ya más de 40 años”, advierte el exgobernador y abogado Álvaro Archbold Núñez, quien denuncia que el proyecto de expansión, silencioso y mal concebido desde el principio por las autoridades del gobierno nacional, está dividiendo como el plebiscito a la comunidad de ambas islas. La forma como los funcionarios del Estado manejaron el proyecto desde la etapa del diseño, hasta su implementación, pasando por encima y burlándose de los acuerdos convenidos, demuestra una gran perversidad en los operadores gubernamentales, y la decisión de llevar a cabo como sea un megaproyecto que aún no se sabe cuán grande será la magnitud de los impactos.
Según el togado, el acuerdo principal que es la realización de un Estudio de Capacidad de Carga previo la ejecución de las obras del “Embrujo”, aún no ha comenzado, y va en contravía del principio constitucional y legal de precaución adelantar unas obras sin siquiera saber cuál es la capacidad que ostentan los territorios y sus habitantes así como sus posibilidades de supervivencia frente al embate que les espera.
No se sabe quiénes serán los expertos en la materia que conducirán un estudio riguroso de carácter científico y técnico; sus altas calidades académicas y su respaldo en la experiencia en un tema tan complejo, tratándose de un territorio insular en medio del océano, con un espacio limitado a 17 kilómetros, donde conviven aproximadamente 5.000 habitantes.
“Frente a las decisiones adoptadas por las altas autoridades del gobierno colombiano, no existía otro mecanismo dentro del empoderamiento de la comunidad, que el de poner en movimiento el aparato judicial a través de las acciones populares como mecanismo de participación que pretende la participación de los ciudadanos,- sin importar cuántos, puesto que uno solo es suficiente – para solicitar hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración y el agravio sobre los derechos e intereses colectivos”, concluye Archbold Nuñez.
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