Juan Manuel Santos Calderón toma posesión para su segundo mandato el próximo jueves 7 de agosto de 2014, dejando como legado de su Gobierno un proceso de Paz en medio de la más feroz y cruenta guerra contra el pueblo colombiano, su infraestructura vial, petrolera y eléctrica, el minado del campo y el reclutamiento de menores.
Proceso de paz que era la única obra de Gobierno que tenía para mostrar Santos y con el que manipuló al electorado para que lo premiara con el favor popular para gobernar otros cuatro años más hasta el 2018, pero sin mayores resultados hasta ahora que la cruenta guerra y la alta posibilidad de impunidad de los crímenes de los cabecillas de la guerrilla con posibilidad de elegibilidad política.
En materia ambiental el panorama no puede ser peor, sequía en los alrededores de la Península Guajira donde la población muere de hambre, lo mismo que en el Guaviare, donde además de los animales que han muerto en manadas, la población padece de sed por cuenta de la sobre explotación de los recursos hídricos para su uso en la industria petrolera que no le revierte a esos departamentos sus regalías como corresponde.
Asociado al tema ambiental está el de la atención de riesgos y desastres donde poblados enteros que desaparecieron del mapa durante el Gobierno Santos como el caso de Gramalote, no han sido levantados pese a que el Gobierno recibió miles de millones de pesos de la solidaridad nacional a través de Colombia Humanitaria para su reconstrucción tras las fallas geológicas y de los pueblos del Sur del Atlántico que aún no terminan de padecer las consecuencias de las inundaciones del Canal del Dique.
El balance social es peor: que en pleno siglo 21 mueran por hambre los niños de las comunidades aborígenes de La Guajira, más que una tragedia humanitaria es una vergüenza gubernamental. En el solo Gobierno de Santos han muerto más de 2 mil niños de inanición.
En materia política, el Gobierno ha sido negligente para sacar adelante en el Congreso y de manera seria, las reformas a la justicia, al sistema electoral y a la salud, las cuales son necesarias, y a pesar de tener bien aceitada la maquinaria política corrupta con abundante mermelada, solo ha servido para sacar avante los proyectos que solo interesa al Gobierno pero que no responde a las necesidades del pueblo.
Pero lo que es peor es que el gran fracaso de la diplomática nacional que causó la pérdida de 72 mil kilómetros de nuestro mar territorial del archipiélago de San Andrés y Providencia, que pasaran a Nicaragua con toda y su riqueza pesquera, biodiversa y petrolera, del que además se deriva a una gran deuda social y moral del Estado para con las islas y sus gentes, que se suponía sería saldada con creces y pidiéndole perdón a sus habitantes, pero nuevamente no pasa de ser una promesa incumplida en la que el Estado se aprovechó para comprar conciencias mientras pasaba el efecto de indignación producido con el anuncio de la mutilación territorial.
Los anuncios de Santos para con las islas no pasaron de ser paños de aguas tibias, producto de unas políticas improvisadas del Estado, las cuales ni siquiera superaron el control constitucional del máximo tribunal colombiano y que por virtud de ello han quedado desfinanciadas hacia futuro, quedando convertidas en medidas de muy corto paso.
Ojala esa enorme deuda social sea saldada en este nuevo periodo gubernamental, porque realmente, el reelecto presidente, no merecía una segunda oportunidad que le ha sido regalada y que deberá aprovechar para hacer lo que no hizo en su primer mandato.
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